El gobierno de Chile hizo un vehemente llamado a la tranquilidad y citó para el viernes al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), tras la decisión británica de hoy de dar curso al pedido de extradición a España del ex dictador Augusto Pinochet.
El gobierno convocó igualmente a Santiago a su embajador en Londres, Mario Artaza, de acuerdo a la declaración oficial leída por el ministro del Interior y vicepresidente de la República en funciones, Raúl Troncoso.
El presidente Eduardo Frei, quien se encuentra en Río de Janeiro en la cumbre de gobernantes del Mercado Común del Sur (Mercosur), se sumó a los llamados a mantener la calma y defender la estabilidad política, según informes de prensa desde Brasil.
Troncoso expresó el "más enérgico rechazo" del gobierno a la decisión del ministro del Interior británico, Jack Straw, de acoger el pedido español contra el general retirado y actual senador vitalicio, arrestado desde el 16 de octubre en Londres.
El Ejército emitió una declaración de apoyo no sólo a Pinochet sino al régimen que éste encabezó durante 17 años, en la cual afirmó que la actual crisis se debe a distorsiones sobre las causas que originaron el golpe de estado de 1973.
La decisión de Straw es "una medida abusiva, humillante e incongruente con principios fundamentales" y con ella "se consolida una abierta violación a la soberanía nacional", añadió la reacción de la principal rama de las Fuerzas Armadas.
La vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (AFDD), Viviana Díaz, expresó su confianza en que el ex dictador será juzgado en España por el magistrado Baltasar Garzón y reiteró que Pinochet tiene impunidad en Chile.
"Estamos muy contentas y felices. La resolución del ministro Straw es trascendental no sólo para los familiares de los desaparecidos, sino para todas las víctimas de la represión a 50 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos", agregó Díaz.
La dirigenta subrayó que "este es el mejor homenaje a Mario Ramírez", un joven asesinado en 1973 por la llamada "caravana de la muerte", cuyos restos, recién identificados, fueron sepultados este miércoles en el Memorial de los Desaparecidos y Ejecutados Políticos.
El empresario Hernán Guiloff, vicepresidente de la Fundación Pinochet, confirmó que los abogados del ex dictador en Londres presentarán una apelación ante la Corte Superior de Justicia, que podría llegar luego hasta la Cámara de los Lores.
Tanto Guiloff como el gobierno en su declaración oficial admitieron que se abre un largo proceso judicial, que determinará la permanencia en Londres de Pinochet por varios meses más y tal vez por un año mientras se desarrolla el juicio de extradición.
Los partidos de la oposición derechista y los círculos de seguidores de Pinochet sostuvieron que la decisión del ministro laborista británico fue inducida desde Chile e internacionalmente por los socialistas.
"El socialismo ha logrado consumar su traición", dijo el senador Andrés Chadwick, de la Unión Demócrata Independiente, mientras el almirante en retiro y senador designado Jorge Martínez afirmó que la detención de Pinochet es "un secuestro de estado".
El diputado Alberto Espina, presidente de Renovación Nacional, también de derecha, sostuvo que el Partido Socialista es el "directo responsable" de la retención de Pinochet, por su "revanchismo y animosidad".
La declaración del Ejército apuntó que las gestiones del gobierno para repatriar al ex dictador no han tenido éxito, "contribuyendo a ello la actitud de ciertas personas, dentro y fuera de Chile", en una alusión velada a socialistas y activistas de los derechos humanos.
Juan Pablo Letelier, diputado socialista e hijo del ex canciller Orlando Letelier, asesinado en Washington en 1976 por agentes de la dictadura, pidió a los derechistas que dejen de lado sus amenazas veladas y sus reacciones de intolerancia.
"Lo que el ministro Straw emitió hoy es una simple resolución administrativa. Ha fijado que es admisible el juicio de extradición, y lo que ocurra ahora no está en nuestras manos. Lo que sí puede estar en nuestras manos es que Pinochet sea juzgado en Chile", comentó Letelier.
El diputado advirtió que para traer al ex dictador al país deben construirse acuerdos políticos y constitucionales, que den credibilidad a la justicia chilena. "Somos partidarios de la verdad y la justicia, no de que Pinochet vuelva para que todo siga igual", dijo Letelier.
El gobierno anunció que seguirá en su línea de defensa de principios, ya que "ningún tribunal de un país extranjero puede juzgar a un compatriota por delitos cometidos en nuestro territorio", según señaló la declaración de Troncoso.
Desde que a mediados de octubre se desató la crisis en torno a Pinochet, con su arresto en una clínica londinense, esta será la tercera vez que se convoca al Cosena, que cuenta entre sus ocho miembros a los tres comandantes de las Fuerzas Armadas y al director de la policía de Carabineros.
La reunión del viernes de este organismo coincidirá con el regreso al país de Frei, quien es objeto de una creciente presión de la extrema derecha, y de círculos de generales en retiro, para que adopte medidas "más enérgicas y efectivas" en defensa de Pinochet.
El gobierno, sin embargo, descarta rupturas de relaciones con Gran Bretaña o España y, según afirmó el ministro de Defensa, José Florencio Guzmán, no existe ninguna posibilidad de conflicto con el Ejército. (FIN/IPS/ggr/ip hd/98
