Los empresarios industriales de Sao Paulo se unieron a sindicalistas y opositores para presionar por cambios en la política económica, en especial contra las altas tasas de interés que mantiene el Banco Central.
Dirigentes de la Federación de las Industrias de Sao Paulo (FIESP) pidieron el cese del presidente del Banco Central, Gustavo Franco, considerado el enemigo número uno del sector productivo.
Su política es "monetarista y dictatorial" y se impone en un gobierno donde los intereses de la producción están en total desventaja, argumentó el vicepresidente de la FIESP, Carlos Roberto Liboni.
Los industriales paulistas, cuya producción sufrió en octubre una caída de 13,9 por ciento, decidieron unirse a las centrales sindicales y promover para este lunes una manifestación conjunta contra la política económica del gobierno.
Franco sólo se preocupa por la estabilidad, creyendo que lo demás se arregla por el mercado, en una "posición radicalmente liberal", opinó Eugenio Staub, dueño de Gradiente, una industria nacional que compite con las transnacionales de la electrónica.
Staub preside el Instituto de Estudios para el Desarrollo Industrial (IEDI), una asociación de grandes empresarios que hace dos meses entregó al presidente Fernando Henrique Cardoso un estudio que señala los daños de la actual política económica para la industria y, en particular, para la de capital nacional.
Una apertura imprudente del mercado, las altas tasas de interés, el cambio sobrevaluado y la tributación excesiva llevaron el sector industrial a reducir su participación en el producto interno bruto de 33 a 22 por ciento en diez años.
En el mismo período, la industria brasileña cayó del octavo lugar del mundo al 11, a la vez que sufrió un acelerado proceso de desnacionalización. La parte bajo control del capital extranjero creció de 24 a 35 por ciento.
El presidente del Banco Central indignó a los empresarios nacionales al justificar el avance de los extranjeros porque las empresas brasileñas están baratas y endeudadas, omitiendo que su política de altos intereses generó tal situación, explicó Staub en una larga entrevista a la revista Veja de la semana pasada.
Las críticas degeneraron en confrontación, por lo menos para la FIESP, después de que el Banco Central desaceleró a fines de noviembre la reducción de sus tasas de interés a 0,2 puntos porcentuales al día contra 0,5 anterior. Hoy, las tasas ascienden a 32 por ciento mensual.
No hay razón para mantenerlas en este nivel, según los empresarios y muchos economistas, incluso banqueros, después que el país acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) una ayuda de 41.500 millones de dólares y puso en marcha un ajuste fiscal para los próximos tres años.
Las autoridades económicas sostienen que los intereses bajarán en la medida que avanza el programa fiscal, que depende aún de dos importantes decisiones del Congreso legislativo: la elevación del impuesto a los cheques de 0,2 a 0,38 por ciento y la contribución de funcionarios públicos a la previsión social.
Con los intereses elevando el costo de la deuda interna, será difícil cumplir la meta acordada con el FMI, de reducir el déficit fiscal a 4,5 por ciento del producto interno bruto, según José Julio Senna, ex director del Banco Central y hoy dirigiendo un banco privado.
La industria siente los efectos directos de esa política desde octubre, cuando las ventas del sector cayeron 9,42 por ciento en relación con el mismo mes de 1997, según la Confederación Nacional de la Industria (CNI), que prevé una situación aun peor en los próximos meses.
Otro golpe fue la suba, de 11,68 a 18,06 por ciento al año, a partir de este mes, en los intereses cobrados por el estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), fuente vital de créditos de fomento, a largo plazo.
El presidente del Banco Central es el blanco principal, por simbolizar y encabezar la política monetaria que está llevando a la industria siderúrgica, por ejemplo, a sufrir este año una caída de 12 por ciento en su facturación.
Los obstáculos que afronta el Ministerio de la Producción, cuya creación el presidente Cardoso había anunciado en la exitosa campaña para obtener su reelección el 4 de octubre, constituyen otra frustración del sector industrial.
La nueva cartera, en la que se uniría el actual Ministerio de Industria y Comercio con fuentes de financiación como el BNDES y el Banco del Brasil, constituye una esperanza de fortalecimiento del sector productivo junto con el gobierno y la puesta en marcha de una política industrial.
La iniciativa casi abortó ante el escándalo que provocó la renuncia del ex ministro de Comunicaciones, Luiz Carlos Mendonça de Barros, a quien se consideraba el primer titular del nuevo ministerio.
Una escucha telefónica, divulgada en octubre, reveló su conducta parcial en la privatización del sistema de telecomunicaciones, al manifestar su preferencia por un consorcio y su intento de favorecerlo.
El presidente Cardoso reafirmó su intención de crear la nueva cartera, ahora con el nombre de Ministerio del Desarrollo, pero la idea perdió fuerza también por la disputa entre partidos por su control. (FIN/IPS/mo/mj/if/98
