La creciente desigualdad de la distribución del ingreso es uno de los factores principales del aumento de la violencia doméstica en América Latina y el Caribe, concluyó un seminario regional realizado en Uruguay.
"América Latina y el Caribe, el área del planeta en que la distribución de la riqueza es menos equitativa, está también entre las que presenta mayores índices de violencia en el hogar", señaló la investigadora chilena Soledad Larraín, consultora del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
"Cuando se habla de inequidad en la distribución del ingreso no se está hablando de bajos ingresos", precisó Larraín en un coloquio organizado el miércoles pasado por Programa de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior de Uruguay,
"En un país como Chile, donde se registró en los últimos años un crecimiento explosivo del producto interno bruto, también se dio una tendencia regresiva en el reparto de esa riqueza. Es decir, una creciente segmentación social", dijo Larraín a IPS.
Ese fenómeno determinó el incremento de la violencia en la sociedad chilena, y en particular de la violencia doméstica, que se convirtió en paradigmática, agregó.
Larraín, autora de estudios sobre el tema, que fueron presentados en encuentros internacionales, destacó también el caso de países de América Central que acaban de superar guerras internas, e hizo especial mención de las situaciones existentes en El Salvador y Guatemala.
En esas naciones, señaló, "se ha notado un aumento notable de la violencia ciudadana en las situaciones de posguerra, en parte por el acrecentamiento de las divisiones sociales".
Las relaciones de pareja "tienen en América Latina y el Caribe un alto grado de violencia física y psicológica" que redunda en que "se esté enseñando violencia a los niños", advirtió la investigadora.
Estudios regionales muestran que una de cada cuatro mujeres latinoamericanas y caribeñas es víctima de agresiones en el hogar. Entre 60 y 85 por ciento de ellas han sido blanco de algún grado de violencia psicológica en el último año.
El hacinamiento en los lugares de residencia, la inestablidad laboral y las férreas normas de disciplina en las relaciones intrafamiliares inciden fuertemente en la generación de violencia doméstica, indicó Larraín, y agregó que las agresiones se producen en todos los estratos sociales.
En los sectores de menores ingresos predomina el ataque físico directo, como las golpizas y la violación, y en los de ingresos medios y altos, la agresión de tipo psicológico, que puede llegar a ser igualmente destructiva, observó la especialista.
Investigaciones del BID en varios países de América Latina demuestran que la mujer que trabaja fuera del hogar y tiene recursos propios no sólo es menos golpeada sino que, de mediar esa situación, tiene mayores posibilidades de superarla, al poder separarse de su pareja.
Ese es el caso de Santiago de Chile, donde se observó que las mujeres que no han sido objeto de actos de agresión por parte de sus compañeros tienen ingresos que duplican, o más, los de quienes han sufrido agresiones de esa índole y no trabajan fuera del hogar.
En Managua, por el contrario, no se percibieron diferencias estadísticamente significativas entre mujeres que laboran fuera del ámbito doméstico y aquellas que sólo se ocupan en el hogar.
En Uruguay, la diferencia entre las mujeres que son objeto de violencia doméstica y aquellas que no lo son está relacionada con las características del trabajo. Entre aquellas que padecen inestabilidad laboral, los hechos de violencia doméstica son tres veces más numerosos que entre quienes poseen empleo estable.
En toda América Latina, las mujeres víctimas de situaciones de maltrato crónico presentan alto ausentismo laboral y precariedad en las condiciones de empleo, dijo Larraín.
Son muy pocas, por otra parte, las latinoamericanas y caribeñas que denuncian esos hechos, en parte por temor a ser expulsadas del hogar o sufrir represalias económicas por parte de sus esposos o concubinos o ser separadas de sus hijos.
Sólo entre cinco y 15 por ciento de las víctimas de violencia en la región, según los países, hacen públicas esas agresiones, de acuerdo con los estudios del BID.
El nivel educacional del hombre es un factor significativo en la generación o no de agresiones a la mujer, un factor destacado particularmente en el caso de Uruguay.
Larraín, la socióloga argentino-uruguaya Teresa Herrera y el abogado argentino Silvio Lamberti coincidieron en que, en los últimos años y en las naciones latinoamericanas, se han ensayado distintas respuestas al fenómeno desde el ámbito legislativo.
Las opciones han sido distintas según los países: desde el tratamiento de la violencia doméstica en tribunales civiles, ensayado en Argentina desde 1996, a la vía penal que se está implementando en Uruguay, pasando por un sistema mixto de intervención predominante en Perú y Puerto Rico.
En Chile existe un sistema civil que faculta al juez a tomar disposiciones sancionatorias contra el victimario, reseñó Lamberti en una ponencia presentada en el seminario de Montevideo.
Para Larraín, las respuestas legales practicadas en la región han sido, no obstante, precarias.
"No ha sido fácil consensuar una conceptualización en relación a la violencia de género en general ni a la violencia intrafamiliar en particular, teniendo en cuenta la colisión que, para algunos, plantea la protección de los bienes jurídicos involucrados", escribió la especialista.
Se trata de la contraposición entre "los derechos del individuo con la institución familiar, definida en la mayoría de las legislaciones como la célula básica de la sociedad", explicó.
Desde los poderes públicos, en distintos países, otra de las iniciativas ensayadas es la creación de comisarías de la mujer, cuya importancia ha sido demostrada especialmente en Brasil, donde el aumento significativo de estos casos permanecía en el anonimato hasta la aparición de esas dependencias policiales.
En Perú y Ecuador, las comisarías de la mujer se destacan por trabajar en conjunto con organizaciones no gubernamentales con amplia tradición entre las mujeres.
Servicios telefónicos y refugios son otros instrumentos implementados para brindar atención en la región a las mujeres víctimas de violencia.
En algunos países se han creado grupos de trabajo con hombres victimarios. Larraín subrayó el caso de México, "un país machista si los hay", donde surgió un Colectivo de Hombres por Relaciones Igualitarias, encargado de tareas de reflexión sobre la masculinidad desde una perspectiva de género.
"No hay que olvidar", dijo Larraín, que "60 por ciento de las denunciantes de agresiones siguen con su pareja y prefieren que él cambie, que asuma su violencia, a separarse".
De todas maneras, insistió la psicóloga, "lo importante es que las legislaciones que se implementen contemplen un seguimiento institucional de la mujer denunciante, para que no quede desprotegida".
Cuando esas instituciones no existen, es muy común que quienes se atreven a denunciar las agresiones reciban represalias de todo tipo por parte de sus agresores, que muy a menudo terminan en la muerte, alertó. (FIN/IPS/dg/nc-ff/hd/98)
