El gobierno de España aprobó hoy un polémico indulto parcial para un ex ministro y otros nueve condenados a prisión por participar en la "guerra sucia" contra los independentistas vascos durante el gobierno del socialista Felipe González (1983-1996).
José Barrionuevo, ex titular del Interior, y otros 11 antiguos funcionarios de los organismos de seguridad fueron condenados a principios de este año por el secuestro en Francia en diciembre de 1983 de Segundo Marey, a quien confundieron con un dirigente de la organización ilegal ETA.
Los 10 sentenciados favorecidos por el indulto parcial podrán salir de la prisión los sábados y domingos y, si muestran un contrato de trabajo, los días de semana durante el día.
Uno de los condenados, el ex comisario José Amedo, comentó tras conocer la decisión del gobierno que todos deberán preparar su equipaje para volver pronto a la cárcel, aludiendo a otros procesos judiciales en marcha.
Amedo y Michel Domínguez habían realizado un trámite judicial previo y tenían ya el beneficio de cumplir la pena en su domicilio. Por eso no lo alcanzó el indulto.
El secuestro de Marey fue uno de los más de 40 actos delictivos perpetrados desde el Ministerio del Interior, que provocaron 28 muertes entre 1983 y 1986 y que fueron reivindicados por los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL).
Barrionuevo y el también condenado y ahora indultado parcialmente José Vera, ex secretario de Estado de Seguridad, figuran en otros sumarios relacionados con su desempeño en la administración de González.
Se los investiga por el uso irregular de fondos reservados, la manipulación de pruebas para ocultar el asesinato de la etarra Lucía Urigoitia y el secuestro, tortura y asesinato de los jóvenes vascos Mikel Lasa y José María Zabala.
Una condena en cualquiera de esos juicios les haría perder el beneficio obtenido este miércoles.
La reacción ante el indulto fue dispar. La principal fuerza de oposición, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), al que pertenecen Vera y Barrionuevo, reclamó que el indulto sea total y no parcial.
El portavoz del PSOE, Alberto Pérez Rubalcaba, dijo que el gobierno debe "hacer algo" para que los condenados no tengan que volver a la prisión.
La tercera fuerza política, la coalición Izquierda Unida (IU, basada en el Partido Comunista), señaló que la medida del gobierno demuestra una actitud parcial y la discriminación de otros reclusos.
Pero las principales críticas llegaron desde el País Vasco y desde el diario El Mundo, una publicación que se caracterizó por su apoyo a la campaña electoral que llevó al gobierno al centroderechista José María Aznar.
Para los nacionalistas moderados, que gobiernan en el País Vasco, la medida demuestra "una doble vara de medir".
El portavoz del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Iñaki Anasagasti, afirmó que no se entiende que se indulte a los secuestradores de Marey y se mantenga en la cárcel a dirigentes del nacionalismo radical por haber transmitido un vídeo de ETA en un espacio electoral de la televisión pública.
Anasagasti recordó que esta semana salió de la cárcel un preso de ETA, pero tras cumplir 20 años de prisión. Por ello, se preguntó "si hay delitos de primera y de segunda, secuestros buenos y secuestros malos".
El gobierno se basó en una recomendación del Tribunal Supremo de Justicia, el mismo que en su día dictó la condena. Según el Tribunal, los autores del secuestro "no actuaron con fines de carácter personal o egoísta".
Además, las actividades del Gal cesaron en 1986, "cuando aún persistía el terrorismo de ETA, frente al cual se creó", añadió el Tribunal.
Marey y como la acusación popular que intervino en el proceso, se opusieron en su día a que se concediera el indulto. Entre otras cosas, porque Barrionuevo y Vera se negaron a manifestar arrepentimiento por los delitos cometidos, que tampoco reconocieron.
El Mundo señaló este miércoles, en previsión del indulto, que el acto constituye un agravio comparativo para miles de presos condenados a penas inferiores y que, no obstante, se ven obligados a permanecer muchos años en la cárcel.
El director de opinión de El Mundo, Javier Ortiz, sostuvo que Aznar firmó una resolución a sabiendas de que es injusta, "por pura cobardía" y que por ello "está contribuyendo a labrar su propia ruina".
La ruina política de Aznar, añadió, "es lo único positivo que tiene la infame decisión". (FIN/IPS/td/ff/ip/98
