Más de 30 organizaciones no gubernamentales solicitaron al presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, que investigue al ex dictador de Chile Augusto Pinochet por los asesinatos que la policía secreta chilena cometió en esta ciudad en 1976.
En una conferencia de prensa ante el Congreso, más de 35 grupos humanitarios, ambientalistas y pacifistas pidiereon a Clinton la "inmediata reapertura de la investigación sobre la responsabilidad" de Pinochet en los asesinatos Orlando Letelier, canciller del gobierno de Salvador Allende, y de su secretaria Ronni Karpen Moffitt.
Ambos murieron en Washington el 21 de septiembre de 1976 cuando agentes de la dictadura chilena colocaron y detonaron una bomba en el automóvil donde viajaban muy cerca de la Casa Blanca.
"Instamos al gobierno de Clinton que finalmente abandone su declarada neutralidad y formalmente y públicamente respalde el juicio de… Pinochet, incluso su extradición a España", declararon el lunes pasado las organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional, Amigos de la Tierra y Human Rights Watch.
Pinochet está detenido en Londres desde el 16 de octubre, cuando el juez español Baltasar Garzón dictó una orden de búsqueda y captura internacional, atendiendo a denuncias presentadas por víctimas de la dictadura chilena (1973-1990).
Desde entonces, España solicitó a Gran Bretaña la extradición del ex dictador para juzgarlo por genocidio y terrorismo y torturas.
Las organizaciones no gubernamentales contaron con el apoyo de familiares de Letelier y Karpen Moffitt, así como de otras víctimas de la dictadura.
"Este hombre debe ser juzgado y finalmente condenado por sus crímenes", dijo Michael Moffitt, esposo de Karpen Moffitt, quien también sufrió heridas por la bomba que estalló en el automóvil de Letelier.
Así mismo, en un artículo en la edición del domingo pasado del diario The Washington Post, el ex fiscal del caso Letelier- Moffitt, E. Lawrence Barcella, pidió al gobierno que reabra la investigación para determinar si Pinochet debe ser procesado y posiblemente extraditado a Estados Unidos para ser sometido a juicio.
"No tengo la más mínima duda de que Pinochet ordenó los asesinatos (de Letelier y otros exiliados). Los gobiernos de otros países se enfrentaron a Pinochet por los derechos de sus ciudadanos. Nuestro gobierno debe hacer lo mismo", escribió Barcella.
Estas novedades ocurren pocos días antes de que el ministro del Interior británico Jack Straw deba decidir si otorga la extradición de Pinochet o permite su retorno a Chile.
Desde el arresto de Pinochet, el gobierno de Clinton mantuvo un perfil bajo sobre el caso e insistió que la decisión sobre la extradición corresponde a Chile, España y Gran Bretaña.
Washington incluso se negó a adoptar una posición sobre el caso luego de que la sala penal de la Cámara de los Lores británica falló que, como ex jefe de Estado, Pinochet no era inmune a la extradición o al proceso judicial por los actos que cometió mientras ocupaba la presidencia.
Pero Washington anunció que revisaría miles de documentos en poder de organismos estatales estadounidenses sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas por Pinochet, con el fin de desclasificarlos (abrirlos al escrutinio público).
A la vez, varios altos funcionarios, incluso la secretaria de Estado Madeleine Albright, declararon en público que a Pinochet se le debe permitir volver a Chile.
Esta posición, y la negativa de Washington a adoptar una posición clara sobre el caso, irritaron y movilizaron a organizaciones de derechos humanos que solicitaron al gobierno que apoye la extradición de Pinochet, si no a España, entonces a Estados Unidos.
El abogado de las familias Letelier y Moffitt, Sam Buffone, calificó los asesinatos del "peor acto de terrorismo internacional cometido en territorio de Estados Unidos".
El gobierno debe cesar su "fingida neutralidad" en el caso y reconocer que "Pinochet debe ser sometido a la justicia", exhortó.
Hay señales de que el gobierno toma con mayor seriedad esta petición. El mes pasado, la administración estadounidense ignoró a Buffone cuando solicitó reunirse con altos funcionarios, pero en los últimos 10 días el abogado se reunió con representantes de los Departamentos de Estado (cancillería) y de Justicia.
Fuentes del gobierno dijeron a IPS el lunes que el Departamento de Justicia considera solicitar la cooperación de Chile en la investigación.
Así mismo, varios funcionarios del Departamento de Estado presionan a Albright para que se pronuncie por reabrir el caso Letelier, según otras fuentes.
Debido a la presión de Washington, los asesinatos de Letelier y Moffitt son los únicos expresamente excluidos de la amnistía decretada por el régimen de Pinochet para los delitos cometidos por la dictadura antes del retorno de la democracia chilena en 1990. (FIN/IPS/tra-en/jl/kb/aq/ip-hd/98
