Las costas de un juicio sustanciado ante el tribunal arbitral de la Organización Mundial del Comercio (OMC) alcanzan valores tan desmesurados que resultan inalcanzables para gran parte de los países en desarrollo.
Los pequeños bufetes o los grandes despachos colectivos de abogados que prestan asesoría jurídica a los litigantes ante el Organo de Solución de Diferencias (OSD) de la OMC fijan honorarios que oscilan entre 400 y 1.500 dólares por hora de consulta.
Con esos parámetros, "todo hace pensar que este es un sistema para los ricos, para los grandes y donde realmente nosotros no tenemos una gran capacidad de juego", evaluó un negociador de un país en desarrollo.
En los cuatro años de funcionamiento del OSD, Brasil e India son los únicos países en desarrollo que han participado activamente en el sistema arbitral.
De más de 100 países en desarrollo y con economías en transición miembros de la OMC, solo 20 han participado como partes en litigios y 16, como terceros, en procedimientos de 24 grupos especiales.
Los países industrializados disponen de equipos de asesores jurídicos que aconsejan a sus gobiernos y a sus empresas en los casos incoados ante el OSD por supuestas violaciones a los acuerdos multilaterales de comercio establecidos bajo la OMC.
En cambio, la mayoría de los países en desarrollo deben acudir a los abogados especializados que tienen sede, principalmente, en Nueva York, Bruselas y Ginebra.
Desde la constitución de la OMC, en 1995, el primer dictamen y probablemente el más resonante correspondió a una acción iniciada por Venezuela, y luego también por Brasil, contra Estados Unidos.
En ese caso, el OSD falló a favor de Caracas y obligó a Washington a levantar las barreras a la comercialización de gasolina reformulada, introducidas bajo el pretexto de protección ambiental.
A Venezuela le correspondió el mérito de ser el primer país en desarrollo ganador de un pleito ante la flamante OMC.
El trámite jurídico demandó una inversión de unos 100.000 dólares, que el gobierno de Caracas pudo desembolsar porque detrás de la operación se encontraba la solidez de Petróleos de Venezuela.
La compañia petrolera, la mayor transnacional de América Latina, contrató por separado los servicios jurídicos de dos grandes bufetes de Estados Unidos, que llevaron el caso en forma paralela.
Pero el triunfo jurídico desnudó la realidad de los países en desarrollo, donde los estados y los potenciales sectores privados litigantes carecen de recursos para afrontar pleitos costosos.
Esa comprobación puede desestimular a los países en desarrollo, en particular a los menos adelantados, y restar credibilidad al sistema multilateral de comercio, observó Oscar Hernández, ministro consejero de la misión de Venezuela ante los organismos internacionales de Ginebra.
La delegación venezolana ante la OMC lanzó una iniciativa de creación de un centro de formación y asesoría legal para prestar servicios gratuitos a los países menos adelantados y con honorarios reducidos para los demás países en desarrollo.
El centro asesor dispondría del respaldo financiero de una fundación sostenida por donaciones de países industrializados y contribuciones de los países en desarrollo adheridos, explicó Hernández.
El proyecto se encuentra en una etapa avanzada de recaudación de los 14,3 millones de dólares que necesitará para su constitución y los primeros cinco años de funcionamiento.
Los gobiernos de Holanda y Noruega ya han adelantado que aportarán cada uno un millón de dólares para el centro de asesoría legal.
El grupo promotor de la institución está integrado también por Colombia, Gran Bretaña, Hong Kong, Hungría, Sudáfrica, Suiza, Tanzania y Túnez.
El proyecto contempla que la responsabilidad de la prestación de los servicios del centro recaiga sobre un director general y cuatro abogados de experiencia, apoyados por personal administrativo.
El centro podrá subcontratar servicios jurídicos en determinados asuntos, o para impedir conflictos de intereses si varios países usuarios de la institución aparecen complicados en el mismo caso.
A diferencia de los bufetes de abogados, el centro desanimará a los gobiernos y a las empresas de los países en desarrollo cuando no tengan posibilidades de ganar un caso.
"La Unión Europea reaccionó ante el proyecto con gran suspicacia", lamentó Hernández.
El bloque europeo mostró antagonismo con los países miembros que apoyan la creación de la fundación. "Los países europeos están divididos y eso revela una visión miope", comentó el negociador venezolano.
Con el aporte del mundo en desarrollo y del industrial, la fundación pretende asegurar la participación de los países del Sur en el sistema de solución de controversias, dijo Hernández. (FIN/IPS/pc/mj/if/98
