Las autoridades de Puerto Rico promueven la construcción de infraestructura turística en el pueblo Bahía de Boquerón, en Cabo Rojo, localidad anualmente visitada por un millón de extranjeros.
El plan presupone la edificación del Boquerón Marina y Beach Resort, un suntuoso complejo de 50 residencias destinadas al turismo, equipada cada una con muelle privado para yates.
La organización comunitaria Caborrojeños Pro Salud y Ambiente (CPSA) salió al paso de esos planes, argumentando que no tienen em consideración factores ambientales ni el bienestar de los habitantes de la zona.
La inquietud de CPSA fue desoída incluso cuando alegó que las construcciones proyectadas destruirían manglares y pantanos.
Los opositores entienden que el proyecto es violatorio de leyes locales y estadounidenses, y perjudicial para la ecología, la salud pública y la economía de la localidad. Como alternativa, propusieron planes de ecoturismo respetuosos del ambiente y soluciones ocupacionales para los pobladores.
Puerto Rico ha perdido 75 por ciento de sus manglares, y los restantes se emcuentran amenazados por proyectos ávidos de aprovechar la costa, razonó la organización.
"El proyecto carece de propósito social, es sólo recreación para las elites capaces de pagar el costo de las residencias, que costarán 458.000 dólares. Las personas que perdieron su vivienda por el huracán Georges, en septiembre, nunca podrán instalarse allí", dijo el presidente de la CPSA, Efrén Pérez.
Por otro lado, el departamento de recursos naturales detectó la presencia de coliformes fecales y residuos de cloro en las aguas de Bahía Boquerón, como consecuencia de la contaminación procedente de una laguna cercana sometida a fuerte impacto ambiental.
La laguna Boquerón es hábitat de manatíes y numerosas especies de aves, pero es contaminada por aguas residuales, los motores de vehículos acuáticos y agrotóxicos.
La CPSA dijo que los residuos de alcantarillado proceden de plantas de tratamiento de aguas desbordadas, que reciben un volumen de desechos siete veces superior a su capacidad de respuesta.
La motonáutica se ha convertido en motivo de deforestación de manglares y nueva fuente contaminante de la laguna, debido a la filtración de aceite y combustible. Así mismo, los manatíes suelen ser embestidos por estos vehículos.
A pesar de no haber conseguido impedir el proyecto hasta el momento, la CPSA no pierde esperanzas, estimulada por un éxito. Por iniciativa de la organización, las autoridades han declarado territorio protegido al faro de Cabo Rojo y su espacio circundante.
El faro fue construido en 1882, durante el período colonial español hasta que, descuidado por las autoridades, se deterioró por obra de vándalos. La CPSA impulsó la creación de una fundación especialmente dedicada a restaurar esa edificación histórica.
La fundación obtuvo recursos del Estado para la restauración del faro, una tarea que incluye la habilitación de senderos para peatones y ciclistas, torres para la observación de aves y una biblioteca.
La zona aledaña al faro posee gran importancia ambiental, pues recibe aves migratorias procedentes de Canadá. Los especialistas ya han identificado 118 especies de pájaros en el área.
"No somos partidarios del enfrentamiento, sino que deseamos a tener las mejores relaciones con los organismos del Estado. Pero estamos obligados a denunciar a las autoridades cuando se equivocan", afirmó la bióloga Griselle Rodríguez, integrante de la CPSA. (FIN/IPS/tra-en/cr/cb/lc/nc-ff/en/98
