Jorge Acosta, ex jefe de inteligencia de la Armada, es el séptimo alto militar detenido por secuestro de niños en la última dictadura en Argentina (1976-1983), y se prevén nuevas detenciones para los próximos meses.
Acosta fue uno de los responsables directos de la represión ilegal en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), un centro de detención y torturas por el que pasaron unos 5.000 detenidos luego desaparecidos, y donde se produjeron alumbramientos de prisioneras embarazadas.
El militar solía repetir ante los detenidos que él era allí el "dueño de la vida y la muerte" de quienes estaban bajo su custodia, la mayoría de los cuales fueron arrojados vivos al mar desde aviones militares.
Además de Acosta, quien se entregó el martes, ya fueron arrestados el ex jefe del Ejército y ex presidente Jorge Videla y el ex jefe de la Armada Emilio Massera, dos ex comandantes condenados a cadena perpetua en 1985 por graves violaciones de derechos humanos y liberados por el indulto presidencial en 1990.
También están bajo arresto el contralmirante Jorge Suppicich, ex jefe de la ESMA, el almirante Rubén Franco, ex comandante de la Armada, el vicealmirante Antonio Vañek, ex jefe de Operaciones Navales, y el prefecto Héctor Febres, quien, según testigos, era el encargado de comprar ropa a los recién nacidos.
Se aguarda para 1999 la declaración de otros dos ex jefes militares citados por la justicia que podrían quedar detenidos.
Se trata del último comandante del Ejército de la dictadura, Cristino Nicolaides, y del último presidente de ese período, Emilio Bignone, quien entregó la banda presidencial a Raúl Alfonsín en 1983.
La asociación Abuelas de Plaza de Mayo, que actúa como denunciante en el proceso, investiga hace 21 años el destino de unos 400 niños secuestrados o nacidos en cautiverio, de los cuales más de 50 fueron encontrados, algunos de ellos viviendo con militares que los adoptaron de forma ilegal.
El secuestro de menores no había sido considerado un delito sistemático de los dictadores cuando fueron juzgados en 1984. Por lo tanto, los denunciantes consideran que el indulto no alcanzó a esos crímenes, por los cuales deben ser procesados y condenados.
Acosta, que estuvo detenido cinco meses en los años 80 y luego fue liberado por las leyes de amnistía, es un símbolo de la represión ilegal. Su nombre está vinculado con el secuestro de la joven sueca Dagmar Hagelin y el asesinato del escritor Rodolfo Walsh, entre otros casos resonantes.
En cuanto a la causa por la que fue citado este mes, el detenido negó que hubiese existido un plan sistemático para proceder con los menores secuestrados, tal como intenta demostrar la fiscalía.
El juez español Baltasar Garzón, que investiga la desaparición de unos 330 ciudadanos españoles durante la dictadura en Argentina, pidió a Interpol la detención de Acosta, lo que le limitó sus posibilidades de viajar al exterior cuando la justicia argentina lo citó a declarar a mediados de mes.
El juez Adolfo Bagnasco dijo este miércoles que Acosta, destituido el martes de la Armada por haber estado 15 días prófugo, está colaborando con la causa, dando nombres, fechas y datos relevantes sobre los responsables de la sustracción de menores y el cambio de su identidad.
Hasta el momento, Acosta dijo desconocer los casos de tortura, aseguró que los menores eran entregados a sus familiares y declaró ser víctima de una persecución procedente de lo que identificó como "centros del odio" vinculados con la disuelta organización guerrillera Montoneros.
Sin embargo, luego de ser desituido, el ex jefe militar señaló a sus superiores como supuestos responsables de la separación de los menores de sus madres, y de su entrega en adopción ilegal a miembros de las Fuerzas Armadas.
La detención de Acosta es parte de una ola de arrestos que comenzó a mediados de 1998, cuando la causa iniciada por las Abuelas de Plaza de Mayo en busca de los autores mediatos del secuestro de menores avanzó.
La primera captura causó verdadera conmoción en la opinión pública local e internacional. Se trató de Videla, presidente de la junta que asestó el golpe de Estado de 1976, detenido en junio por orden del juez por secuestro de menores.
Tras un mes en una cárcel común, Videla fue beneficiado con el arresto en su domicilio por tener más de 70 años. Lo mismo sucedió con Massera, Suppicich y Vañek. En cambio Franco, Febres y ahora Acosta están en prisión. (FIN/IPS/mv/mj/hd/98
