A Saúl Parra, un hacendado de 68 años de los Andes de Colombia, lo secuestraron unos hombres, presumiblemente guerrilleros. El sería la víctima 2.500 de una actividad que crece en este país a la par de la guerra.
"Esto ocurrió el 22 de diciembre. No sabemos a ciencia cierta si fue la guerrilla, y cuál, o si fueron maleantes comunes", dice su esposa, de 62 años. "Desde entonces no nos separamos del teléfono a ver si llaman y dicen cuánto piden para conseguirlo".
"Mi esposo levantó su fortuna centavo a centavo. Ahora, si tenemos que entregarlo todo, no importa. Lo que vale es la tranquilidad", comenta la mujer, quien duda entre apoyarse en la policía o negociar directamente con los secuestradores, un tema que tiene dividida a la familia.
La situación es cada vez más frecuente en Colombia, que ocupa uno de los primeros lugares en el mundo en materia de violación de los derechos humanos y del secuestro en particular.
Según cifras oficiales, entre junio de 1997 y octubre de 1998 se denunciaron 2.423 secuestros. Los casos serían muchos más, pues no siempre los familiares denuncian y, con frecuencia, optan por negociar directamente con los secuestradores.
José Alfredo Escobar, jefe de la Oficina Presidencial para la Defensa de la Libertad Personal, afirma que "el secuestro va directamente relacionado con el tema de la guerra" y "la subversión tiene, sin duda, una participación importante -del orden del 70 por ciento- respecto a todos los casos".
Desde 1996, la proporción de secuestros atribuidos a la guerrilla aumentaron con respecto de los efectuados por la delincuencia común. Hasta esa fecha, la proporción era de 50 a 60 por ciento.
Escobar cree que la tecnificación de los servicios policiales y las operaciones del Grupo Antisecuestro contribuyeron en forma determinante a que disminuyan los casos típicamente delictivos.
Para el período 1997-1998, las estadísticas oficiales catalogaron 1.689 secuestros como de motivaciones económicas y 734 por razones políticas.
Entre los secuestros atribuidos a la guerrilla, el mayor número corresponde a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (45,42 por ciento), seguidas por el Ejército de Liberación Nacional (43,84 por ciento) y el Ejército Popular de Liberación (7,9 por ciento).
Escobar opina que la tolerancia social con el secuestro, producto de la perversión del conflicto armado interno, y la búsqueda de alternativas individuales y pragmáticas ha influido en un aumento de este delito.
Esto, justamente, es lo que tienen dividida por estos días a la familia Parra: buscar el apoyo de la policía o negociar directamente con los secuestradores.
"En la medida en que de una u otra manera los familiares de las víctimas del secuestro entiendan que el problema no es simplemente pagar una cifra para lograr la liberación, en esa misma medida se distorsiona el valor ético que comporta la vida", dice Escobar.
Como evidencia de la eficacia de las autoridades antisecuestro y un llamando a la paciencia a los familiares, señala que en 1998 el Grupo Antisecuestro rescató a 390 personas.
El responsable del Programa, constituido en 1996 para atacar con una óptica plural el fenómeno del secuestro, cree que aún cuando éste tenga motivaciones políticas se debe considerar como un acto delictivo.
"El secuestro es un delito y, como tal, no debe mediar absolutamente ninguna contribución económica", afirma.
El pago de rescates estimula la práctica, considerada por los organismos internacionales derechos humanos como una de las más atroces. Pero la dinámica de la guerra en Colombia ha conducido a un cierto acostumbramiento y no siempre todos los flancos ven el secuestro desde el mismo ángulo.
El máximo jefe del Ejército de Liberación Nacional, Nicolás Rodríguez, "Gabino", se refirió al tema el día 23, en una conferencia radiotelefónica desde "algún lugar de las montañas de Colombia": "Nosotros hemos dicho que no secuestramos, hacemos retenciones de carácter político y económico".
"Las hacemos poque tenemos una política tributaria. El gobierno utiliza millones y millones de pesos para el presupuesto de guerra y nosotros también requerimos de finanzas y tenemos una política de conseguirla a través de una impuestación", añade.
Hay quienes, incluso siendo víctimas, reconocen el secuestro como una consecuencia de la guerra. El ganadero Enrique Arcángel, por ejemplo, estuvo tres meses en poder de un frente guerrillero al que se niega a identificar.
"Mi familia tuvo que vender más de la mitad de las cabezas (de ganado) para pagar el rescate y me dejaron salir a cambio de mi segundo hijo, que estuvo con ellos cuatro meses, hasta que completamos la suma que pedían", relata.
Aún así "yo entiendo que los muchachos (guerrilleros) están en su lucha y prefiero esa a la de los paramilitares que también me boletean (cobro de impuesto forzado)", dice Arcangel.
Sus palabras pueden ser expresión del llamado "síndrome de Estocolmo", cierta gratitud hacia los secuestradores porque le perdonaron la vida, o un reflejo de lo hondo que ha calado el conflicto, en el que de una u otra forma todos toman partido.
"Sentimos gravitar a nuestro alrededor un tipo de inhumanidad no desconocida pero sí creciente. Un tipo de relación con los misterios de la vida y de la muerte que no se funda en valores sino exclusivamente interés, en cálculos de beneficio", dice el poeta y analista William Ospina en un ensayo sobre el secuestro.
El académico francés Pierre Gilhodes opina que el secuestro generalizado por el conflicto interno colombiano refleja rasgos de atraso de esta sociedad.
"Colombia ha intentado definirse como una democracia pero una democracia no puede funcionar sin demócratas y éstos no abundan (…) El fin de la guerra no volverá a este país un paraíso y es mucho lo que quedará por hacer", pronostica Gilhodes. (FIN/IPS/mig/ag/hd/98
