Documentos secretos en poder del gobierno de Estados Unidos demuestran la responsabilidad directa del ex dictador Augusto Pinochet en las violaciones de derechos humanos en Chile durante el régimen que encabezó (1973-1990).
"Desde la promulgación del decreto ley número 521, estableciendo la DINA como el brazo de inteligencia del gobierno, el coronel (Manuel) Contreras ha informado exclusivamente y recibido órdenes solo del presidente Pinochet", según uno de esos documentos.
Ese párrafo pertenece a un informe de abril de 1975 del agregado militar estadounidense en Chile y es sólo la punta de un iceberg, oculto en los archivos secretos de Washington, sobre la responsabilidad de Pinochet en el terrorismo de Estado y las violaciones de derechos humanos ocurridos en los años 70.
Por eso, el juez español Baltasar Garzón, quien pidió la detención y extradición de Pinochet, quiere ver los documentos clasificados estadounidenses que hasta ahora le han sido negados.
Garzón ya lleva dos años investigando la Operación Condor, iniciativa de militares chilenos mediante la cual los aparatos de inteligencia de las dictaduras del Cono Sur (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay) coordinaron sus actividades represivas.
Numerosos ciudadanos de esos países y de otros, entre ellos España y Estados Unidos, "desaparecieron" o fueron ejecutados por la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional de Chile) y otros servicios de inteligencia sudamericanos.
Aún es una incógnita cómo y en qué medida la demanda de Garzón se verá satisfecha.
La mayor parte de la delicada información oficial estadounidense sobre la Operación Cóndor es retenida por organismos oficiales como la Agencia Central de Inteligencia (CIA), que siempre se ha resistido a entregar material embarazoso para ella o los gobiernos a los que favoreció.
Es posible que nada llegue a manos del ministro del Interior británico, Jack Straw, quien el miércoles dio curso al pedido de extradición de España contra Pinochet, detenido en Londres desde el 16 de octubre.
Mientras, el gobierno de Bill Clinton dijo la semana pasada que "revisaría" los archivos en busca de documentos sobre violaciones de derechos humanos durante la dictadura de Pinochet, con la intención de "desclasificarlos" (abrirlos al escrutinio público).
Al mismo tiempo, la secretaria de Justicia (fiscal general) de Estados Unidos, Janet Reno, ordenó una revisión de los archivos para determinar qué podría entregarse al juez Garzón.
"Esta va a ser una prueba muy importante", opinó Peter Kornbluh, investigador independiente del Archivo de Seguridad Nacional, al semanario Nation.
Kornbluh, que formuló muchos pedidos de documentos sobre Chile la década pasada invocando la ley de libertad de información, obtuvo en septiembre el informe que prueba el mando de Pinochet sobre la DINA.
La revisión de los archivos ordenada por el gobierno estadounidense fue ordenada la semana pasada, luego de que el Comité de Apelaciones de la Cámara de los Lores de Gran Bretaña confirmó la detención de Pinochet.
Tres de los cinco lores que examinaron el caso negaron que Pinochet gozara de inmunidad por los crímenes perpetrados cuando ocupaba la jefatura del Estado, como torturas, genocidio y terrorismo, entre otros que fundamentan el pedido de extradición de Garzón.
La decisión del gobierno de Clinton fue aplicada por la secretaria de Estado (canciller), Madeleine Albright, y el consejero nacional de Seguridad, Sandy Berger, si bien ambos expresaron en ocasiones anteriores que se sentirían aliviados si Pinochet pudiera regresar a Chile.
Esas insinuaciones, la última la semana pasada cuando Albright dijo que el gobierno chileno merecía "significativo respeto" por desear que Pinochet retorne, reflejan profundas divisiones en el gobierno y ambivalencia para cooperar con Garzón.
Tras el arresto de Pinochet, muchos funcionarios dijeron en privado a los periodistas que la transición democrática en Chile podría verse amenazada si a Pinochet no se le permitía regresar, por un resurgimiento de la extrema derecha y los militares.
