Un grupo de policías persiguió a un joven por las calles de Paraopebas, en el estado de Pará, norte de Brasil, lo arrinconó en su propia casa y lo acribilló a tiros, sin preocuparse por las decenas de agujeros que quedaron en la pared como huellas del crimen.
Casos tan sospechosos como éste ocurren cotidianamente en Brasil y contribuyeron al surgimiento de un nuevo personaje en área policial del país, el Oidor, figura equivalente al defensor del pueblo.
Desde 1997 se aprueban leyes para incluir en los Consejos de Seguridad Pública estaduales a funcionarios que no pertenezcan a sus cuadros para fiscalizar la actuación de las policías civiles y militares.
Marga Rothe, la primera oidora de Pará, descubrió que el joven de Paraopebas fue ejecutado porque peleó con su novia y la obligó a entrar en su auto. Ella tenía otro pretendiente que apeló a sus amigos policías, acusando al rival de secuestro para justificar la operación.
Son tantas las presiones para evitar castigos que Rothe envió este caso al Ministerio de Justicia, en Brasilia, con la esperanza de que la Fiscalía lo investigue con rigor e independencia.
Desde 1997 los estados brasileños vienen aprobando leyes para incluir en sus Consejos de Seguridad Pública a figuras que no pertenezcan a los cuadros policiales para fiscalizar la actuación de agentes civiles y militares.
"Es un triunfo de la lucha por los derechos humanos, que se intensificó desde el fin de la dictadura militar" en 1985, según Rothe. Oidora desde que el cargo fue creado hace un año y medio, ella procura, como luterana practicante, implantar el respeto de la ética cristiana en la policía.
Buena parte de la actividad en defensa de los derechos humanos en el estado de Pará fue iniciada hace 20 años por ex presos políticos que dejaron las cárceles decididos a luchar por los derechos de los que permanecieron detenidos.
"No hay Estado democrático sin una sociedad democrática", sostuvo Rothe, que recibe muchas cartas y llamadas telefónicas de jueces y fiscales presionados por policías que procuran imponer desenlaces favorables para los crímenes que involucran comportamientos indebidos de sus colegas.
En Pará, Marga Rothe ya abrió unos 500 procesos, de los cuales unos 100 ya fueron solucionados. Lo más importante, según ella, es la aceptación lenta, pero sostenida, dentro del sistema de seguridad pública, de un inspección sobre gente que no está habituada a rendir cuentas de sus actividades.
"Poco a poco los policías civiles y militares van comprendiendo que no pueden tratar su trabajo como algo privado y por eso deben explicaciones a la sociedad", señaló.
Ademas de Pará, Sao Paulo y Minas Gerais son los únicos estados donde ya operan oidores. En Espíritu Santo, en el centro-este de Brasil, se acaba de aprobar la legislación al respecto, que sigue en trámite en Río de Janeiro y tres estados del nordeste: Maranhao, Pernambuco y Río Grande del Norte.
Una campaña para extender la institución a los los 27 estados brasileños fue aprobada en el Encuentro Latinoamericano sobre Derechos Humanos, realizado en Brasilia esta semana. La idea cuenta con el apoyo de las 250 organizaciones que integran el Movimiento Nacional por Derechos Humanos en Brasil.
El oidor tiene un mandato de dos años. El gobernador estadual lo nombra, pero no puede exonerarlo. Además, tiene que escogerlo a partir de una lista de tres indicados por el Consejo de Seguridad Pública, compuesto por representantes de organismos oficiales y no gubernamentales.
La Oidoría es un instrumento de la sociedad civil dentro del gobierno y del sistema policial, explicó Benedito Mariano, oidor de Sao Paulo, el primero en ocupar este cargo en Brasil, hace tres años.
En su caso, la indicación parte del Consejo Estadual de Defensa de los Derechos Humanos de Sao Paulo, un avance en relación a los demás.
La primera Oidoría de Policía en Brasil recibió quejas de 18.000 personas, acompañó 9.000 procesos y de su labor ya resultaron 2.000 castigos para agentes de la seguridad pública.
"La Oidoría representa una nueva esfera pública en la lucha por los derechos humanos, ya que no se trata de una organización no gubernamental, pero tampoco est sometida al gobierno, teniendo as mayor poder de intervención", destacó Mariano en el encuentro de Brasilia.
Pero no debe limitarse a promover el castigo de policías que cometen delitos, sino proponer tambin cambios estructurales en los rganos de seguridad, buscando soluciones más definitivas, propuso Mariano.
De las denuncias llevadas a su Oidoría en 1997, 30 por ciento son por abuso de autoridad y 13 por ciento por mala atención. De las quejas por teléfono o carta, seis por ciento son por torturas, tres por ciento por invasión de domicilio y uno por ciento por secuestros.
La prioridad en Sao Paulo son los casos de atentado a la vida y a la integridad física del ciudadano, además del abuso de autoridad y delitos contra la administración pública, en general corrupción, dijo Mariano.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos elogió el desempeño de la Oidoría de Sao Paulo, tras una visita en 1997. Su informe destacó "la coincidencia entre la creación de ese órgano y la sensible reducción de muertes provocadas por la policía en Sao Paulo". (FIN/IPS/mo/mj/hd/98
