El ex agente represivo Alvaro Corbalán, acusado por un juez como autor intelectual del asesinato de siete jóvenes izquierdistas en 1987, es uno de los más fieles adherentes al ex dictador Augusto Pinochet en Chile.
Corbalán, un mayor retirado del ejército, ha sido uno de los más activos participantes en manifestaciones de protesta en Santiago contra las embajadas de Gran Bretaña y España, países implicados en el arresto de Pinochet en Londres desde el 16 de octubre.
Hugo Dolmestch, juez especial de investigación de la Operación Albania, ordenó el jueves la detención de Corbalán y del teniente retirado del ejército José Vargas Bories, actual funcionario civil de esa rama castrense.
La Operación Albania, conocida también como "matanza de Corpus Cristi", fue realizada entre el 15 y el 16 de junio de 1987 por la Central Nacional de Informaciones (CNI), organismo represivo desde 1978 de la dictadura de Pinochet (1973-90).
En cinco operativos, agentes de la CNI dieron muerte a 12 jóvenes, incluyendo a dos mujeres, integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), grupo armado de oposición al régimen dictatorial, de inspiración comunista.
La CNI hizo aparecer todas las muertes como consecuencia de enfrentamientos armados, lo cual, con una sola excepción, era falso, ya que cuatro de los operativos consistieron en encerronas o emboscadas en que se asesinó a las víctimas a mansalva.
Corbalán, ex jefe de Operaciones de la CNI, planificó junto con Vargas Bories la acción realizada en una vivienda del municipio santiaguino de Recoleta, donde fueron baleados siete miembros del FPMR, cinco hombres y dos mujeres.
Ambos jefes represivos se hicieron presentes en el lugar una vez consumada la matanza, en que algunas de las víctimas, malheridas, fueron ultimadas mediante balazos a quemarropa, de acuerdo a la investigación de Dolmestch.
La vivienda, de la calle Pedro Donoso de Recoleta, quedó con miles de señales de impactos de proyectiles, con las cuales la CNI pretendió demostrar que hubo resistencia de los siete moradores, pero el juez comprobó que todos los balazos procedieron del exterior.
El magistrado, que tomó el caso hace ocho meses, dispuso anteriormente el procesamiento de otros siete uniformados, seis del ejército y uno de la policía de Carabineros, incluyendo a un coronel en actividad, por el mismo caso.
El abogado Nelson Caucoto, quien representa a los familiares de las víctimas, dijo que también podría ser encausado por Dolmestch en las próximas semanas el entonces director de la CNI, el general retirado Hugo Salas Wenzel.
También podrían ser requeridos por el juez los generales retirados Marcos Derpch y Humberto Leiva, ex subdirectores de la CNI, el organismo represivo que sustituyó desde 1978 a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).
Ambos organismos están en tela de juicio a raíz de la reactualización del debate sobre la impunidad en que permanecen en Chile la mayoria de los 3.190 crímenes contra los derechos humanos cometidos bajo la dictadura de Pinochet.
La detención del ex dictador y actual senador vitalicio en Londres gatilló un debate en medios políticos acerca de la necesidad de avanzar en soluciones, sobre todo para unos 1.500 casos de desaparecidos.
La mayoría de los crímenes dictatoriales están cubiertos por la ley de amnistía que Pinochet expidió en 1978, pero la Operación Albania no está bajo ese instrumento, calificado como un "autoperdón" de los represores.
Tampoco están cubiertos por la amnistía otros casos en que está comprometido Corbalán, como los asesinatos del líder sindical Tucapel Jiménez y del carpintero Juan Alegría, ambos ocurridos en 1982.
El mayor retirado fue absuelto por un juez en ambos casos, pero está pendiente una apelación ante la Corte Suprema, que podría derivar en la reapertura de los dos procesos.
Vargas Bories, a su vez, estuvo acusado por el asesinato del periodista José Carrasco, en septiembre de 1986, y aunque en 1991 la Corte Suprema anuló los cargos, existen también demandas para que se proceda a reabrir el proceso.
Corbalán y Vargas Bories fueron igualmente socios en una empresa de transportes, aparente pantalla de la CNI, que tuvo una quiebra fraudulenta en 1996, por lo cual fueron condenados a penas de presidio remitido (en libertad vigilada).
El ex jefe operativo de la CNI comenzó a perfilarse como un personaje político tras el restablecimiento de la democracia en 1990, cuando fue designado presidente de Avanzada Nacional, un grupo de extrema derecha hoy desaparecido.
En agosto último, Corbalán hizo circular un opúsculo titulado "La verdad está enferma", donde hace una apasionada defensa de la CNI y del régimen de Pinochet, y culpa a los periodistas de inducir su enjuiciamiento. (FIN/IPS/ggr/ag/hd/98
