Las 13 medidas de presión sobre Gran Bretaña y España, que anunció el gobierno de Chile para insistir en la libertad del ex dictador Augusto Pinochet, se comenzaron a aplicar hoy en una forma muy parcial y casi nula.
La renovada estrategia jurídica que se inserta en el paquete de medidas que anunciara el viernes el canciller José Miguel Insulza abrió nuevas controversias en el oficialismo y alejó aún más al gobierno del presidente Eduardo Frei del movimiento de derechos humanos.
Insulza dio a conocer el viernes cinco medidas de carácter judicial y otras ocho políticas, con las cuales se pretende que España y Gran Bretaña se abstengan de seguir adelante con el juicio de extradición de Pinochet, arrestado desde el 16 de octubre en Londres.
El ex dictador (1973-90) y actual senador vitalicio, de 83 años, es procesado en España por el juez Baltasar Garzón bajo acusaciones de crímenes contra la humanidad.
A través de la embajada chilena en Londres se materializó este lunes la primera de las medidas, con un reclamo presentado ante la cancillería británica por la supuesta falta de parcialidad de lord Leonard Hoffmann, uno de los jueces que negó inmunidad a Pinochet.
El reclamo, interpuesto ante el Foreing Office (cancillería) y no ante la Cámara de los Lores como se esperaba, fue presentado por el encargado de negocios José Luis Morales, ya que el embajador Mario Artaza fue llamado a Chile el día 9 y permanecerá indefinidamente en el país.
El reclamo comenzará a ser visto este martes por la corte de los Lores y marca la primera acción judicial conjunta del gobierno de Frei con los abogados que el ex dictador contrató para su defensa, que también recusaron a Hoffmann.
Dirigentes de organismos humanitarios y del Partido Comunista (PC) señalaron que las autoridades están intercediendo crecientemente en la defensa del ex dictador que se le imputan, en una virtual alianza.
Esto contrasta con el discurso oficial de oponerse al arresto y extradición del anciano general sobre la base de reivindicar principios de soberanía, inmunidad y de territorialidad de la justicia, y no de proteger al ex dictador como persona.
La precandidata presidencial y líder del PC, Gladys Marín, impugnó la presentación que el gobierno hizo ante el ministro del Interior británic o, Jack Straw, antes de que éste acogiera, el día 9, el pedido de extradición de España.
En ese escrito, las autoridades rebatieron la validez de los cargos de genocidio que el magistrado Garzón hace a Pinochet, en lugar de concentrarse en los principios aludidos en la posición oficial, según el texto difundido en Santiago por el diario La Tercera.
La Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos insiste en que Pinochet debe ser juzgado en España porque en Chile estaría protegido por un marco de impunidad legal y política, reforzado por la actitud del gobierno.
La reclamación por los vínculos de lod Hoffmann con la organización humanitaria Amnistía Internacional es la única de las 13 medidas en ví as de materialización, según un primer balance tras los anuncios de Insulza.
La compañía aérea Lan-Chile estudia el pedido del gobierno de suspender sus vuelos comerciales a las islas Malvinas, la posesión británica en el Atlántico Sur, pero algunos de sus ejecutivos dejaron entrever su malestar por esta solicitud.
Señalaron como un mal precedente que Lan-Chile sea la única compañ ía privada a la cual se le haya pedido una acción de esta naturaleza, en tanto empresas estatales, como la Corporación del Cobre, mantienen sus vínculo s comerciales con Gran Bretaña y España.
En general las medidas planteadas por el gobierno luego de una reunión del Consejo de Seguridad Nacional se cuidan de afectar las relaciones económicas y comerciales con ingleses y españoles.
Las adquisiciones de equipos y pertrechos militares a los dos países europeos se comenzaron a analizar este lunes en una comisión integrada por el ministro de Defensa, José Florencio Guzman, y mandos castrenses, pero desde ya la Fuerza Aérea pidió cautela en esta materia.
En un pleno de su Comité Central que celebró este fin de semana, el cogobernante Partido Socialista (PS), en el cual milita Insulza, se abstuvo de emitir un apoyo claro a las 13 medidas gubernamentales.
En medios socialistas, según trascendió, se comentó lo inapropiado de estas decisiones en medio de la crisis internacional, en que Chile debe esforzarse por expandir su presencia en la Unión Europea ante el cierre para sus exportaciones de los mercados del sudeste asiático.
En medios moderados de la derecha empresarial se advirtió igualmente que la ofensiva política y jurídica contra Londres y Madrid retrasará aú n más el nuevo tratado que Chile negocia desde hace ya tres años con la Unión Europea.
En el pleno del PS se comentó que las medidas, adoptadas al parecer por presión de los militares en el Consejo de Seguridad Nacional, son "aniñadas" (desafíos infantiles) ante potencias, que al final se volverán contra los intereses chilenos.
La Democracia Cristiana, principal fuerza de la coalición oficialista y partido de Frei, reaccionó una vez más este lunes contra el PS y su falta de un "apoyo irrestricto" al gobierno en la crisis por Pinochet. (FIN/IPS/ggr/hd ip/98)
