Miles de sospechosos del genocidio de 1994 en Ruanda sobre los que no hay documentación judicial serán pronto liberados por una decisión del gobierno de este pequeño país africano.
El Ministerio de Justicia subrayó que la medida no implica una amnistía, mientras sobrevivientes del genocido advirtieron que asesinos reconocidos generarán nuevas matanzas si recuperan la libertad.
En 1994 hasta un millón de personas, en su mayoría pertenecientes a la etnia minoritaria tutsi, y hutus moderados fueron masacrados por milicias hutu conocidas como Interahamwe ("los que luchan juntos" en lengua kinyarwanda).
El presidente de la Asociación de Abogados Defensores de Ruanda, Frederic Mutagwera, aunque defiende en las cortes a sospechosos de las masacres, fuera de ellas lucha por los derechos de quienes sobrevivieron al genocidio.
Aunque acepta que muchos de los 130.000 sospechosos de genocidio detenidos en prisiones del país pueden ser inocentes, Mutagwera destaca que la preocupación por las condiciones de vida de los prisioneros y sus derechos legales complica la situación.
"Es criminal que no haya papeles para personas que están encarceladas hace cuatro años. Pero se olvida que nada se ha hecho por la gente que sufrió el genocidio, perdió a sus familias y sus viviendas, y ahora tiene que convivir con esta gente nuevamente en libertad", dijo Mutagwera.
Aunque el gobierno sugirió que los programas de liberación masiva comenzarían a principios de noviembre, las autoridades aún no anunciaron fechas, ni la cantidad de prisioneros a ser liberados.
Algunos ministros subrayaron que hasta 30.000 detenidos podrían ser liberados, pero un funcionario de la fiscalía general dijo en Kigali que sólo 500 nombres fueron enviados para la liberación en la capital, dividida en 14 comunas.
El ministro de Justicia, Faustin Nteliyayo, destacó que la liberación no implica una amnistía, y que los prisioneros deberán regresar a las áreas de residencia antes del genocidio. Si son identificados por testigos, serán elegibles para un nuevo término en prisión.
"Es posible que muchas personas retornen a la prisión rápidamente", dijo un funcionario en Kigali.
Ntezilyayo admitió que el gobierno está bajo presión para reducir la población carcelaria, pero afirma estar dispuesto a no tomar decisiones apresuradas.
"Habrán pasado cuatro años desde el genocidio, pero aún es demasiado pronto para liberar a estas personas. La decisión no puede venir sólo de las autoridades, tiene que provenir de la sociedad", replicó Mutagwera.
El semanario en inglés The New Times, en general considerado partidario del gobierno, publicó recientemente información sobre supuestas diferencias entre el Ministerio de Justicia y fiscales que trabajan en casos de genocidio.
El diario citó a fiscales según quienes algunos documentos desaparecieron misteriosamente y varios prisioneros fueron transferidos sin que la fiscalía fuera informada. (FIN/IPS/tra-en/cs/mn/lp/hd ip/98
