Nuevos ataques e impugnaciones recibieron esta semana 11 diputados del cogobernante Partido Socialista (PS), luego de informar al ministro del Interior británico, Jack Straw, que en Chile no existen condiciones para juzgar al ex dictador Augusto Pinochet.
El presidente Eduardo Frei se abstuvo de opinar sobre la carta de los parlamentarios socialistas a Straw, pero puntualizó que la postura del gobierno sobre el caso Pinochet "ha sido una y seguirá siendo una".
El canciller José Miguel Insulza, militante del PS, calificó la carta de "lamentable", en declaracionesa que formuló el miércoles al regresar de la misión especial que lo llevó a Londres y Madrid en los últimos cinco días.
El partido opositor derechista Unión Demócrata Independiente (UDI) anunció que presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional para que se retire el fuero (inmunidad) a los diputados y se les juzgue por "atentar contra la soberanía".
El precandidato presidencial socialista Ricardo Lagos reiteró su desacuerdo con el contenido de la carta, considerada una virtual solicitud a Straw para que dé curso al proceso de extradición a España contra Pinochet.
El ex dictador chileno (1973-1990) está detenido desde el 16 de octubre en la capital británica. El Comité de Apelaciones de la Cámara de los Lores dictaminó el 25 de noviembre que no goza de inmunidad ante los crímenes contra la humanidad de que está acusado en España.
Pinochet, de 83 años, se trasladó el martes pasado desde una clínica de rehabilitación siquiátrica a una lujosa residencia en las afueras de Londres, con un alquiler mensual estimado en 16.000 dólares, donde podría permanecer un largo tiempo más.
Si Straw da curso el día 11 al pedido español de extradición se iniciará un proceso que podría durar un año, de acuerdo con precedentes en esta materia, salvo que se resuelva antes una salida política y no judicial al caso.
Insulza dijo que regresó "cautelosamente optimista" de su gira por Gran Bretaña y España, donde adujo que el ex dictador puede ser juzgado en Chile e invocó razones humanitarias para que se le permita un pronto retorno al país.
El principal argumento del canciller, militante del PS, es que en Chile hay unas 18 querellas criminales contra Pinochet, que están en su etapa de instrucción a cargo del juez Juan Guzmán, de la Corte de Apelaciones de Santiago.
En su carta, los diputados socialistas advirtieron a Straw que en el país persiste un marco político y jurídico que otorga una virtual impunidad al ex gobernante y actual senador vitalicio y que, por tanto, no hay posibilidades de que tenga un juicio justo.
La diputada Fanny Pollarolo, firmante de la carta, dijo el miércoles que erróneamente se la interpretó como un pedido a Straw para que Pinochet sea entregado a España, lo cual no es, según dijo, el punto medular de la misiva.
Los diputados socialistas postulan que en las actuales circunstancias deben gestarse acuerdos para profundizar la democracia, reformando la Constitución heredada de la dictadura, y solucionar los problemas pendientes de derechos humanos.
Insulza dijo que la carta de sus correligionarios fue "lamentable" porque contradijo las gestiones en pro de la liberación de Pinochet que él desarrolló en Londres y Madrid y "porque pide a Straw que nos resuelva nuestros problemas" constitucionales.
En la derecha se acusa a los diputados del PS de ir contra la unidad nacional, que, según la oposición, se ha gestado en torno a la posición del gobierno de rechazar el juzgamiento de Pinochet en otro país y exigir su pronto regreso a Chile.
Los partidarios de Pinochet iniciaron una campaña de viajes a Londres con vuelos contratados para que unas 500 personas expresen allí a partir del próximo fin de semana su respaldo al ex dictador.
El Partido Comunista, que encabeza la pequeña oposición de izquierda al gobierno, apoyó a los 11 diputados socialistas y envió a su vez el miércoles una carta al actual comandante en jefe del Ejército, general Ricardo Izurieta.
Los comunistas plantean en esa misiva que debe hacerse cambios de fondo a la Constitución, para terminar con el papel "tutelar" de las Fuerzas Armadas y reformar la justicia mediante plebiscitos populares.
La Comisión de Derechos Humanos del Senado, en tanto, llegó el miércoles a un acuerdo preliminar sobre reformas legales para facilitar la ubicación de los restos de unos 1.500 detenidos- desaparecidos.
La fórmula propuesta consistirá en que los jueces deberán llevar los procesos por desapariciones forzadas hasta agotar las gestiones de ubicación de las víctimas y sólo resolverán sobre la aplicación de las leyes una vez completada la investigación.
Los magistrados podrán citar, siempre en reserva, a ex agentes represivos o informantes, pero, en lo que representa una innovación, podrán encausarlos por falso testimonio u obstrucción a la justicia si mienten en sus declaraciones.
El senador socialista José Antonio Viera-Gallo, miembro de la comisión, puntualizó que en ningún caso el acuerdo prevé la derogación de la ley de amnistía que el régimen de Pinochet expidió en marzo de 1978. (FIN/IPS/ggr/mj/hd ip/98
