El juez español Baltasar Garzón dictará el auto de procesamiento del ex dictador chileno Augusto Pinochet este jueves 10, día en que se conmemorará el cincuentenario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Pinochet está detenido en Londres desde el 16 de octubre, cuando Garzón dictó una orden de búsqueda y captura, atendiendo a denuncias presentadas en su juzgado por víctimas de la dictadura chilena (1973-1990).
La coincidencia entre el procesamiento con la conmemoración del aniversario es casual, dijeron a IPS fuentes judiciales.
Los fallos, apelaciones y nuevos fallos en Londres, así como la aplicación de la ley procesal española, sumada al largo feriado que rige en este país entre los días 4 y 8, dejan al 10 como último día previo a la decisión británica sobre el pedido de extradición, prevista para el 11.
Por eso, el auto de Garzón que dispondrá el procesamiento de Pinochet por los delitos de genocidio, torturas y terrorismo se producirá antes del 11 y, lo más probable, en la víspera, el jueves 10.
Esas fuentes precisaron que la orden de detención que llevó al arresto de Pinochet se basó en una denuncia de víctimas de la represión. En ese momento, el ex dictador no estaba todavía imputado por los crímenes, sino que se lo citaba como acusado, a la espera de su declaración.
Pero desde entonces se fueron presentando ante Garzón acusaciones y testimonios que lo indujeron a pensar que existen suficientes indicios para considerar a Pinochet autor de esos delitos y por lo tanto a imputarlo como tal, para que luego sea juzgado por el tribunal competente.
Garzón no integrará ese tribunal.
En el borrador del auto que redacta Garzón se considera que "es obligación de la comunidad internacional la preservación del derecho a la vida, máxime cuando el genocidio es el crimen último, la violación más grave que contra los derechos de las personas se puede cometer".
"La Comunidad Internacional debe descubrirlo y perseguirlo, sancionándolo adecuadamente", indica.
El juez detallará, además, la identidad de más de tres millares de personas "desaparecidas" bajo el régimen de Augusto Pinochet.
En esa lista constan 24 colaboradores del presidente constitucional Salvador Allende, 20 alcaldes y concejales, 338 estudiantes, 92 funcionarios públicos, 15 intelectuales y artistas, 70 militares, 87 políticos, siete religiosos, 12 secretarias administrativas, 247 sindicalistas.
Además, figuran 11 delegados del gobierno, 188 profesionales y casi 2.000 ciudadanos que no ocupaban ningún cargo político ni integraban sindicato o asociación alguna.
En la decisión de Garzón pesaron las alegaciones presentadas por la defensa de Pinochet ante tribunales británicos y que, en lo esencial, señalan que la Justicia española o de cualquier otro país es incompetente para juzgar a un ciudadano chileno.
Los abogados del ex dictador afirman que éste, además, goza de inmunidad en su carácter de senador y de ex jefe de Estado.
Garzón argumenta que el genocidio es un crimen consistente en el exterminio, total o parcial, de una raza o grupo humano, mediante la muerte o la neutralización de sus miembros.
Eso ocurrió en Chile, donde el régimen de Pinochet persiguió, apresó, torturó, asesinó e hizo "desaparecer" a personas pertenecientes a un grupo humano identificado por sus creencias políticas, anotó el juez.
"La represión (pinochetista) no pretendió cambiar la actitud del grupo nacional señalado, sino que quiso destruir a ese grupo", agregó.
Los otros delitos de los que imputará a Pinochet son consecuencia del anterior: tortura y terrorismo. Por ello, en el borrador se consigna que "las torturas denunciadas formarían parte del delito de mayor entidad de genocidio o terrorismo". (FIN/IPS/td/mj/ip hd/98
