El presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, que el 1 de enero empezará su segundo periodo de gobierno, enfrentará en 1999 los primeros desafíos realmente serios a su liderazgo.
Su nuevo mandato de cuatro años comenzará sin el empuje que Cardoso obtuvo en 1994 del plan real de estabilización financiera, que le permitió triunfar en las elecciones de aquel año, ganar la reelección en octubre último y afirmar, en 1997, que "es fácil gobernar el país".
Las condiciones económicas, antes favorables, son ahora adversas. Las perspectivas son de recesión, al menos en el primer semestre, y de un ajueste fiscal sin precedentes exigido por la crisis financiera y por el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La popularidad del presidente tampoco es la misma y tiende a seguir cayendo a causa del desempleo. Cardoso es considerado "bueno" y "muy bueno" como mandatario por 35 por ciento de la población, según una encuesta realizada el 10 y el 11 de este mes por Datafolha, una instituto del diario Folha de Sao Paulo.
Esa opinión favorable alcanzaba a 42 por ciento en septiembre y había llegado a 70 por ciento en diciembre de 1994.
La cohesión de la alianza gubernamental de seis partidos también se debilita, ante los problemas económicos y la prematura disputa por mejores posiciones en las elecciones de 2002.
Eso se evidenció en la composición del nuevo gobierno. El presidente no logró restructurarlo como deseaba. Al final nombró 30 ministros y secretarios de Estado, para satisfacer a los partidos, y renunció a algunos proyectos, como el Ministerio de Infraestructura, que reuniría tres carteras.
Al anunciar la composición de su gabinente, el sábado, Cardoso dijo estar "cansado" de las relaciones con el Poder Legislativo, que exigen negociaciones, nombramientos y favores a cada votación parlamentaria polémica, pese a la amplia mayoría oficialista.
El presidente amenazó con despedir a los ministros pertenecientes a partidos que voten contra "materias fundamentales", como el ajuste fiscal. Es una amenaza difícil de cumplir.
Varios diputados de la coalición de gobierno rechazaron a principios de este mes una de las medidas prioritarias del Poder Ejecutivo, el aumento de los aportes sociales de los funcionarios públicos, pero no hubo reacción del presidente.
El proyecto será sometido otra vez a votación en una sesión extraordinaria del Congreso, en enero, y los propios dirigentes parlamentarios oficialistas consideran que su aprobación será muy difícil sin modificaciones que reducirían su eficacia.
La principal tarea del nuevo gobierno será cumplir la meta de reducción de gastos en 23.000 millones de dólares y de aumento de ingresos fijada para 1999 con el propósito de limitar el déficit público a 4,7 por ciento del producto interno bruto (PIB).
Eso depende también del destino que tenga en el parlamento el "impuesto sobre los cheques", la principal fuente de nuevos recursos. Se trata de un tributo provisorio, que se extinguirá el 23 de enero.
Además de pedir su renovación por un año, el gobierno pretende incrementar ese impuesto de 0,20 a 0,38 por ciento de todos los retiros de dinero de cuentas bancarias.
Se teme que la recaudación del impuesto sobre los cheques no empiece sino ya muy avanzado el primer semestre del año próximo, dado que sólo entrará en vigencia 90 días después de su aprobación y el debate legislativo podría prolongarse.
En esa eventualidad, se volvería casi imposible disminuir un déficit fiscal de casi ocho por ciento del PIB al nivcel pactado con el FMI, advirtió Raúl Velloso, un experto en cuentas públicas.
Las propuestas para combatir el desequilibrio de las cuentas públicas, considerado la única falla del plan real y fuente de la vulnerabilidad de Brasil ante las turbulencias financieras internacionales, conforman el Programa de Estabilidad Fiscal, proyectado a tres años.
Brasil perdió desde agosto, cuando Rusia interrumpió el pago de sus deudas, más de 30.000 millones de dólares de sus reservas internacionales. En septiembre tuvo que aumentar sus tasas de interés a 42 por ciento y someterse al duro programa de austeridad para evitar el colapso financiero.
Además de ese desafo, Cardoso deberá enfrentar el deterioro de la situación social. El desepleo se incrementará como consecuencia de las medidas económicas, y disminuirá el gasto de asistencia a la población pobre.
Los recortes presupuestarios afectarán la reforma agraria, programas de capacitación, la creación de empleo y la concesión de becas a estudiantes pobres, y a programas de los ministerios de Educación, Salud y Cultura.
Cardoso, que gobernó con "facilidad" hasta 1997, porque la popularidad del plan real le permitía hacerlo casi por inercia, tiene ahora que administrar una crisis que afecta todos los sectores y buscar nueva identidad para su gobierno. Ya están secos los laureles que ganó por poner fin a la inflación. (FIN/IPS/mo/ff/ip/98
