El gobierno de Chile anunció hoy que revisará su participación en las Cumbres Iberoamericanas, como parte de una serie de fuertes medidas judiciales y políticas contra España y Gran Bretaña en pro de la repatriación del ex dictador Augusto Pinochet.
Las medidas, acordadas en una reunión de casi cinco horas del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), en el cual participan los jefes castrenses, fueron difundidas por el ministro de Relaciones Exteriores, José Miguel Insulza.
El gobierno suspenderá las visitas y reuniones bilaterales de carácte r oficial con los dos países, además de prolongar por tiempo indeterminado la permanencia en el país del embajador en Londres, Mario Artaza, llamado a Santiago el miércoles.
Ese día, el ministro del Interior británico, Jack Straw, acogió a trámite el pedido de España para que Pinochet, retenido en Londres desde el 16 de octubre, sea extraditado a ese país, donde el juez Baltasar Garzón le sigue un proceso por crímenes contra la humanidad.
Insulza informó que se harán presentaciones ante el Secretario General de Naciones Unidas, Kofi Annan, el Consejo de Seguridad y la Organización de Estados Americanos, en defensa de los principios de la territorialidad de la justicia, la soberanía y la inmunidad diplomática, que se consideran violados por los dos países europeos.
El "arsenal" de cinco medidas en el plano judicial y otras ocho de carácter político contempla también la decisión del gobierno chileno de hacerse parte litigante en la revisión judicial del dictamen de Straw planteada por los abogados de Pinochet.
Se solicitará igualmente al gobierno de España información sobre decisiones de la Audiencia Nacional de ese país que implicarían un conflicto de jurisprudencia con el sistema judicial chileno, indicó Insulza.
El presidente Eduardo Frei y el Cosena instruyeron también al canciller para que envíe notas al ministerio británico de Relaciones Exteriores y a la Cámara de los Lores, recusando la participación en un dictamen adverso a Pinochet de un juez vinculado a Amnistía Internacional.
Se trata de lord Leonard Hoffmann, uno de los cinco miembros de la sala penal de la Cámara de los Lores que el 25 de noviembre falló, por tres votos a dos, que Pinochet no era acreedor a la inmunidad que el 28 de octubre le había otorgado la Corte Superior británica.
Las acciones del gobierno chileno buscan igualmente cuestionar a la Audiencia Nacional de España, que se declaró competente para juzgar los delitos que se imputan a Pinochet y abrió paso así al pedido de extradición, aceptado luego por el Consejo de Ministros de ese país.
Pinochet, de 83 años, gobernó Chile desde septiembre de 1973 hasta marzo de 1990, período en que se cometieron unos 3.000 crímenes contra los derechos humanos además de operaciones represivas en el exterior coordinadas con otras dictaduras sudamericanas.
Otra de las resoluciones anunciada por Insulza es la contratación en España de una representación legal del gobierno chileno para intervenir en el proceso de extradición del ex dictador.
El canciller señaló que también se acordó recomendar a los operadores aéreos chilenos la suspensión de vuelos comerciales a las islas Malvinas, del Atlántico Sur, ocupadas por Gran Bretaña.
El ministro de Defensa, José Florencio Guzmán, analizará con las Fuerzas Armadas las materias relativas a las relaciones militares y operaciones de compra de equipos bélicos con España y Gran Bretaña, añadió Insulza.
El ministro dijo igualmente que la suspensión de visitas y reuniones bilaterales no incluye a la gira que realizará a Europa la próxima semana el presidente del Senado chileno, Andrés Zaldívar, quien visitará Suiza y España en una misión en que intentará el retorno de Pinochet.
Zaldívar, precandidato presidencial de la Democracia Cristiana, el partido de Frei, viaja con el respaldo de toda la cámara alta, aunque existen entre las fuerzas políticas fuertes diferencias sobre las posibilidades de juzgar en Chile al ex dictador.
Insulza negó que Chile se esté aislando internacionalmente con medidas como las de mantener al embajador Artaza en Santiago y revisar su asistencia a las Cumbres Iberoamericanas, instancia de coordinación de los países latinoamericanos, más España y Portugal. (FIN/IPS/ggr/hd ip/98)
