Una misión militar chilena reservó dos residencias en esta capital para el alojamiento del ex dictador Augusto Pinochet, previendo su extradición a España, solicitada por el juez Baltasar Garzón y aprobada hoy por el ministro del Interior británico, Jack Straw.
Por su edad, 83 años, Pinochet no será recluido en una prisión, pero por razones de seguridad y vigilancia, el Ministerio del Interior de España y el Juez instructor, Garzón, deberán dar su aprobación a la vivienda en la que será alojado, cuyos gastos correrán por cuenta del ex dictador chileno.
La misión militar chilena pagó la seña por el alquiler de esas viviendas, cuyo arriendo se haría efectivo en el caso de que se haga firme la resolución británica de conceder la extradición, según fuentes policiales españolas. La embajada de Chile en Madrid negó conocer la presencia de esa misión.
Joan Garcés, abogado de las víctimas, dijo a IPS que el fallo de Straw es un paso positivo, pero que deberán seguir trabajando, pues ahora los jueces británicos deberán analizar el pedido de España, junto con otros, como los de Francia y Suiza.
Y si bien la prelación en el tiempo es favorable al pedido español, hay otros elementos que se suele analizar, añadió.
El catedrático de derecho constitucional y diputado por Nueva Izquierda Diego López Garrido dijo este miércoles que tras la decisión de Straw se abre un proceso largo, "pero no tanto".
Ahora deberán pronunciarse otra vez los jueces británicos, que el viernes 11 interrogarán a Pinochet, quien está citado para ese día y, según el alta médica, estará en condiciones de comparecer.
Pero López Garrido añadió que hay un convenio de extradición entre España y Gran Bretaña que se debe cumplir, y aunque los defensores de Pinochet harán todo lo posible para impedirlo, o al menos para retrasar el proceso, confía en que finalmente el ex dictador chileno será juzgado en España.
Straw dictaminó este miércoles que Pinochet puede ser extraditado por terrorismo de Estado y torturas, pero no por el de genocidio, ya que aplicó la legislación británica para la cual este último delito no puede juzgarse fuera de sus fronteras.
La española Confederación Sindical de Comisiones Obreras emitió un comunicado en el que mostró su satisfacción por la decisión de Straw: "Estamos ante un precedente muy importante para el fortalecimiento de la justicia sin fronteras, frente a los crímenes y las violaciones de derechos humanos en el mundo".
Mientras, Garzón ultima los detalles del auto de procesamiento contra Pinochet y sus cómplices, el que notificará este jueves a las partes representadas en el juicio. Aunque en el sumario el juez subraya que en Chile se cometió el delito de genocidio, también incluye los de terrorismo de Estado y torturas.
Entre sus víctimas enumera a 24 colaboradores del presidente constitucional Salvador Allende, 20 alcaldes y concejales, 338 estudiantes, 92 funcionarios públicos, 16 intelectuales y artistas, 70 militares, 87 políticos, siete religiosos, 12 secretarias administrativas y 247 sindicalistas.
Además, 11 delegados del gobierno, 188 profesionales y casi 2.000 ciudadanos que no ocupaban ningún cargo político ni integraban sindicato o asociación alguna.
Por otro lado, Garzón solicitó formalmente al gobierno de Estados Unidos que colabore y le facilite documentación clasificada de varias agencias norteamericanas sobre la Operación Cóndor, como se conoció a la acción mancomunada de las dictaduras de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.
Asimismo, citó para el martes 15 al sacerdote Roy Bourgeois, quien estuvo 13 meses preso en Argentina y aportará su testimonio sobre jesuitas españoles desaparecidos. (FIN/IPS/td/ag/hd-ip/98
