Dirigentes religiosos de Jamaica se sumaron al debate sobre la pena capital vigente en este país del Caribe.
"Creo en la ejecución por colgamiento. Si uno destruye la vida de otro, debe pagar el precio más alto. No pido al Estado que base sus acciones en la Ley del Talión, pero hay circunstancias extremas que exigen acciones extremas de la sociedad", opinó el destacado sacerdote Oliver Daley.
"La vida es sagrada y pertenece sólo al Dios que la crea, la valora, la sostiene y que sacrificó a Cristo por su redención. La destrucción adrede de la vida humana es inaceptable", exclamó Neville Callum, integrante ejecutivo del Concejo de Iglesias de Jamaica (JCC).
El JCC es una organización que reúne a católicos, anglicanos, y metodistas, entre otras religiones.
Pero Callum precisó que incluso dentro del JCC es difícil llegar a un consenso sobre el tema. "Nuestras posiciones diversas sobre asuntos del espíritu impiden que opinemos en forma similar todo el tiempo", agregó.
El debate sobre la ejecución por colgamiento volvió al tapete en enero cuando el gobierno se retiró del protocolo opcional sobre la pena de muerte de la Convención de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El retiro entró en vigor cuando el Comité de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, ordenó el aplazamiento de la ejecución de varios presos condenados a muerte.
En mayo, el gobierno de Trinidad y Tobago también se retiró del protocolo opcional por la misma razón. Varios estados caribeños nunca firmaron el instrumento, entre ellos Bahamas, Belice, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nevis, y Santa Lucía.
La semana pasada, el gobierno jamaiquino anunció que considera retirarse de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, si el organismo no se limita a los seis meses de plazo máximo para fallar en los casos que le atañen.
La Comisión Interamericana revisa los casos de asesinato, luego de que estos fueron procesados por el Comité Judicial del Consejo Privado del Reino.
El Consejo Privado del Reino es un organismo de Gran Bretaña que actúa como máxima corte de apelaciones para la mayor parte de los países de la Comunidad Británica.
Si Jamaica se retira de la Comisión Interamericana, entonces habilitaría la reanudación de las ejecuciones de acuerdo con el límite de tiempo fijado por el Consejo Privado del Reino en un fallo de 1994.
Ese fallo, correspondiente al caso Pratt y Morgan, dictaminó que es castigo cruel e inhumano que los presos condenados a muerte deban esperar más de cinco años para ser ejecutados.
Earl Pratt e Ivan Morgan eran dos jamaiquinos condenados a muerte que pasaron 14 años en la cárcel sin que se cumplieran sus ejecuciones. El Consejo Privado del Reino conmutó sus sentencias a prisión perpetua.
La Comisión Interamericana debería haber fallado en julio sobre seis casos de jamaiquinos condenados a muerte, pero ahora anunció que quizá no tome una decisión hasta 1999.
Eso es "inaceptable", según el primer ministro Percival Patterson. La posición de la Comisión Interamericana demuestra una "falta de respeto por los intereses vitales de los estados miembros y pone en riesgo el sistema hemisférico de consultas sobre los derechos humanos", declaró.
Muchos argumentan que la pena capital sería un método efectivo de disuasión para los futuros asesinos en este país que en 1997 tuvo 1.038 asesinatos y 878 en lo que va de este año.
Purcell Brown, sacerdote de la Iglesia de Dios y los Santos de Cristo, asegura que "las sagradas escrituras son claras y que Dios aprueba la venganza contra los malhechores".
Richard Albert, sacerdote católico, discrepa. "No puedo concebir ninguna situación en que la pena de muerte esté justificada", manifestó. La última ejecución en Jamaica tuvo lugar en 1988.(FIN/IPS/tra-en/ln/cb/aq/hd/98
