Los productores azucareros de Argentina acusaron hoy al gobierno de ignorar en la última cumbre del Mercosur la ley que impone al azúcar de Brasil un arancel de país extrabloque hasta que se eliminen sus elevados subsidios.
Los cancilleres Guido di Tella, de Argentina, y Luiz Felipe Lampreia, de Brasil, acordaron en la cumbre celebrada en Río de Janeiro la semana pasada "tomar todos los pasos legales y administrativos necesarios" para rebajar 10 por ciento el arancel de 23 por ciento sobre el azúcar.
Un estudio realizado en Argentina reveló que el programa brasileño Proalcool gasta unos 3.000 millones de dólares anuales en subvenciones a la producción de alcohol de caña para combustible, lo cual estimula indirectamente la elaboración de azúcar hasta convertir al país en primer exportador del mundo.
Desde que comenzó a aplicarse el programa Proalcool en 1975, con miras a reemplazar el petróleo por alcohol, la producción de azúcar brasileña pasó de 68 millones a 300 millones de toneladas anuales.
Brasil es hoy el país que más azúcar vende al mercado mundial y uno de los principales productores junto con India y la Unión Europea.
Desde 1994, los productores argentinos, con un volumen menor a dos millones de toneladas de producción anual, reclaman al gobierno que presione a Brasil para que elimine los subsidios al azúcar.
El sector sufrió en Argentina un proceso de crisis que obligó a la industria a modernizarse y hoy, sin subsidios, Argentina es un productor eficiente, según los expertos.
"El acta de Río de Janeiro le dio a Brasil una preferencia al permitirle la rebaja de 10 por ciento en el arancel, ignorando así a los otros dos países que integran el bloque, pues Uruguay y Paraguay no fueron parte del entendimiento", dijo a IPS Jorge Zorreguieta, del Centro Azucarero Argentino.
"Además, se ignoró la ley vigente en este país", añadió Zorreguieta.
Los productores consiguieron que el Congreso legislativo votara en 1997 una ley que grava con 23 por ciento de arancel promedio el azúcar procedente de Brasil.
El Poder Ejecutivo vetó la norma, pero dos tercios de ambas cámaras insistieron en sancionarla en los mismos términos, por lo que tiene hoy plena vigencia, con el acuerdo de los productores.
Los funcionarios que integran el Comité de Expertos en el área se reunieron en Rio de Janeiro cinco días antes de la cumbre que concluyó el viernes y allí Argentina desestimó los reclamos que hizo Brasil para que se aplique régimen de adecuación y pedir un resarcimiento económico.
Argentina sólo aceptó mantener el pedido de Brasil para que se derogue la ley que exige la conservación del arancel hasta que se eliminen las subvenciones en el país vecino.
No obstante, Di Tella y Lampreia firmaron un acta de entendimiento por la cual Argentina se comprometió a rebajar 10 por ciento, a 20,7 por ciento, el arancel que rige por ley mediante "todos los pasos legales y administrativos que sean necesarios".
Ese entendimiento preocupa a los empresarios, que temen por la continuidad de la norma.
El Poder Ejecutivo podría volver a pedir la reforma de la ley ante el Congreso, emitir un decreto de necesidad y urgencia que autorice la rebaja arancelaria o reclamar a la Corte Suprema de Justicia que declare la inconstitucionalidad de la ley, de manera de acceder a los planteos de Brasil.
Mediante el acta, los dos países que integran el Mercosur (Mercado Común del Sur) se comprometieron, además, a elaborar un cronograma de desgravación arancelaria que debe estar concluido en abril de 1999. Brasil pretende que en el 2001 el arancel externo común para el azúcar sea cero.
"Brasil está hoy en la mira internacional por el programa Proalcool", advirtió Zorreguieta.
A juicio del empresario, el programa provocó una crisis interna en Brasil que las autoridades procuran "exportar" al mercado internacional al que llegan con un enorme excedente de azúcar y de alcohol, con la consiguiente caída de los precios.
Para Zorreguieta, el acta suscrita en Río de Janeiro es un gesto de entendimiento bilateral que no puede neutralizar por sí el efecto de la ley que rige en Argentina, no obstante lo cual, dijo, gobiernos provinciales, legisladores, productores y trabajadores deben mantenerse alerta. (FIN/IPS/mv/mj/if/98
