Kupulunimarra Eileen McDinny, aborigen jawoyn en Australia, aceptó levantar su reclamo de tierras a cambio del tratamiento de diálisis para curar la grave enfermedad de los riñones que padece.
McDinny, residente del Territorio del Norte, creyó haber sellado con el gobierno local un acuerdo para salvar su vida, pero el costo fue enorme.
La Asociación Médica de Australia criticó con dureza el acuerdo, al que calificó de "vergüenza nacional". Las organizaciones de aborígenes opinaron que se creó un peligroso precedente, según el cual los indígenas deberían ceder sus tierras para recibir servicios sociales.
En los festejos por su victoria en las elecciones nacionales, la noche del 3 de octubre, el primer ministro John Howard, de la conservadora coalición de los partidos Liberal y Nacional, prometió que la prioridad de su segundo período de gobierno sería la reconciliación entre australianos indígenas y no indígenas.
El caso de McDinny muestra que falta mucho para que eso suceda.
La cuestión es crucial para Howard. Los Juegos Olímpicos del 2000 se celebrarán en Sidney, por lo que sus esfuerzos se concentran en crear una imagen de país unificado para mostrar a los atletas, funcionarios, visitantes y audiencia televisiva.
"A pesar de las promesas, los aborígenes siguen teniendo poco acceso a salud, vivienda y empleo, y son excluidos de los organismos donde se toman las decisiones que los afectan", explicó Graham Atkinson, aborigen yorta-yorta del estado de Victoria, en el sur de Australia.
"La marginación y exclusión de los aborígenes y la dominación que se ejerce sobre ellos afecta a todos los sectores de la sociedad australiana", sostuvo.
El desempleo en Australia asciende a ocho por ciento, pero entre los aborígenes es de 41 por ciento y se calcula que aumentará aun más para el 2000, según el Centro de Investigación para una Política Económica Aborigen, de la Universidad Nacional de Australia.
Los enfermedades comunes causan más muertes entre los aborígenes que en el resto de la población. La cantidad de nativos del norte de Australia afectados por enfermedades renales es 50 veces mayor que el promedio nacional.
En marzo se retomó una larga controversia en torno a las muertes de aborígenes bajo custodia policial, cuando un muchacho indígena de 16 años se colgó en su celda, en la localidad de Alice Spring.
Este suicidio, una de las 17 muertes de aborígenes ocurridas en dependencias policiales en los últimos dos años en un total nacional de 70, fue registrada durante 40 minutos por las cámaras del sistema de seguridad interna, pero nadie estaba mirando la pantalla.
De todos modos, la mayor fisura entre indígenas y no indígenas sigue siendo la discusión acerca de los derechos de propiedad de tierra de los aborígenes.
La discusión comenzó en 1993, cuando un fallo de la Alta Corte estableció por primera vez que los indígenas eran propietarios de la tierra antes de la colonización europea, con lo cual se creó un nuevo tipo de derecho de propiedad.
El fallo indicaba que los aborígenes que pudieran probar el mantenimiento de una conexión física o espiritual con sus tierras podían reclamar la propiedad exclusiva de los terrenos vacantes del gobierno o de la corona.
Según compañías mineras, organizaciones de agricultores y partidos conservadores, el derecho de los demandantes del título de propiedad indígena a negociar sobre tierras dedicadas a la minería y el pastoreo constituía una discriminación que dividía a los australianos en ciudadanos de primera y segunda categoría.
El debate quedó suspendido al principio de julio, cuando el gobierno logró que el parlamento aprobara su ley de propiedad indígena.
Muchos grupos aborígenes criticaron la ley, en especial por la eliminación del derecho de los aborígenes a negar a las empresas mineras el usufructo de tierras sujetas a reclamo del título de propiedad indígena.
El interés del gobierno era apoyar a las grandes compañías mineras, decididas a llevar a cabo varios emprendimientos en las tierras sujetas a reclamo de propiedad por parte de los aborígenes.
"El debate sobre los títulos de propiedad resultó útil para poner sobre el tapete los intereses de los indígenas y para estimularlos a una mayor participación política", dijo Jillian Marsh, una activista que trabaja con el pueblo adnyamathanha del sur de Australia.
"Pero no tengo mucha fe respecto del poder que nos dará el derecho de propiedad indígena. Ciertamente, no será así en nuestra comunidad. Al quitarnos la potestad del veto, se entregó a las compañías mineras otra arma para explotarnos", agregó.
El pueblo aborigen de yorta-yorta ocupó una parcela de tierra que reclamaba en una zona boscosa al borde de los estados de Victoria y Nueva Gales del Sur. Esto podría haber anunciado una nueva etapa en la lucha por la propiedad de la tierra.
El área es parte de los 4.000 kilómetros cuadrados que reclaman los indígenas, en debate en la corte desde 1994.
"Estamos defendiendo nuestra tierra. Nadie quiere reconocer nuestros derechos. Siguen cambiando las leyes y ordenanzas para que les sirva a ellos. Así que decidimos adoptar una actitud firme", declaró la anciana yorta-yorta Liz Hoffman al diario The Australian.
La ley de propiedad indígena dio señales confusas acerca de las potestades de los demandantes indígenas.
El gobierno podría verse forzado a revisar la ley, luego de un fallo de la corte, el 24 de noviembre, que otorgó 7.653 kilómetros cuadrados de tierra en Australia Occidental y parte de los Territorios del Norte a un centenar de integrantes del clan miriuwung gajerrong.
El fallo dio a los miriuwung gajerrong el derecho a "poseer, ocupar y disfrutar" la tierra, así como la potestad para decidir cómo usarla.
También le reconoció al grupo "el derecho de recibir una porción de los recursos que otros exploten". Fue la primera vez que la corte se pronunció sobre títulos de propiedad indígena en el territorio australiano.
Esta sentencia impide al gobierno restringir el derecho de los aborígenes a negociar en base al título de propiedad indígena.
Representantes de empresas mineras y agricultores criticaron la decisión. Los gobiernos de Australia Occidental y el Territorio del Norte, que gastaron 1,87 millones de dólares para oponerse al fallo de la corte, anunciaron que lo recusarán. (FIN/IPS/ap- hd/awn/js/ceb/mj/pr hd/98) = 12121514 NYC073
