El caso del ex dictador chileno Augusto Pinochet dejó de manifiesto una oposición Norte-Sur, esta vez de naturaleza política, jurídica y estratégica, evidente en las declaraciones de los presidentes del Mercosur en esta ciudad de Brasil.
Europa usa dos medidas, al olvidar sus propios crímenes contra los derechos humanos, sostuvo el presidente de Chile, Eduardo Frei, quien recordó "la mala memoria de España", "el genocidio" en la ex Yugoslavia, el terrorismo irlandés y el respaldo a las dictaduras sangrientas de Africa.
Se debería preguntar al juez español Baltasar Garzón "si juzgó a uno solo de los miembros de la dictadura de Franco", dijo el presidente de Argentina, Carlos Menem. Garzón solicitó con éxito el 16 de octubre la detención del general Pinochet en Londres y luego la extradición del ex dictador.
El presidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti, afirmó que dos doctrinas están en juego. Una, vigente en América Latina, se basa en el principio judicial de territorialidad, según el cual "delitos ocurridos en un país son juzgados exclusivamente en su territorio", explicó.
Estados Unidos y Europa "tienen criterios distintos". Las autoridades estadounidenses "invadieron Panamá" para capturar en 1989 al general Antonio Noriega y juzgarlo en su territorio recordó Sanguinetti. El dictador panameño fue condenado a 40 años de prisión.
La "otra doctrina" se manifestó en Europa con la reciente negativa italiana de extraditar al líder guerrillero kurdo Abdullah Ocalan, reclamado por Turquía, agregó.
La condena a "la aplicación unilateral y extraterritorial de leyes nacionales", en violación a la "igualdad jurídica y soberania de los Estados", es parte de la declaración firmada el jueves por los presidentes de países miembros del Mercosur (Mercado Común del Sur) y Bolivia y Chile.
La inclusión en la declaración de la firma del presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, fue sorpresiva. Cardoso había evitado hasta entonces manifestarse sobre la detención de Pinochet y dijo en los últimos días "no defender dictaduras ni dictadores".
"No hay contradicción. Personalmente le tengo horror a dictadores", dijo el mandatario brasileño en la conferencia de prensa al final de la Cumbre del Mercosur. Pero corresponde a Chile "decidir y enjuiciar" a Pinochet y a los torturadores, sostuvo.
Todos los presidentes señalaron su apoyo a la creación del Tribunal Penal Internacional. Menem, incluso, recordó que el gobierno de Estados Unidos no prestó en julio su respaldo a la aprobación del estatuto de este organismo en la conferencia internacional en Roma.
La pretensión europea de juzgar a Pinochet según sus leyes nacionales va contra el desarrollo de instancias y normas internacionales para enjuiciar crímenes de trascendencia, argumentó Frei.
El presidente chileno efectuó un llamado a la defensa de la territorialidad judicial, afirmando que sin eso "los países pequeños nunca serán respetados".
"Defendemos principios intransables, contra un acto que vulnera la soberanía de Chile, no personas ni coyunturas", declaró.
El caso Pinochet puede instituir la "justicia de los fuertes" ejercida contra países menos poderosos, según un artículo del ex ministro brasileño de Marina, Mario César Flores, publicado este jueves en el diario Jornal do Brasil.
La "universalización del derecho" solo se puede aceptar si hay equidad, sostuvo Flores, quien recordó que Estados Unidos por lo menos "no es hipócrita" y no usa "malabarismos jurídicos" para disfrazar el poder y actuar en casos como el de Noriega.
El Mercosur y sus asociados aparecieron unidos en defensa de la soberanía "como principio". En la práctica, reconocieron tanto Frei como Cardoso, es un respaldo a la posición chilena de reclamar la liberación de Pinochet.
Pero esa confrontación con Europa no oculta una situación incómoda para los países sudamericanos.
El presidente de Bolivia, Hugo Banzer, ya fue dictador, y el paraguayo Raul Cubas fue elegido a la sombra de otro golpista, el general Lino Oviedo, quien acaba de rebelarse contra un fallo judicial que devuelve al militar a la cárcel.
Argentina, Brasil y Uruguay también salieron la década pasada de dictaduras durante las que se cometieron torturas y desapariciones de opositores. Un ex dictador argentino, Jorge Videla, es reclamado por la justicia suiza por crímenes de aquella época. (FIN/IPS/mo/mj/ip hd/98
