El ministro del Interior de Gran Bretaña, Jack Straw, decidió hoy dar curso en los tribunales al proceso de extradición a España del ex dictador chileno Augusto Pinochet, resolución que podría provocar un enfrentamiento diplomático con Santiago.
"Hoy firmé la autorización para proceder con respecto al senador Pinochet. Ahora las cortes (británicas) considerarán la solicitud de extradición" presentada por España, informó Straw en una declaración escrita dirigida al Parlamento.
Pinochet, actualmente senador vitalicio, fue detenido en Londres el 16 de octubre a pedido del juez español Baltasar Garzón, quien luego solicitó su extradición a España para juzgarlo por terrorismo de Estado y torturas durante la dictadura que encabezó en Chile entre 1973 y 1990.
La decisión de Straw provocó el júbilo de organizaciones de derechos humanos y de residentes chilenos en Londres que apoyan la extradición de Pinochet a España.
Pocas horas después del anuncio, la emisora BBC (British Broadcasting Corporation) informó que Chile llamará a su embajador en Londres y que la ex primera ministra británica Margaret Thatcher calificó la decisión de Straw de "grave error" que evidencia una "falla del liderazgo político".
Pero activistas por la democracia festejaron la novedad con fervor. "Son noticias maravillosas", expresó Carlos Reyes, del grupo Chile Democrático, con sede en Londres.
"Sabíamos que no había otra salida y queremos felicitar a Straw y al gobierno británico por comprender nuestro sufrimiento, y en especial el de los familiares de desaparecidos", agregó.
Reyes y otros activistas se congregaron fuera del Parlamento en Londres y ante la residencia oficial del primer ministro Tony Blair, en el número 10 de la calle Downing, para esperar la noticia sobre la extradición.
"Estamos todos muy felices. Pero destaparemos la champaña cuando subamos a Pinochet en el avión para España", precisó Reyes.
La decisión de Straw no significa que Pinochet sea automáticamente extraditado, y se espera en Gran Bretaña un proceso judicial largo y complicado. Ahora, un tribunal considerará el caso por sus propios méritos, pero no estará obligado a refrendar la decisión del ministro del Interior.
"Se aguarda que los tribunales apliquen la convención de la Unión Europea sobre extradición, que estipula que las autoridades españolas deben presentar una orden adecuada", explicó el abogado Robert Rascoe, especialista en el tema.
"El tribunal debe estar convencido de que los delitos (que se atribuyen a Pinochet) son extraditables, se deben proporcionar detalles de las leyes españolas pertinentes, así como un resumen del juez español sobre las acusaciones, y (Garzón) debe demostrar que tiene el derecho de juzgar los delitos en España, aunque fueran cometidos en otro lado", puntualizó.
"Los abogados de Pinochet pueden apelar durante todo el proceso", reconoció Urmi Shah, de la organización de derechos humanos Human Rights Watch.
Organizaciones humanitarias destacaron que Straw se pronunció en la víspera del 50 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Así mismo, Amnistía Internacional declaró que la decisión del ministro británico señala "el comienzo de una nueva era" en materia de derechos humanos.
"En la víspera del 50 aniversario, las víctimas de violaciones de los derechos humanos no habrían podido desear mejor confirmación de los principios de la Declaración" de la ONU, expresó Amnistía Internacional.
"Dada la abrumadora cantidad de crímenes contra los derechos humanos que aún se cometen en el mundo, este aniversario es un día de vergüenza para muchos gobernantes. De modo que es muy alentador este gran paso contra la impunidad, especialmente después de un cuarto de siglo de lucha por las víctimas y sus familiares en Chile", agregó.
El caso Pinochet tuvo un desarrollo tumultuoso desde que el ex dictador fue detenido en Londres, donde había llegado a someterse a una intervención quirúrgica. España apoyó su pedido de extradición en cargos de grave violación de los derechos humanos durante su régimen.
Los partidarios de Pinochet impugnaron la decisión de las autoridades y el Tribunal Superior de Londres dictaminó el 28 de octubre que el arresto era ilegal, dado que, como ex jefe de Estado, Pinochet gozaba de inmunidad penal.
Pero la Fiscalía recurrió ante el Comité de Apelaciones de la Cámara de los Lores, última instancia judicial británica, que resolvió por tres votos contra dos que Pinochet puede ser sometido a juicio.
Los observadores aguardan que los abogados del ex dictador presenten una apelación contra la decisión de Straw. Pinochet, de 83 años, se encuentra bajo custodia policial en una mansión de Wentworth, a 32 kilómetros de Londres.
Straw explicó en su comunicado que las acusaciones formuladas en españa contra Pinochet equivalen, en la legislación británica, a los delitos de "tentativa de asesinato, conspiración para asesinar, tortura, conspiración para torturar, toma de rehenes y conspiración para la toma de rehenes".
Grupos favorables a la extradición manifestaron cautela ante el proceso abierto con la resolución del ministro.
"La justicia no puede administrarse ni se habrá administrado hasta que el acusado comparezca físicamente ante un tribunal para enfrentar los cargos en su contra, para escuchar los testimonios de sus acusadores y para responder a esos cargos y los del Estado", manifestó Helen Bamber, directora de la Fundación Médica de Atención a Víctimas de Torturas.
Esa fundación incluye entre sus pacientes a 25 chilenos que, según indicó Bamber, aún sufren pesadillas, retroceso y en algunos casos discapacidad física "por el terrible tratamiento que recibieron" durante la dictadura de Pinochet. (FIN/IPS/tra-en/dds- aw/mk/aq-ff/hd-ip/98
