La puesta en funcionamiento del Tribunal Penal Internacional (TPI), cuya creación fue acordada en Roma en julio, insumiría entre tres y cinco años y será dificultosa por la oposición de Estados Unidos, dijeron expertos de Holanda.
El tribunal se radicará en La Haya, pero aún no se sabe cuántos estados ratificarán su estatuto. Para que comience a operar se requiere la ratificación de 60 estados. China, Estados Unidos e India ya adelantaron que no lo apoyarán.
"Los negociadores estadounidenses se quejaron de que no hay suficientes garantías de que ciudadanos de su país no sean procesados. Incluso dijeron que presionarán diplomáticamente contra la ratificación del estatuto", informó Theo van Boven, jefe de la delegación holandesa en la Conferencia de Roma.
Sin embargo, Van Boven dijo que espera que Washington adhiera finalmente al estatuto aprobado el 17 de julio, como ocurrió en el pasado con otros instrumentos internacionales de defensa de los derechos humanos.
Sin el apoyo estadounidense será difícil financiar el tribunal, lograr el respaldo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y reunir la información de inteligencia para llevar evidencias a la corte, indicó.
La semana pasada, el municipio de La Haya y la Asociación Holandesa de Asuntos Internacionales organizaron un debate sobre el futuro del TPI, comparándolo con el tribunal de crímenes en la ex Yugoslavia, también radicado en esa ciudad.
"El de Yugoslavia fue establecido por resolución del Consejo de Seguridad. El TPI nace de un tratado internacional. Los crímenes que competen a ambos son casi los mismos, pero el TPI hará énfasis en el genocidio, los crímenes de guerra y de lesa humanidad", dijo Graham Blewitt, fiscal del tribunal yugoslavo.
"El tribunal yugoslavo tiene supremacía sobre cortes nacionales, pero el TPI será complementario de éstas", explicó.
Los fiscales del TPI no tendrán potestad para iniciar investigaciones, excepto cuando un caso les sea derivado por el Consejo de Seguridad de la ONU, un aspecto establecido en Roma en virtud de la presión de organizaciones no gubernamentales.
Muchos creen que esos fiscales no tendrán completa libertad de acción.
A diferencia del tribunal que trata los crímenes en la ex Yugoslavia, el TPI no podrá hacer "acusaciones cerradas", que permiten arrestar a los sospechosos cuando se teme que pueden fugarse al saber que hay un caso legal en su contra.
El TPI dependerá de la cooperación estatal.
"Si un estado no desea procesar, ¿deseará cooperar con el TPI en un mismo caso?" planteó Van Boven.
"No obstante, el estatuto surgido en Roma tiene muchos aspectos positivos: define los crímenes de lesa humanidad por primera vez, enfatiza que los crímenes de guerra se cometen también durante guerras civiles y contiene provisiones sobre la reparación a las víctimas", dijo.
"Y no se permite a los estados tener reservas sobre el estatuto, lo cual le da más fuerza", agregó.
El TPI "será una institución de último recurso", ya que no tratará todos los crímenes de lesa humanidad y tomará cierto tiempo para que opere eficientemente, estimó Van Boven.
Blewitt indicó que una vez que esté funcionando, este tribunal será un fuerte elemento de disuasión para quienes planeen cometer crímenes de lesa humanidad.
Aún no es clara cuál será la relación entre el TPI y los tribunales creados especialmente para la ex Yugoslavia y Ruanda.
"No hay duda de que mucha gente de nuestro tribunal se cambiará al TPI, que es permanente, pues la carrera profesional en los tribunales especiales no es muy estable", indicó Blewitt.
"Esto es un problema para el tribunal yugoslavo, pero el TPI se beneficiará de la experiencia adquirida por esas personas", agregó.
"Durante décadas, el derecho humanitario internacional era un tema de interés académico solamente. Me alegra ver que finalmente llegó el momento en que hay quienes lo practican", comentó. (FIN/IPS/tra-en/mm/di/mj/hd/98
