José Gregori es el primer brasileño que obtiene el Premio de Naciones Unidas en Derechos Humanos, en este año, cuando se cumple el cincuentenario de la Declaración Universal.
Responsable de la Secretaría Nacional de Derechos Humanos desde su creación en marzo de 1997, Gregori es quién inspira la política del gobierno brasileño en esa área, atestigua el diputado Helio Bicudo, pero compañero de las mismas luchas.
El premio es concedido cada cinco años a varias personalidades e instituciones. Entre los premiados en el pasado se encuentran Nelson Mandela, Martin Luther King, Amnistía Internacional, la Vicaría de Solidaridad de Chile y la Unión de Mujeres de Sudán.
Su concesión a Gregori certifica una mejora en la imagen internacional de Brasil, país que frecuentó el banquillo de los acusados por tres décadas, primero por la dictadura militar, sus torturas y asesinatos, y luego por la violencia policial, masacres de niños, presos, indígenas y campesinos sin tierra.
El ametrallamiento de 111 presos en 1992 en Sao Paulo, la masacre de 19 de campesinos sin tierra en 1996 en Eldorado de Carajás, en el norte del país, matanza de niños en Rio de Janeiro, crímenes cometidos todos por la policía, hicieron de Brasil un acusado mundial.
El vuelco comenzó en abril de 1996, cuando se elaboró el Programa Nacional de Derechos Humanos, tras seis seminarios regionales y dos encuentros nacionales en que participaron 210 organizaciones de la sociedad civil y comisiones parlamentarias.
Brasil fue así uno de los primeros países en cumplir la recomendación de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos que tuvo lugar en Viena en 1993, recordó Carlos Alberto Idoeta, fundador y ex presidente de la Sección Brasileña de Amnistia Internacional.
El programa "bien diseñado, con participación de militantes y la sociedad promete un buen futuro, aunque su aplicacin no marche a la velocidad que deseamos", motivó el premio, que reconoce también el liderazgo de Gregori, "su perseverancia y compromiso personal", evaluó Idoeta.
James Cavallaro, director de la organización estadounidense Human Rights Watch, consideró que el premio "es más un reconocimiento a la persona, a su pasado de luchas, que a la Secretaría" que dirige en el gobierno central.
El organismo creado para impulsar el programa cuenta con escasos recursos, "tanto financieros como legales", ya que muchos proyectos que le daran competencia para tratar muchas violaciones de derechos humanos están paralizados en el Congreso, observó Cavallaro.
Hay distorsiones institucionales que favorecen la impunidad de crímenes policiales, como que la justicia dependa de investigaciones de la propia policía, ejemplificó.
Pese a las críticas, detalladas en el informe anual que Human Rights Watch acaba de divulgar, Cavallaro reconoció avances en Brasil, como la reducción del trabajo esclavo e infantil, una ley que amplía las penas alternativas y medidas para contener la violencia policial.
La promoción de los derechos humanos es un proceso lento, por ser también cultural, "es una bandera que queda para el siglo XXI", dijo Gregori al ser homenajeado por el Parlamento Latinoamericano.
En Brasil se implantó la base fundamental, que es hacer de los derechos humanos "una política de Estado", sostiene Gregori, un abogado de 68 años que los defiende desde que estudiaba derecho en la Universidad de Sao Paulo, en los años 50.
Durante la dictadura militar (1964-1985) se destacó en la defensa de presos políticos y de la redemocratización del país. De 1971 a 1982 actuó en la Comisión Justicia y Paz, de la arquidiócesis católica de Sao Paulo, presidiéndola de 1975 hasta 1982, cuando fue eligido diputado estadual.
Esa Comisión y su creador, el cardenal Paulo Evaristo Arns, se afirmaron como cuna de un amplio movimiento por los derechos humanos en Brasil y se convirtieron en una referencia internacional.
El programa nacional coordinado por Gregori comprende numerosas acciones de distintos sectores y organismos gubernamentales, desde ministerios hasta las instituciones judiciales, gobiernos locales y Fuerzas Armadas.
Tanto su formulación como la ejecución supone una estrecha asociación entre el Estado y organizaciones sociales. El proyecto de Servicio Civil Voluntario involucra al Ministerio y secretarías estaduales del Trabajo y militares, pero es ejecutado por una organización no gubernamental local.
La Organización de las Naciones Unidas ya había concedido el premio a cuatro latinoamericanos: el embajador chileno Manuel Bianchi, el obispo ecuatoriano Leonidas Proao, la profesora mexicana María Lavalle Urbina, la jurista costaricense Sonia Picado Sotela y Julio Tumiri Javier, fundador de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en Bolivia. (FIN/IPS/mo/ag/hd/98
