El gobierno de Brasil propuso una fórmula para poner fin a la huelga de hambre de los ocho secuestradores presos en Sao Paulo, que ya dura 44 días y amenaza con provocar muertes en cualquier momento.
El ministro de Justicia, Renán Calheiros, anunció que el gobierno acepta anticipar la transferencia a sus países de los siete ciudadanos extranjeros -cinco chilenos y dos argentinos-, aunque los tratados bilaterales para ese efecto no fueron ratificados por los parlamentos respectivos.
Para eso será necesario un pedido formal por escrito de los presos y que los gobiernos de Argentina y Chile estén de acuerdo y se comprometan a devolverlos a Brasil, si el tratado de transferencia es rechazado por sus parlamentos.
La propuesta fue divulgada al final de la tarde de este martes, tras varias reuniones del ministro de Justicia con el presidente Fernando Henrique Cardoso y otras autoridades, como el secretario Nacional de Derechos Humanos, José Gregori.
La expulsión, reivindicada por los presos, fue descartada porque representaría la liberación de los secuestradores en sus países de origen, según Calheiros. Con la transferencia, siguen cumpliendo la sentencia brasileña, que era de 26 y 28 años de prisión y fue reducida a 15 años y 18 años y ocho meses.
Para el único brasileño, Raimundo Costa Freire, el ministro dijo que se aplicarían los beneficios del régimen semiabierto, que permite salir de la cárcel a trabajar durante el día, y de la libertad condicional, ya que cumplió la mitad de la pena.
Los argentinos y chilenos habían declarado, a través del vocero Breno Altman, que rechazarían cualquier propuesta que no comprenda una solución para el brasileño.
El diputado Luis Eduardo Greenhalg, un conocido abogado de presos políticos durante la dictadura militar brasileña que apoya a los huelguistas de hambre, informó este martes que el grupo había conocido la propuesta gubernamental por el noticiero radial y esperaba su formalización, vía fax, para emitir una respuesta.
La alternativa ofrecida a los extranjeros es aceptable, pero queda pendiente la situación del brasileño, dijo Greenhalg, quien puntualizó que se trataba de una opinión personal.
El régimen semiabierto depende de una decisión judicial que demanda tiempo, ya que los tribunales están de vacaciones, o puede ser negativa. Anteriormente la justicia ya negó el beneficio a Costa Freire, por considerar que seguía manteniendo vínculos con el grupo.
La justicia y el gobierno brasileños siempre se negaron a reconocer como políticos a los presos por el secuestro, en 1989, del empresario Abilio Diniz, dueño de una cadena de supermercados, aunque el objetivo fuera obtener fondos para la guerrilla de El Salvador.
Dos de los secuestradores, una pareja canadiense, ya fueron transferidos a su país de origen el mes pasado. En este caso el tratado ya fue ratificado por los respectivos parlamentos.
La aprobación parlamentaria en Chile enfrenta obstáculos en el Senado, dominado por la oposición derechista, según el diputado socialista Jaime Naranjo, miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de su país, quien visitó a los presos el domingo pasado.
El gobierno brasileño trató de buscar una alternativa a la expulsión en los últimos días, ante la inminente muerte por inanición de uno o varios presos, que dejaron también de tomar agua desde el jueves pasado.
Desmayos, hipotermia, arritmia cardíaca, diarreas e infecciones llevaron a los médicos del Hospital de Clínicas a advertir que podría producirse una muerte ante cualquier complicación.
Desde el jueves pasaron a suministrar medicamentos, minerales y suero por vía indovenosa a los huelguistas, apoyados en una decisión judicial.
Para esto tuvieron que atar las manos de los presos a sus camas, ya que se oponían a recibir la inyeccin de nutrientes, dispuestos a morir u obtener su liberacin, vía expulsión, y en el caso del brasileño, un indulto, prerrogativas exclusivas del presidente.
Cardoso se negó a adoptar tales medidas, por considerar que favorecerían la impunidad de un crimen, como la legislación brasileña considera el secuestro.
La expulsión, además, crearía un precedente y podría estimular reclamos similares de los cerca de mil extranjeros presos en Brasil.
La búsqueda de una alternativa aceptable para los presos y para el gobierno se intensificó en los últimos días, porque una muerte tendría efectos también muy perjudiciales para el país y su presidente. (FIN/IPS/mo/ag/ip-hd/98
