Más de 20.000 hojas de investigación de la matanza de 45 indígenas el año pasado en el estado mexicano de Chiapas no lograron acercar las versiones discrepantes sobre los reponsables del crimen, mientras en el lugar de los hechos persisten el miedo, la pobreza y el incumplimiento de la ley.
Para el gobierno, la matanza se originó en los problemas intercomunitarios. Para la Iglesia, grupos humanitarios y la oposición, fue un crimen de Estado gestado en el marco de una guerra de baja intensidad diseñada por las autoridades contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
En un amplio informe difundido el día 20, la Procuraduría General de la República (PGR) afirmó que el Estado no tiene responsabilidad alguna en la matanza de 21 mujeres, 15 niños y nueve hombres, registrada el 22 de diciembre de 1997 a manos de un grupo armado en la localidad de Acteal.
Ese día, hombres que portaban machetes y armas cargadas con balas expansivas y que ocultaban sus rostros con pasamontañas irumpieron en un improvisado templo de la comunidad de Acteal donde oraban los indígenas y, sin mediar palabra, masacraron a los presentes.
La PGR reconoció que hay policías y organizaciones armadas irregulares involucrados, pero negó que eso demuestre participación de algún organismo del gobierno en el crimen, como aseguran grupos de derechos humanos y religiosos mexicanos y extranjeros.
Si los militares hubiesen estado en la zona, se habría evitado la matanza, dijo el procurador Jorge Madrazo.
Madrazo y sus equipo sostienen que fueron los conflictos familiares y políticos entre indígenas, atizados por la presencia de simpatizantes del EZLN, lo que originó el múltiple homicidio.
La matanza quedó registrada en la historia de México como el hecho más violento cometido en Chiapas desde que en diciembre de 1994 apareció en escena el EZLN y durante dos semanas se enfrentó con el ejército federal, enfrentamiento que dejó un saldo de 193 muertos, según cifras oficiales.
Decenas de peritajes, la detención de más de 96 personas, la mayoría indígenas, interrogatorios, entrevistas y múltiples actos procesales fueron parte de las investigaciones y trámites legales que realizó la PGR.
Reportes procedentes de Acteal indican que a un año de la matanza la pobreza y el aislamiento de los indígenas persiste y que la presencia militar en la zona no logró atenuar los conflictos entre bandos contrarios.
Mientras, pobladores de Acteal opositores al gobierno afirman que son presionados y amenazados para abandonar el lugar.
Grupos humanitarios mexicanos y miembros de la Iglesia Católica de Chiapas, que también realizaron sus investigaciones sobre la matanza, se declararon este lunes decepcionadas por la versión oficial del crimen.
"Hubo una evidente incapacidad (de la PGR) de encontrar la verdad. Sus conclusiones son evasivas y pobres", dijo Gonzalo Ituarte, vicario de la diócesis de San Cristóbal, segunda ciudad de Chiapas.
Todo demuestra que había policías cerca del lugar cuando ocurrió la matanza, que los militares no estaban lejos y que se protegió y aún se protege a los verdaderos criminales, declaró el vicario, brazo derecho del obispo Samuel Ruiz, religioso a quien el gobierno considera cercano al EZLN.
Con diversos actos religiosos y artísticos se recordó esta semana la matanza que puso los ojos del mundo sobre Chiapas y al gobierno de Ernesto Zedillo en el banquillo.
En un informe sobre la matanza elaborado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y difundido el día 10, se afirma que "el gobierno mexicano es moral y políticamente responsable de la masacre de Acteal, ya que fue incapaz de proteger a la víctimas".
Según el Centro, el gobierno insiste en tratar a la matanza de una manera fragmentada y mantener un discurso racista "al estilo de que estos indios se matan entre sí por cualquier razón insignificante".
En Chiapas el gobierno protege grupos paramilitares y permite que se reproduzcan "situaciones sumamente graves con relación a los derechos humanos", añade el Centro, cuya base de operaciones es el estado sureño.
A la sombra de los suspendidos diálogos de paz entre el gobierno y el EZLN, circunstancia que se mantiene desde 1996, y la masiva presencia militar en Chiapas, la violencia política, religiosa y racial se mantiene en esa zona del país. (FIN/IPS/dc/mj/ip hd/98
