Carandirú, el mayor centro penal de Brasil, debe desaparecer en dos años, pero todavía seguirá siendo por un buen tiempo sinónimo de infierno para condenados a prisión.
Enclavado en un barrio deteriorado del centro de Sao Paulo, el complejo penitenciario concentra unos 9.000 presos que en enero comenzarán a ser transferidos a 21 nuevas cárceles que se encuentran en construcción en el interior del estado.
El foco de tensiones es la Casa de Detención, en donde se encuentran los casi 7.000 presos considerados más peligrosos. Su sentencia de muerte fue probablemente dictada el 2 de octubre de 1992, cuando la Policía Militar sofocó a tiros una rebelión local, matando a 111 presos y dejando heridos a más de cien.
La masacre provocó una oleada de protestas por el mundo y sigue como uno de los hechos que mantienen a Brasil en la mira de los defensores de los derechos humanos, por la impunidad de sus autores.
Con la desactivación del conjunto penal, que comprende además a otras dos cárceles, una de hombres y otra de mujeres, el secretario Nacional de Derechos Humanos, José Gregori, espera que se instale en Carandirú una Universidad de la Paz.
La idea es convertirlo en un "centro de estudios sobre derechos humanos, banco de datos y cursos de posgrado", articulando varios organismos que se dedican al tema en el Estado, en las universidades y en el área no gubernamental, dijo.
De símbolo de violaciones, Carandirú pasaría así a convertirse en una referencia en materia de defensa de derechos humanos.
El gobierno del estado de Sao Paulo, propietario del área de 427.000 metros cuadrados, decidió promover, junto con el Instituto de Arquitectos de Brasil, un concurso público para elegir un proyecto de conversión del complejo penitenciario.
De antemano se determinó que la finalidad será educativa o cultural, y se preservarán los 60.000 metros cuadrados del bosque existente en el área. Los pabellones 8 y 9 de la Casa de Detención, donde ocurrió la masacre, deberán ser destruidos.
La desaparición de Carandirú era una prioridad de su Secretaría, y fue posible por la cooperación del gobierno de Sao Paulo, dijo Gregori, quien observó que con la medida se elimina una fuente permanente de tensiones y se crea condiciones para la de recuperación de los presos.
No hay posibilidad de recuperación en ninguna parte donde se amontonen 9.000 presos, arguyó. Al menos 30 por ciento de los detenidos en la Casa de Detención son reincidentes y la población carcelaria es más del doble de su capacidad.
Además de rebeliones frecuentes, la superpoblación dificulta el control y la asistencia. Un censo de 1991 por muestreo indicó que 22 por ciento de los presos en la Casa de Detención eran portadores del sida.
También se estima que 20 por ciento tiene el bacilo de la tuberculosis, aunque solo uno por ciento presente los síntomas de la enfermedad, según Paulo Cesar Sampaio, director de Salud del Sistema Penitenciario de Sao Paulo.
En la Penitenciaria Femenina, con 415 presas, el 16 por ciento presentó el virus del sida en un estudio de 1997. La incidencia se redujo, ya que afectaba a 24 por ciento en 1991, señaló Sampaio.
Un cuarto de los presos en la Casa de Detención ya deberían vivir afuera, por haber cumplido su pena o tener derecho legal a libertad condicional o régimen semiabierto (solo dormir en la cárcel), estimó Luis Flavio D'Urso, miembro de la Comisión de Asuntos Carcelarios de la Orden de Abogados de Brasil.
Las 21 cárceles construidas o en fase de conclusión en el interior del estado de Sao Paulo tienen capacidad para 17.520 presos en total. Pero la transferencia de los presos de Carandirú demandará al menos dos años, según José Benedito de Azevedo Marques, secretario estadual de Administración Penitenciaria.
La prioridad es para los cerca de 12.000 condenados por la justicia que permanecen en las comisarías policiales del estado, una situación ilegal que se impuso por falta de cupo en las cárceles.
En el primer semestre de 1999 deberán ser transferidos unos 3.200 presos de la Casa de Detención. La otra mitad dependerá de las plazas que sobren en las nuevas prisiones o de la construcción de nuevos, dijo Azevedo Marques.
Las cárceles masculina y femenina, sin grandes problemas de superpoblación, serán desactivadas en una segunda fase, a partir del año 2000. Eso dependerá de recursos que se negocian con un banco estatal de fomento.
Pero el cierre de la Casa de Detención de Carandirú será "el fin de una triste página de nuestra historia y el cumplimiento de una promesa de incluir la cuestión carcelaria dentro de patrones de civilidad exigidos por los derechos humanos", concluyó Azevedo Marques. (FIN/IPS/gl-mo/ag/hd/98
