El juez español Baltasar Garzón dictó hoy auto de procesamiento contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet y ratificó la orden de prisión preventiva dictada el 16 de octubre y cumplida ese mismo día en Londres.
Garzón detalló en 285 páginas las razones por las cuales imputa a Pinochet los delitos de genocidio, torturas y terrorismo, y envió un escrito a la justicia de Gran Bretaña para que notifique el procesamiento al acusado, aún detenido allí.
El juez consideró que la dictadura de Pinochet (1973-1990) diseñó y llevó a cabo la eliminación de un sector de la población de Chile, coordinada y planificada "en sus más mínimos detalles". Garzón citó testimonios y pruebas documentales para fundamentar la imputación.
El ministro del Interior británico, Jack Straw, dictaminó el miércoles que Pinochet puede ser extraditado por terrorismo y torturas, pero no por genocidio, ya que aplicó la legislación de Gran Bretaña según la cual ese delito no es juzgable fuera de ese país.
El aval de Straw para proceder al juicio de extradición se basa en que el reo "es acusado en España por delitos equivalentes" a los de "intento de asesinato, conspiración para asesinar, tortura, conspiración para torturar, secuestro de rehenes y conspiración para secuestrar rehenes" en Gran Bretaña.
La resolución de Straw implica la apertura en Gran Bretaña de un juicio de extradición, cuyo primer acto se producirá este viernes. Pinochet fue citado a declarar ese día ante un juzgado en Londres.
El juez Garzón subrayó en el auto de procesamiento que Pinochet cometió los delitos de genocidio, terrorismo, secuestro y torturas.
Entre las víctimas, Garzón enumeró a 24 colaboradores de Salvador Allende, presidente constitucional derrocado por Pinochet en 1973, 20 alcaldes y concejales, 338 estudiantes, 92 funcionarios públicos, 16 intelectuales y artistas, 70 militares, 87 políticos, siete religiosos y 12 secretarias administrativas
Además, incluyó a 247 sindicalistas, 11 altos funcionarios del gobierno de Allende, 188 profesionales y casi 2.000 ciudadanos que no ocupaban ningún cargo político ni integraban sindicato u organización alguna.
Garzón también solicitó formalmente al gobierno de Estados Unidos que facilite documentación reservada en poder de varias de sus agencias sobre la Operación Cóndor, como se denominó a la coordinación represiva entre las dictaduras en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay en los años 70 y 80.
Por otro lado, la emisora privada de televisión Antena 3, de España, informó este jueves documentos del gobierno de Estados Unidos revelan que Pinochet encargó en Madrid el atentado contra el fundador de la Democracia Cristiana chilena Bernardo Leighton, perpetrado en Roma en 1977.
Leighton y su esposa recibieron sendos balazos en la frente y el cuello, respectivamente, pero sobrevivieron.
El documento en cuestión es una carta que la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) requisó a Michael Townley, mercenario contratado por la policía política chilena para asesinar en Washington al ex canciller chileno Orlando Letelier y a su secretaria, Ronni Moffit, en 1976.
En la carta, Townley reveló que Pinochet aprovechó su estancia en Madrid en noviembre de 1975, cuando asistió al funeral del dictador Francisco Franco, para entrevistar a otro mercenario, el italiano Stéfano delle Chiaie, a quien encargó el atentado.
El matutino madrileño El País recordó este jueves que en 1986 publicó testimonios según los cuales la policía secreta chilena encargó a neofascistas italianos residentes en España el asesinato de Leighton.
El "terrorista negro" Aldo Tisei confesó durante un proceso en Italia que los servicios secretos españoles de la época comunicaron a cómplices suyos residentes en España que oficiales de la policía secreta chilena deseaban proponerles "un asunto" a cambio de armas y dinero, según El País. (FIN/IPS/td/mj/ip hd/98
