Las omisiones cometidas en la redacción de la ley penal estrenada en El Salvador el 20 de abril ha causado pérdidas millonarias a este país centroamericano, según empresarios locales, convencidos de que la nueva legislación favorece la delincuencia.
Organizaciones empresariales y civiles han solicitado la modificación de algunos artículos de los códigos procesal y penal, que hicieron justicia con miles de presos sin condena.
El propósito era instaurar en El Salvador un sistema de aplicación de justicia más humano, con juicios orales y públicos, y eliminando los expedientes en espera de trámite en los tribunales.
En busca de la legislación más moderna posible, sus redactores crearon mecanismos alternativos para evitar que una persona vaya a prisión por causas menores. De esa forma, contemplaron el mecanismo de la conciliación entre víctima y agresor.
A la vez, eliminaron ciertos delitos, como el de compra y venta de objetos robados, o el robo de sumas de dinero inferiores a 500 colones (poco más de 50 dólares).
"Si en promedio la población salvadoreña gana entre mil y 1.300 colones (entre 120 y 130 dólares), ¿no le parece injusto que le puedan robar la mitad de su salario y ni siquiera sea delito para denunciarlo?", dijo a IPS el empresario David Gutiérrez, fundador del Movimiento Unidos contra la Delincencia.
"La violencia ha llegado en nuestro país a límites intolerables, por eso pretendemos que se modifique la legislación, no para endurecerla sino para adecuarla a nuestra realidad", afirmó Gutiérrez, quien dirige las campañas de recolección de armas por alimentos.
Según las estadísticas oficiales, en los últimos meses se han cometido 20 asesinatos diarios y seis delitos contra la propiedad por hora.
Al eliminarse el delito de compra y venta de objetos robados, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) calcula en unos 100 millones de dólares las pérdidas por mercadería robada sólo en 1998.
Según esta organización, en 1997, antes de que entrara en vigencia la nueva ley, el sector sufrió el robo de 50 furgones con mercadería por mes, mientras que ya en septiembre de este año la cifra llegaba a 92 furgones por mes.
La Asociación de Distribuidores asegura que sus pérdidas en lo que va del año ascienden a 50 millones de dólares por el robo de mercadería como alimentos o telas.
"El fisco se ve afectado con esta situación, porque sólo en concepto de impuesto de ventas las pérdidas llegan a 19,5 millones de dólares", dijo Gutiérrez.
El empresario tampoco está de acuerdo con el mecanismo de conciliación entre las partes, porque dice que en El Salvador, la víctima muchas veces tiene que pactar bajo amenaza de secuestro o de asesinato.
"Ha sucedido ya que a una persona le roban una cuantiosa suma de dinero, en el juicio, el delincuente le ofrece devolverle una cuarta parte y la víctima debe aceptar porque ha sido amenazada previamente", afirmó.
La policía se queja de que, ante la desaparición del delito de compra y venta de objetos robados, ha disminuido el decomiso de mercadería robada y, a la vez, ninguna persona ha sido arrestada pese a comprobarse que tenía en su poder productos obtenidos ilegalmente.
Rodrigo Avila, director de la Policía Nacional Civil, aseguró que se han dado fuertes golpes a las bandas dedicadas al robo de furgones con mercadería, con el desmantelamiento de cuatro bodegas clandestinas de almacenamiento.
Sin embargo, reconoció que no se ha capturado a ninguno de los responsables de los robos, contra algunos de los cuales considera que hay pruebas contundentes, debido a los "vacíos" en la legislación, que impiden capturar a los autores intelectuales. (FIN/IPS/mso/ag/ip/98
