Un líder campesino advirtió en Bolivia que el próximo será un año de agitación social y las protestas ya comenzaron, como reacción ante el proyecto del gobierno de despedir empleados públicos y eliminar beneficios de los trabajadores.
"1999 será un año de convulsiones sociales", pronosticó el domingo el secretario general de la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Román Loayza, quien asegura que a los obreros del campo, cada vez más pobres, no les queda más alternativa que "combatir el modelo neoliberal".
Ya es tradicional que los sindicatos bolivianos realicen protestas callejeras en los primeros cuatro meses de cada año, pero las movilizaciones de 1999 comenzaron por adelantado, ante el anuncio gubernamental de un plan de ajuste presupuestario.
El plan de austeridad que pretenden aplicar las autoridades incluye despidos, privatizaciones, la reducción de partidas presupuestarias y una reforma laboral para supirmir beneficios de los trabajadores.
Empleados del Servicio Nacional de Caminos, conductores del transporte público, vendedores informales y miembros de las juntas de vecinos (organizaciones sociales barriales) se manifiestan diariamente desde la semana última por las calles de La Paz, con diferentes demandas.
Los trabajadores de caminos se oponen al inminente despido de 3.800 empleados de ese sector, anunciado por el gobierno como una forma de reducir el gasto público.
El ministro de Trabajo, Leopoldo López, aseguró que la decisión de las autoridades es irreversible, y que se buscarán recursos para pagar las indemnizaciones correspondientes.
Los choferes reclaman que el gobierno contemple un pliego de reivindicaciones sectoriales y condenan los permanentes incrementos de las tarifas de energía eléctrica, agua y servicios telefónicos.
Mientras, sindicalistas y juntas de vecinos afirmaron que paralizarán las ciudades cuantas veces sea necesario para impedir el aumento de tarifas públicas.
La Central Obrera Boliviana (COB), la mayor organización sindical del país, anunció que antes de fin de año comenzará a organizar manifestaciones contra las medidas de ajuste y por un aumento sustancial de salarios.
La COB calcula el costo de la canasta familiar en unos 1.000 dólares mensuales. Con el incremento salarial de dos por ciento previsto por el gobierno para el año próximo, el salario promedio será inferior a 250 dólares, sin compensar la elevación del costo de vida, que será de seis por ciento al finalizar 1998.
La región de Chuquisaca, la tercera entre las más deprimidas económicamente, paralizó totalmente sus actividades el viernes, en demanda de mayores recursos presupuestarios para 1999, mientras 10 activistas iniciaban una huelga de hambre para apara apoyar ese reclamo.
Así mismo, la perspectiva de reducción del presupuesto de las universidades del Estado revitalizó el movimiento estudiantil, cuyas tradicionales protestas se habían debilitado en los últimos años. Los estudiantes anunciaron que volverán a "pelear" en las calles en cualquier momento.
Los campesinos también adelantaron su disposición a sumarse a las protestas, en parte por solidaridad con los trabajadores de las ciudades pero también por sus propias demandas, de tierras y en defensa del cultivo de coca, que las autoridades tratan de erradicar.
Loayza, el secretario general del sindicato de campesinos, anunció que éstos "sitiarán" las principales ciudades del país. Hace dos semanas, Felipe Quispe Huanca, un ex guerrillero, se incorporó a la dirección de ese sindicato .
Quispe, también conocido como "Mallku" ("Cóndor", en lengua quechua) pasó cuatro años en prisión por integrar el Ejército Guerrillero Túpac Katari, que en 1992 hizo explotar una bomba minutos antes del paso del vehículo que llevaba a Georges Schultz, entonces secretario de Estado de Estados Unidos.
Mientras, el parlamento se apresta a aprobar el presupuesto general de la nación para 1999 sin ninguna modificación al proyecto original del Poder Ejecutivo.
El vicepresidente Jorge Quiroga dijo que las movilizaciones previstas son "parte del calendario nacional" y advirtió que el gobierno no alterará el presupuesto, cuya austeridad busca contrarrestar los efectos de la crisis asiática y del fenómeno climático de El Niño.
"La gente piensa que el presupuesto es la suma de los deseos, pero es la suma de las posibilidades del país", afirmó Quiroga. En su opinión, sería irresponsable dar a todos los sectores laborales lo que piden, porque las consecuencias serían la decaluación de la moneda y la crisis económica.
El vicepresidente cree que, pese a los serios problemas que enfrentará la economía el año próximo, el presupuesto elaborado por el gobierno permitirá sobrellevar la crisis internacional sin altos costos sociales.
Bolivia fue afectada por la caída de precios de las materias primas, que reducen los ingresos por exportación de minerales, y por las sequías causadas por El Niño, que redujeron la producción agropecuaria.
La economista Carolina Pinto de Loza, del no gubernamental Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, calculó que el déficit comercial, de 600 millones de dólares en 1997, será este año de 800 millones.
Las causas del aumento del déficit son la caída de la producción agrícola, a la inestabilidad de algunos mercados -como el andino, que absorbe las exportaciones bolivianas de soja y algodón- y a la crisis financiera internacional, explicó Pinto.
En cuanto al déficit fiscal, el gobierno cree que este año sumará 3,6 por ciento del producto interno bruto. (FIN/IPS/ac/ff/lb/98
