El presidente de Guatemala, Alvaro Arzú, reiteró su llamado a celebrar el día 29 el segundo aniversario de los acuerdos de paz con un acto colectivo de perdón entre los bandos en pugna durante 36 años de guerra civil.
En la jornada denominada Gran Movimiento de Perdón "estaremos todos los que consideramos que tenemos algo de qué pedir perdón", insistió el mandatario la noche del lunes. "Quienes se consideren exentos de toda culpa no estarán presentes", agregó.
Arzú ya había hecho el mismo llamado hace una semana, generando polémica entre diversos sectores de la sociedad guatemalteca, en especial en las organizaciones de derechos humanos.
El ministro de Defensa, general Héctor Barrios, dijo que el Ejército de Guatemala estaría dispuesto como institución a pedir perdón por los excesos cometidos por sus efectivos contra la población civil no combatiente durante los 36 años de guerra interna.
Barrios llamó a todos los sectores del país a unirse a la iniciativa de Arzú, pero negó que el ejército sea el principal responsable de las violaciones de derechos humanos durante la guerra, como afirma el Proyecto Interdiocesano Recuperación de la Memoria Histórica (REHMI).
"Aquí no hay principales. Creo que actores (en el conflicto) hubo de todas partes del país y del extranjero. Yo más bien invitaría a todos los sectores del país para que se unan a la iniciativa del presidente Arzú", señaló.
El día 29 se cumplen dos años de la firma de la paz que puso fin a la guerra civil, que tuvo un saldo de 150.000 muertos, 50.000 desaparecidos, un millón de desplazados, 100.000 refugiados y 200.000 niños huérfanos.
Barrios consideró que la ex insurgente Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) también debe unirse a este esfuerzo y pedir perdón. "Creo que ellos ya tienen ese interés", dijo.
El ministro de Defensa consideró que a este acto de perdón también deberían unirse "los países que, de alguna manera, tuvieron que ver en forma negativa con el conflicto armado interno".
Jorge Ismael Soto, conocido durante la guerra interna como comandante Pablo Monsanto, ahora secretario general de la URNG, dijo que desde hace tres meses esa organización fue la primera en reconocer los excesos cometidos, "por lo que pedimos perdón a la población".
Arnoldo Noriega, miembro de la junta directiva de la URNG, hoy un partido político que competirá en las elecciones de 1999, señaló que "las fuerzas de seguridad deben reconocer que utilizaron una política de exterminio contra la población civil, como una forma de combatir a la guerrilla".
"Cuatrocientas masacres y muchos cementerios clandestinos no pueden ser consecuencias de excesos, sino de una política institucional con responsabilidades institucionales", dijo Noriega.
Mientras, el coordinador la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA), obispo Mario Ríos Montt, sostuvo que el perdón es importante y calificó de positivo el llamado de Arzú, pero preguntó "de qué perdón se trata".
El obispo, hermano del general Efraín Ríos Montt cuya dictadura fue acusada de numerosas masacres, agregó que la Iglesia Católica, en busca de la verdad fundamental para perdonar, impulsó el proyecto REMHI, pero, como respuesta, obtuvo el asesinato de su antecesor, el obispo Juan Gerardi.
Gerardi fue asesinado el 26 de abril, dos días después de presentar un exhaustivo informe titulado "Guatemala: nunca más", que atribuía al ejército 80 por ciento de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la guerra civil.
Siete meses después del asesinato del obispo, el crimen aún no ha sido esclarecido. Organizaciones de derechos humanos insisten en apuntar contra militares. El único detenido es el sacerdote Mario Orantes, quien compartía la residencia con Gerardi.
La acusación contra Orantes es considerada por la Iglesia un intento del Ejército por desprestigiar el informe del REHMI y a la Iglesia.
Entre los que rechazaron el llamado de Arzú al perdón figura el Grupo de Apoyo Mutuo, una organización que nuclea a familiares de detenidos-desaparecidos.
"El presidente Arzú está equivocado si pretende que avancemos hacia la reconciliación sobre la base del olvido y el perdón, porque mientras persista el dolor de la familia guatemalteca será imposible construir una democracia", dijo Mario Polanco, dirigente del GAM.
La Fundación Myrna Mack, que lleva el nombre de la antropóloga asesinada por miembros del Ejército en 1990, consideró el pedido presidencial un paso adelante en el cumplimiento de los acuerdos de paz, pero dejó claro que el perdón sólo es un paso y que después tiene que venir la justicia y el resarcimiento.
Rosalina Tuyuc, dirigente indígena de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala y diputada por el izquierdista Frente Democrático Nueva Guatemala, también opinó que, a estas alturas, el perdón es imposible.
"¿A quién vamos a perdonar si el Ejército insiste en defender a los autores de las grandes masacres?", mientras los asesinos de los familiares siguen siendo desconocidos, insistió.
La convocatoria de Arzú para el día 29 encontró resistencia en algunos sectores, en especial entre los más afectados por el conflicto que claman por justicia antes de perdonar, una señal de que las heridas aún no han cicatrizado. (FIN/IPS/cz/mj/ip hd/98
