/BOLETIN-AMBIENTE/

El Parque Nacional Lauca, principal santuario de la naturaleza en el extremo norte de Chile, podría ser despojado de un tercio de su superficie en beneficio de explotaciones mineras, denunciaron grupos ecologistas, sociales e indígenas.

Las organizaciones exhortaron al presidente Eduardo Frei a que no firme un decreto supremo por el cual se excluye del área protegida del parque a 43.361 hectáreas, donde se argumenta que no hay presencia "significativa" de flora y fauna.

El Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, una organización no gubernamental (ONG) con sede en Santiago, subrayó el lunes pasado que el santuario natural sería mutilado en un tercio de su tamaño si se da curso al decreto.

Otras ONG que se sumaron a la denuncia son la Corporación Norte Grande, el Servicio Paz y Justicia, la Fundación para el Desarrollo y la Asociación Aymara de Arica, ciudad a 2.050 kilómetros al norte de Santiago.

El Parque Nacional Lauca, identificado con el río del mismo nombre, está en la provincia de Parinacota, fronteriza con Perú y Bolivia, unos 2.000 kilómetros al norte de Santiago, y tiene como principal atractivo al lago Chungará.

Esta formación lacustre, situada a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, es una de las más altas del mundo y alberga una rica fauna de flamencos, gaviotas andinas y otras aves, además de peces y anfibios.

El parque contiene igualmente la mayor población de vicuñas del paí s, junto a otros auquénidos, como llamas, guanacos y alpacas, además de chinchillas, un roedor típico del altiplano en peligro de extinción.

Los zorros, ñandúes (avestruces sudamericanos) y cóndores son otras especies que encuentran su hábitat tanto en las áreas altiplánicas como montañosas del Parque Nacional Lauca.

La decisión de desafectar un tercio del territorio del parque favorecerá a compañías mineras interesadas en explotar recursos de la zona en un sector donde podrían contar con agua, producto escaso en el norte de Chile.

La inversión minera es uno de los mayores rubros de atracción de capitales externos en las tres primeras regiones del país, que contienen ricas reservas de cobre, molibdeno, oro, plata, sulfatos y yodo, además de salitre natural.

Las ONG dijeron que el argumento de una falta de presencia significativa de flora y fauna en el área que se excluiría del parque no está fundamentado y significaría un atropello.

"Actualmente se encuentra en desarrollo un estudio científico que tiene precisamente el objetivo de entregar los antecedentes requeridos para redefinir, sobre una base objetiva, las áreas silvestres protegidas de la provincia de Parinacota", dijo Lucio Cuenca, del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales.

Las organizaciones aclararon que este estudio fue encargado en septiembre a la Universidad de Chile por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), organismo a cargo de los parques nacionales, y sus resultados recién se conocerán en marzo de 1999.

La decisión de llevar a cabo ese estudio fue fruto de un acuerdo entre Conaf y el gobierno de la primera región de Tarapacá, para enfrentar problemas derivados del uso de su territorio con objetivos productivos.

"Sin embargo, el gobierno, haciendo tabla rasa de ese acuerdo, definió ya de qué parte de su territorio el parque deberá ser despojado, considerando exclusivamente intereses mineros", comentó Cuenca.

"Pensamos que esta forma de proceder impide encontrar un equilibrio entre el desarrollo de actividades económicas y la imprescindible preservación de la base de cualquier desarrollo: nuestro medio ambiente", señalaron las ONG en una declaración pública.

"No es la primera vez -agregaron- que el gobierno adopta este tipo de decisiones, a puertas cerradas, pasando por alto a las propias instancias públicas y ciudadanas que deberían pronunciarse, y mirando sólo al beneficio de determinados intereses económicos".

"Aún estamos a tiempo de evitar un nuevo atentado en contra del patrimonio ambiental de las actuales y futuras generaciones", indicaron los dirigentes que pidieron a Frei que se abstenga de firmar el polémico decreto. (FIN/IPS/ggr/en/98

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