La policía de Guatemala investiga un supuesto grupo guerrillero que realizó acciones de propaganda en el departamento de Quetzaltenango, en el occidente del país.
La existencia del Frente Rebelde del Pueblo (FRP) es, según activistas de derechos humanos, una maniobra del Ejército para no perder sus cuotas de poder dos años después de la firma de los acuerdos de paz que pusieron fin a 36 años de guerra civil.
Sara Vásquez, de la organización humanitaria Grupo de Apoyo Mutuo que nuclea a familiares de detenidos desaparecidos, dijo a IPS que la supuesta actividad del FRP responde a "una política de grupos económicos poderosos, que siempre estuvieron aliados al ejército, para volver al pasado".
Por su parte, el presidente Alvaro Arzú aseguró la semana pasada que "no hay cabida para grupos guerrilleros" en el país, por lo que el FRP es "una banda de delincuentes que será perseguida por las fuerzas de seguridad".
El coronel Alvaro Rivas, jefe del Departamento de Información y Divulgación del Ejército, dijo tener conocimiento de que ese grupo, formado por unos 75 hombres armados, incita a la población de Quetzaltenango hace varias semanas.
"No es un grupo guerrillero. Son campesinos que están enojados por los despidos que han ocurrido en las fincas cafetaleras de la región", sostuvo Rivas.
La Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), que firmó los acuerdos de paz con el gobierno, no dio a conocer su posición respecto de este grupo, pero en anteriores ocasiones negó la existencia de grupos disindentes en la organización.
La delegación de la policía de Quetzaltenango aseguró que el FRP ha realizado varias reuniones en lugares públicos en por lo menos seis municipios de ese departamento.
"Las denuncias son sólo de gente armada que llega a hablar a los caseríos, pero no hay casos en los que se quejen de robos o saqueos a las comunidades", informó.
Los integrantes del supuesto grupo guerrillero reparten volantes entre los pobladores, en los cuales resaltan el incumplimiento de los acuerdos de paz y la explotación y despidos injustificados de campesinos de la Costa Sur.
El empresario Gustavo Anzueto, vicepresidente de la conservadora Coordinadora Nacional Agropecuaria , dijo al diario Siglo Veintiuno que "la organización que demuestran al realizar mítines y los fusiles AK-47 que portan, hace pensar que no se trata de delincuentes comunes"
"Mucho menos" se trata "de trabajadores despedidos", y "se cree que puedan ser disidentes de la ex guerrilla", afirmó Anzueto.
El empresario exigió al gobierno "que permita al Ejército combatir a los malhechores, pues es la única institución que tiene recursos, personal y equipo para detenerlos y llevarlos a los tribunales".
Sin embargo, según el Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática, uno de los firmados en 1996, la institución armada deberá limitarse a la "defensa de la soberanía del país y de la integridad de su territorio".
El Ejército "no tendrá asignadas otras funciones y su participación en otros campos se limitará a tareas de cooperación", prevé el acuerdo.
Pero analistas y dirigentes de derechos humanos advierten que los sectores más conservadores de los empresarios y del Ejército, que durante décadas estuvieron aliados, no se resignan aún a estos cambios y desean mantener su poder.
Por su parte la Misión de Verificación de Naciones Unidas para Guatemala (Minugua), a cargo de velar por el cumplimiento de los acuerdos de paz, informó que mantienen contacto con autoridades policiales y militares para constatar la existencia de dicho grupo.
En el octavo informe de Minugua, presentado en junio, ya se dejaba constancia de las denuncias en Quetzaltenango en torno de la aparición de un grupo irregular que operaría en ese departamento y en el de Retalhuleu.
El ministro de Defensa, general Héctor Barrios, consideró que se trata de "grupos de delincuentes comunes, bien armados, que se autodenominan guerrilleros para cometer sus fechorías, pero serán perseguidos por nuestras fuerzas y sometidos al orden". (FIN/IPS/cz/mj/ip/98
