El gobierno de Suriname está enfrentado con dos comunidades del interior del país que reclaman su derecho a ocupar las tierras donde viven, las mismas donde inversionistas extranjeros obtuvieron concesiones para la minería.
Uno de los pueblos, Nieuw Koffie Kamp, está situado justo en medio de una mina de oro que las empresas Golden Star Resources de Estados Unidos y Cambior Inc. de Canadá esperan comenzar a explotar tan pronto mejore el precio de este metal en los mercados.
Pero hay un detalle: los 4.000 habitantes pertenecientes a la minoría maroon no quieren irse de ese lugar, donde fueron reubicados en la década de los 60, cuando sus tierras ancestrales resultaron inundadas por un proyecto hidroeléctrico.
En esa época, los administradores holandeses que aún gobernaban Suriname les prometieron ubicarlos en un nuevo lugar, y eso fue lo que hicieron. Además, prometieron dotarlos con servicios modernos, pero eso no ocurrió nunca.
Ahora, los residentes de Nieuw Koffie se niegan a escuchar las propuestas de un nuevo traslado.
El segundo conflicto involucra a la empresa Suralco, subsidiaria de la estadounidense Alcoa. Hace 10 años, la compañía obtuvo una concesión para explotar el territorio de Adjoema Kondre, una aldea situada unos 90 kilómetros al este de Paramaribo, a orillas del río Cottica.
Los residentes de Adjoema Kondre abandonaron el lugar en 1986 para escapar de los combates entre tropas del gobierno y grupos subversivos, que duraron cinco años y dejaron un saldo de más de 500 muertos.
Cuando regresaron desde la vecina Guyana Francesa en 1991, descubrieron que Suralco ya había obtenido la concesión para explotar bauxita, pese a que los pobladores insistieron en que el área quedó deshabitada solamente a causa de la guerra.
En la actualidad, Suralco realiza sus actividades de minería, argumentando que tiene derecho a hacerlo pues el gobierno le otorgó la concesión.
El principal grupo de derechos humanos de Suriname, Moiwana 86, inició negociaciones con Suralco en busca de un acuerdo para que esa empresa asuma su responsabilidad con los pobladores y evite operar cerca del pueblo, con el fin de que se infraestructura permanezca intacta.
Pero estas negociaciones no han variado la opinión del gobierno. La ministra regional Yvonne Raveles dijo que los pobladores deberán mudarse para dar paso al desarrollo.
"Lo lamento mucho, pero esas personas viven en la concesión otorgada a Suralco", dijo Raveles, quien sin embargo reconoció que el pueblo existía allí 200 años antes de la llegada de la minería. "Es un problema complejo".
"Pero se trata de terrenos del Estado, no se olviden que ninguno de los habitantes del pueblo tenía títulos de dominio ni ningún otro tipo de documento. Ahora estamos trabajando para resolver el tema de los títulos", añadió la ministra.
Defensores de los derechos humanos consideran que la actitud del gobierno es reveladora de su posición frente a los conflictos de tierras. "Suriname es el único país de Sudamérica donde no existe ninguna ley que proteja a los indígenas", denunció Jan van Ewijk, de Moiwana 86.
Raveles justificó esa posición diciendo que la necesidad de inversiones de Suriname es muy grande. Añadió que el gobierno está dispuesto a reubicar a las comunidades para permitir el desarrollo de proyectos, con el compromiso de trasladarlos a asentamientos con infraestructura moderna.
"En este momento negociamos la reubicación con los pobladores, y me hago responsable por el cumplimiento de nuestras promesas, pues el incumplimiento en el pasado generó numerosos problemas, entre ellos la desconfianza de la gente", dijo Reveles.
"Ahora les presentamos un plan respaldado por certificados de la tierra donde podrán construir casas adecuadas, en vez de vivir en esas pequeñas cajas", agregó.
Las "pequeñas cajas" serían las chozas decoradas con motivos africanos, típicas de los habitantes del río Cottica, así como de aquellos que vivían en los terrenos inundados por la hidroeléctrica que dio origen a Nieuw Koffie.
Los habitantes de estos dos pueblos son maroons, descendientes de personas que huyeron de la esclavitud en los siglos XVI y XVII para formar comunidades independientes junto a los ríos del interior. Desde allí resistieron a las tropas coloniales hasta que los holandeses se vieron obligados a pactar con ellos, en el siglo pasado.
Los maroons y otros indígenas que viven en el interior de Suriname y componen 10 por ciento de los 442.000 habitantes de este país tienen continuas disputas con el gobierno a causa de los derechos de tierras.
Las presiones de grupos como Moiwana 86 consiguieron que el gobierno se ocupe del tema. Una comisión presidida por el conocido abogado Chas Mijnals trabaja en un proyecto para resolver este problema, con asesoría de la Organización de Estados Americanos.
Dentro de algunos meses, la comisión presentará un informe al parlamento. Pero hay cierto escepticismo sobre el futuro de esta estrategia, pues el gobierno no tiene la mayoría necesaria para lograr la aprobación de sus proyectos en el legislativo.
Mientras, el proceso de reubicación es complejo. "Sabemos que los pobladores juraron no abandonar sus hogares, y éste es un compromiso muy serio en el caso de los maroons. Romper un juramento genera un grave problema cultural", comentó Raveles. (FIN/IPS/tra-en/bw/kb/lc-ml/pr/98