"Existe una legítima preocupación acerca del impacto de todo esto en la estabilidad de Chile si la extradición se concreta", dijo un alto funcionario estadounidense a IPS a fines de octubre.
Pero, al parecer, la reticencia estadounidense se debe a dos factores.
El primero es el precedente que significa la extradición de Pinochet y su eventual proceso fuera de Chile. El segundo es el temor al efecto que tendrían revelaciones sobre el conocimiento, e incluso el apoyo, de Washington sobre violaciones de derechos humanos cometidas por Pinochet.
"No hemos tenido la oportunidad de sopesar completamente el impacto de un juicio a Pinochet en términos de legalidad internacional, y qué significa para la posible vulnerabilidad de funcionarios estadounidenses", dijo esta semana una fuente del gobierno.
"Creo que tampoco los otros estados involucrados en esto lo comprenden", agrego.
No obstante, la segunda razón podría ser más determinante. Un ex alto funcionario de inteligencia de Estados Unidos de servicio en Chile en los años 70 dijo al diario The New York Times que la revelación de lo que sabían las agencias de Washington sobre Pinochet y la Operación Condor "abrirá una lata de gusanos".
La Oficina Federal de Investigaciones (FBI), tradicional rival de la CIA, fue la agencia que reveló la existencia de la Operación Cóndor.
Uno de los enemigos de Pinochet, el ex canciller chileno Orlando Letelier y su secretaria Ronni Moffit perecieron por el estallido de una bomba en su auto a un kilómetro de la Casa Blanca, en septiembre de 1976.
Un general argentino dijo al FBI que la DINA fue la agencia que perpetró el atentado. La revelación condujo al proceso y condena de varios agentes de la DINA en Estados Unidos, y al encarcelamiento en Chile del jefe de la agencia, Manuel Contreras Sepúlveda, que se llamaba a sí mismo "Cóndor Uno".
Organizaciones de derechos humanos y familiares de Letelier y Moffit reclaman que Pinochet sea procesado en Estados Unidos por esos asesinatos, cometidos en el marco de la Operación Cóndor. Hasta el momento, Washington ignoró las demandas.
Sesiones secretas del Senado en los años 70, que siguen siendo clasificadas, confirmaron que la CIA sabía muchas cosas acerca de la Operación Cóndor.
Si bien la agencia detectó en Francia y Portugal dos complots homicidas, nunca hizo sonar el silbato sobre la operación, según Kornbluh, quien tuvo acceso a algunas transcripciones.
También hay evidencias de que la CIA habría proporcionado información a los funcionarios que operaban en la órbita de Cóndor para sendos operativos en Argentina y Uruguay. Según las transcripciones, la DINA se sentía tan comoda con la CIA que hasta solicitó la apertura de una oficina de Cóndor en Miami.
El pedido ascendió toda la escala jerárquica hasta el entonces secretario de Estado, Henry Kissinger, quien, si bien ayudó a Pinochet después del golpe de 1973, rechazó la solicitud.
El encargado de la CIA en Santiago mantuvo una "estrecha relación" con Contreras, dijo un ex funcionario de la embajada al semanario Nation. Ambos "solían ir los domingos de picnic con sus familias", agregó.
"La verdadera historia no revelada es en qué medida la CIA estuvo involucrada en el apoyo y entrenamiento de agentes secretos chilenos", según Kornbluh. Por el momento se ignoran todos los detalles.
No obstante, el cable que obtuvo la publicación reforzó el punto de vista sostenido por los fiscales del caso Letelier de que Contreras no hubiera actuado sin la aprobación de Pinochet.
A comienzos de este año, el propio Contreras insistió en una declaración jurada en que todas las misiones de la DINA fueron aprobadas previamente por Pinochet.
"Hay una huella bien visible en todo eso", dijo Kornbluh. El documento de tres páginas que llegó a su poder fue tachado en gran parte por censores del gobierno antes de ser dado a conocer, pero contiene referencias a otros cables que no han sido declasificados. (FIN/IPS/trad-en/jl/kb/ego/mj/ip hd/98
