El Congreso de Brasil comenzará a discutir un polémico proyecto para introducir el financiamiento estatal de campañas electorales, lo que podría aumentar el escepticismo de la población en los políticos.
El proyecto, elaborado por el gobierno del presidente Fernando Henrique Cardoso, establece que todos los gastos de propaganda electoral de candidatos a cargos públicos serán financiados por fondos establecidos en el presuspuesto oficial.
El polémico tema de la financiación de campañas electorales será discutido justo en el momento en que las autoridades nacionales tratan de convencer la población que acepte un aumento de impuestos, para hacer frente al enorme déficit presupuestario.
Según la propuesta, que será votada por la Camara de Diputados y por el Senado a partir de enero, el gobierno pasará a los partidos brasileños unos 626 millones de dólares para cada campaña electoral nacional, lo que significa un aporte de 5,8 dólares por cada votante inscripto.
El objectivo del proyecto de ley consiste en promover la transparecia y equidad en la financiación de campañas electorales.
En las elecciones presidenciales de octubre pasado, el presidente Cardoso recibió 35,8 millones de dólares de empresas y empresarios, y gastó 37,5 millones, 10 veces más que su principal rival, Luis Inacio Lula da Silva.
Si las cuentas oficiales son correctas, cada voto de Cardoso le habría costado unos 85 centavos de dólar, cinco veces menos de lo que establece la nueva propuesta de reforma política.
El proyecto preveé también la creacción del voto distrital mixto, la reducción del número de siglas partidistas (actualmente son 25) y la prohibición de cambio de partido después de las elecciones.
La gran diferencia entre el monto declarado por el candidato Cardoso y lo ofrecido por el presidente Cardoso dejó en el aire dos preguntas: el valor anunciado por el candidato no es real o el monto establecido por el mandatario es exagerado.
"Probablemente suceden las dos cosas", comentó el polítólogo Marcos Figueiredo, de la Universidad Candido Mendes de Río de Janeiro.
La confiabilidad de las cuentas presentadas por los partidos que apoyaron la victoriosa candidatura de Cardoso a la reelección está comprometida por el hecho de que dos de los 10 aspirantes a la presidencia comunicaron a la Justicia Electoral que no tuvieron ningún gasto en propaganda.
Por otro lado, los 5,8 dólares que el gobierno pretende gastar por elector, si la reforma política es aprobada, posiblemente acabarán por ser cobrados al mismo elector a través de nuevos impuestos, ya que el presupuesto federal está totalmente comprometido en la financiación del déficit público.
La temática financiera estará presente también en el debate sobre la introducción del voto distrital, que ya fue practicado extraoficialmente en varias regiones en las elecciones de octubre, en especial en el sur del país.
Organizaciones empresariales municipales en los estados de Santa Catarina y Río Grande del Sur concentraron sus donativos electorales en un número reducido de candidatos para evitar la dispersión de votos y garantizar la victoria de sus abanderados.
El uso exclusivo de fondos públicos en las campañas electorales busca evitar que los grupos económicos más poderosos acaben por imponer su voluntad a los electores en las elecciones distritales o municipales.
Pero el sistema de asignación de montos aún no está muy claro, como tampoco el futuro de las 25 siglas partidarias existentes en el país.
Lo cierto es que para el elector, ellas ya no tienen mucho significado. La prueba es que 20 millones de brasileños (20 por ciento del cuerpo electoral) no votaron en las últimas elecciones, y más de 60 por ciento votaron por candidatos y no por partidos politicos. (FIN/IPS/cc/ag/ip/98
