La situación de los derechos humanos empeoró en Venezuela durante el gobierno saliente de Rafael Caldera, al sumarse la agudización de la pobreza a las ya crónicas violaciones de las garantías ciudadanas, reflejó un informe anual.
Como trágico simbolismo de esta realidad, 15 reclusos murieron y otras decenas fueron heridos, según la organización Provea, durante un motín en la cárcel El Dorado, en la selva guayanesa, en coincidencia con la conmemoración el jueves de los 50 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Se considera a la situación penitenciaria de este país como su lunar más visible en el campo humanitario, y el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) sostiene que su gravedad se mantuvo inalterada durante la gestión de cinco años que Caldera culminará en febrero.
La organización no gubernamental enfatizó al presentar el jueves su décimo inventario anual (octubre 1997-septiembre 1998) en que, mientras persistían las violaciones de los derechos civiles y políticos, empeoraba la vigencia de los económicos, sociales y culturales.
El plan de ajustes que Caldera lanzó en abril de 1996 "provocó deterioro de la calidad de vida y profundización de la pobreza, pero también regresiones en las normas que protegen esos derechos", dijo el portavoz de Provea, Marino Alvarado.
Venezuela "es el país de la región donde la pobreza ha crecido más, y más rápidamente", dijo Alvarado, para quien "en 1998 hemos llegado a 85 por ciento de la población en pobreza, con 40 por ciento en pobreza extrema".
"Esto significa que cerca de 19 millones de venezolanos son pobres y que 7,5 millones no cubren sus necesidades alimentarias. Adicionalmente, 15 por ciento de la población está inmersa en una nueva categoría, la pobreza atroz, conformada por los indigentes", dijo Alvarado.
Provea objetó la reforma laboral, que en 1997 desmontó un esquema retroactivo para indemnizar a los trabajadores, y subrayó que esa flexibilización no ha significado mejoras en los niveles de salario ni en los de empleo.
Recordó que en mayo el salario mínimo se elevó 25 por ciento sobre sus niveles de 16 meses atrás y así llegó a 175 dólares, pero cubre apenas 43 por ciento de la canasta alimentaria y un quinto de la cesta básica, que incluye otros rubros esenciales.
El desempleo abierto, dijo Alvarado, se situó oficialmente al iniciarse 1998 en 11,2 por ciento, equivalente a 1.109.000 personas sin empleo "más el dato de que 52 por ciento de quienes laboran los hacen en el sector informal, es decir, son en su mayoria subempleados".
El gasto público en salud, en el período medido, se redujo de 1,1 puntos del producto interno bruto a 0,86 por ciento del PIB, en tanto "se aprobó una Ley de Salud con la cual avanza la privatización de esos servicios frente a una población que no puede pagarlos", señaló el portavoz.
Mientras desciende el consumo de alimentos, "los niveles de desnutrición por grupo etario indican que 38 por ciento de los niños menores de seis años padece desnutrición, y déficit nutricional 30 por ciento de los menores entre siete y 14 años".
Los derechos a la educación, a la vivienda y a un ambiente sano presentan tendencias regresivas, según Provea. Las últimas cifras indican que dos millones de niños no pueden acceder a la educación preescolar y que este país de 23 millones de habitantes tiene un déficit de un millón 150.000 viviendas.
En cuanto a los derechos civiles y políticos, el esencial de la vida padeció violaciones pero en menor número: 104 casos en el año medido, 31 por ciento menos que los 151 del período anterior. "Además, no se registraron decesos durante el desarrollo de manifestaciones", dijo Alvarado.
Las violaciones al derecho de libertad individual, en forma de detenciones arbitrarias, sumaron en el período 12.594, mientras que 690 personas denunciaron heridas, torturas o tratos crueles y humillantes por parte de funcionarios policiales o militares.
En las cárceles, finalmente, prosiguió el deterioro "pese a medidas efectistas" como la demolición en febrero de 1997, un año después que a sus puertas se detuvo el Papa Juan Pablo II, de la que fue la más espantosa de las prisiones venezolanas, el Retén de Catia en Caracas.
El motín en El Dorado fue provocado por el ayuno al que se sometió a los presos durante varios días. Reos que proestaban quemaron colchonetas y llegaron a enfrentamientos "saldados con los disparos de fusiles FAL, en evidente desproporción de uso de la fuerza", dijo Alvarado.
Provea contabilizó para su último informe anual 460 muertos tras las rejas, en un país donde no existe la pena de muerte desde 1863. Ese monto significa que hugo 38 muertos por mes en las 33 penitenciarias, además de 1.837 heridos.
Como agravante, 66 por ciento de los 24.929 presos son procesados y sólo 34 por ciento tienen sentencia.
En el lado positivo del balance, Alvarado ubicó la apertura de diálogo entre el alto gobierno y las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, la redacción de un botrrador de plan nacional para la vigencia de esos derechos "y cierta voluntad de mejoras en las cárceles".
Con respecto al nuevo gobierno, que empezará en febrero el presidnte electo Hugo Chávez, Provea expresó su esperanza de que "cumpla los compromisos que asumió para impulsar nuestras propuestas según expresó en las dos reuniones que con él sostuvimos cuando era candidato".
Chávez "debe dar continuidad al plan elaborado por las ONG y funcionarios oficiales durante el gobierno de Caldera, y mantener el diálogo a la vez que estamos dispuestas a colaborar con sus iniciativas", dijo Alvarado.
Respondió que Provea "prefiere vigilar y no prejuzgar", ante los anuncios de Chávez de que incorporará a los militares a variadas actividades en el ámbito civil, en lo que ha caklificado como su "ciudadanización".
Chávez es un teniente coronel en retiro que conquistó la presidencia el domingo con el respaldo de 56 por ciento de los votos, después que fracasó en tomar el poder por las armas en 1992. (Fin/IPS/jz/eg/hr/98
