Estados Unidos anunció esta semana que comenzará a desclasificar miles de documentos sobre violaciones a los derechos humanos cometidos por la dictadura en Chile de Augusto Pinochet (1973-1990), pero no comunicó la fecha de su divulgación.
De esta manera, la cancillería de este país matizó la posición oficial sobre el caso Pinochet, luego de que altos funcionarios instaron a Gran Bretaña que permita volver a Chile al ex dictador, detenido en Londres a pedido de España, que solicitó su extradición para juzgarlo por genocidio, torturas y secuestro.
"Vamos a revisar los documentos que podrían arrojar luz sobre las violaciones de los derechos humanos. Entonces desclasificaremos y publicaremos tanta información como sea posible, de acuerdo evidentemente con nuestras leyes y nuestras necesidades de seguridad nacional", explicó el portavoz de la cancillería James Rubin.
La publicación de los documentos secretos fue una de las principales demandas de las organizaciones de derechos humanos y los abogados de las víctimas estadounidenses de la dictadura de Pinochet, desde que el ex dictador fue detenido el 16 de octubre.
El juez español que solicitó la detención y la extradición de Pinochet, Baltasar Garzón, también pidió a Washington que entregue la información en su poder sobre abusos cometidos contra víctimas españolas y de otras nacionalidades por la represión militar chilena.
Hasta el momento, el Departamento de Justicia sólo entregó documentos que ya eran del dominio público.
"Si el gobierno decidió desclasificar y entregar los documentos relevantes, eso sería un paso importante", aseguró Sam Buffone, abogado que representa a las familias de Orlando Letelier y Ronni Karpen Moffitt, asesinados en Washington en 1976 por una bomba colocada en su automóvil por agentes chilenos.
Letelier era canciller de Salvador Allende, el presidente que fue derrocado y muerto el 11 de septiembre de 1973 por el golpe de Estado encabezado por Pinochet. Karpen Moffitt era su secretaria.
Las declaraciones de Rubin del martes contrastaron con las que hizo la secretaria de Estado Madeleine Albright el lunes pasado, cuando dijo a la prensa que se debían "respetar" los deseos del gobierno chileno favorables al retorno de Pinochet a Chile.
Las palabras de Albright representaron la primera reacción oficial de Washington luego de que la semana pasada la sala penal de la Cámara de los Lores británica decidió que Pinochet no goza de inmunidad judicial, y por tanto podría ser extraditado a España, si así lo decide el ministro del Interior Jack Straw.
"Creemos que… en Chile, los ciudadanos de un estado democrático luchan con un problema muy difícil de cómo equilibrar la necesidad de la justicia con las exigencias de la reconciliación, y creo que se debería dar un respeto significativo a sus conclusiones", declaró Albright el lunes.
Esas palabras se interpretaron como un gesto de apoyo al gobierno de Chile, dirigido por Eduardo Frei, quien solicitó a Straw que permita el retorno del ex dictador a Santiago. Straw tiene hasta el día 11 para conceder o negar la extradición a Madrid.
El canciller chileno José Miguel Insulza que visitó Londres y Madrid a comienzos de esta semana insinuó que si se le permite a Pinochet volver a Chile, podría ser procesado en su propio país.
Pero juristas chilenos y activistas de derechos humanos creen que Pinochet, quien en su calidad de senador vitalicio goza de fueros especiales que le conceden la inmunidad, jamás será juzgado en Chile.
"No hay posibilidad de que a Pinochet lo juzgue una corte chilena. Es una estrategia cínica para llevarlo a su país donde estaría protegido de la justicia", aseguró Reed Brody, del grupo de derechos humanos Human Rights Watch.
Human Rights Watch declaró que los comentarios de Albright del lunes fueron "irresponsables", y al menos un alto funcionario aseguró que la posición de la canciller no representa a la política oficial de este país.
De hecho, las declaraciones de Rubin este martes fueron más matizadas, y en varias ocasiones hizo hincapié en que Washington no propone que se adopte ningún rumbo específico en el caso Pinochet.
"No tenemos una opinión sobre los méritos de este caso. Creemos que es una cuestión para los tribunales. Sí tenemos opinión sobre la conducta de Pinochet, y hemos declarado una fuerte condena por los abusos cometidos durante su gobierno", dijo.
"También tenemos una opinión general sobre la importancia de respetar a las democracias mientras atraviesan el largo proceso de equilibrar la justicia y la reconciliación, mientras lo hagan sin sacrificar el importante principio de la responsabilidad", agregó Rubin.
"No es el lugar del gobierno de Estados Unidos dar consejos al pueblo chileno o a nadie más. Y por tanto, es muy importante no exagerar cualquier punto de vista específico que podamos tener en un momento como este", puntualizó. (FIN/IPS/tra-en/jl/aq/ip-hd/98
