La Cámara de los Lores, el más alto tribunal británico, concedió hoy una nueva oportunidad al ex dictador chileno Augusto Pinochet, para considerar si disfruta o no de inmunidad.
A solicitud de los abogados defensores, la Cámara dejó sin efecto una decisión adoptada el 25 de noviembre por un comité cinco de sus miembros, que abrió paso al proceso de extradición solicitado por España en contra del ex dictador.
Los Lores acogieron una apelación sin precedentes a una de sus decisiones, por considerar que uno de sus miembros, lord Hoffmann pudo haber tenido una actitud parcial frente al caso, debido a sus vínculos indirectos con la organización de derechos humanos Amnesty International.
Un portavoz de Amnesty International consideró "desafortunada" la decisión y desestimó el argumento de la posible parcialidad de lord Hoffmann, quien es director ad-honorem de una sección de la organización.
El portavoz, Claudio Cordone, afirmó que Amnesty continuará sus esfuerzos "en el fondo de la materia", que es "llevar a la justicia, en forma debida, a los culpables de crímenes contra la humanidad".
El tribunal debe designar ahora un nuevo panel, que escuchará a las partes y probablemente a una serie de nuevos actores, entre ellos el gobierno de Chile y los representantes judiciales de los otros países que han solicitado la extradición de Pinochet.
El comité debe decidir si la condición de ex jefe de Estado de facto en Chile protege a Pinochet para enfrentar las acusaciones por genocidio, desaparición de personas, torturas y terrorismo que se le imputan en España, Francia, Bélgica, Suiza y Suecia.
La decisión de los Lores paraliza el procedimiento judicial de extradición, iniciado el 11 de diciembre en un tribunal británico.
Pinochet fue arrestado en Londres el 17 de octubre, en cumplimiento de una orden internacional de arresto emitida por el juez español Baltasar Garzón.
Una corte británica determinó el 28 de octubre que el arresto fue ilegal, debido a la llamada inmunidad soberana, pero el comité legal de los Lores revirtió el dictamen, estimando que frente a los graves crímenes imputados, no se aplican los privilegios soberanos.
La decisión fue más tarde refrendada por el ministro británico del Interior, Jack Straw, quien rechazó los argumentos humanitarios y políticos presentados por la defensa de Pinochet y por el gobierno de Chile, y autorizó el proceso de extradición.
Entretanto, el juez español Garzón indició formalmente a Pinochet, acusándolo de haber ordenado personalmente el asesinato de un centenar de personas, y de haber supervisado directamente las acciones terroristas de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) establecida tras el golpe militar de 1973 en Chile.
Hasta ahora, la defensa del ex general de 83 años no ha entrado en el mérito de las acusaciones, en tanto que Pinochet rechazó ante el juez inglés la jurisdicción de tribunales extranjeros para lidiar "con los embustes de España".
El gobierno chileno ha argumentado que Pinochet debe ser juzgado en Chile, donde hay 18 acusaciones en su contra en tribunales civiles, pero tal evntualidad es considerada imposible por las organizaciones de derechos humanos.
El régimen militar dictó una ley de amnistía en 1978 y luego elaboró una constitución en que Pinochet adquirió el derecho a una senaturía vitalicia. (FIN/IPS/ws/ak/98
