La Iglesia Católica y organizaciones no gubernamentales (ONG) de Colombia exigieron a la guerrilla izquierdista el acatamiento del derecho humanitario, al condenar un ataque de los insurgentes que causó más de 100 muertos, entre soldados, policías y civiles.
El presidente de la Conferencia Episcopal, que reúne a cerca de 80 obispos católicos, Alberto Giraldo, expresó su solidaridad con la comunidad de Mitú, capital del departamento de Vaupés, 530 kilómetros al sudeste de Bogotá, la más afectada por el ataque insurgente del domingo.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) mantenían este martes el control de Mitú, una localidad amazónica de 15.000 habitantes, tras destruir la pista de aterrizaje, edificios públicos, la estación de policía y varios comercios.
"La población civil es la que lleva la peor parte en el conflicto armado, que se ha degenerado en la forma en que el país entero conoce", dijo Giraldo a IPS.
En esta etapa, previa al diálogo entre la insurgencia y el gobierno, "se han perdido muchas vidas y se ha hecho mucho daño a obras de infrestructura" imprescindibles para la población, señaló el obispo.
Cuando está próximo el comienzo de las conversaciones para resolver el conflicto, las partes quieren hacer una demostración de fuerza. Pero "el país entero y la comunidad internacional esperarían gestos de paz de unos y otros", agregó.
Ana Bernal, presidenta de la Red de Iniciativas para la Paz (Redepaz), compuesta por unas 30 ONG, pidió un alto al fuego "que demuestre que hay verdadera voluntad para dialogar".
Redepaz participó en julio en la organización de la Asamblea por la Paz, que pidió al gobierno y a los grupos armados la firma de un acuerdo humanitario para proteger a la población civil atrapada en los combates.
La organización Human Rigths Watch (HRW), de Washington, afirmó que en Colombia se registran a causa del conflicto armado las mayores violaciones al derecho internacional humanitario, entre una generalizada impunidad de los responsables.
La guerra colombiana "no tiene campos de batalla determinados ni refugios seguros" para la población civil, advirtió HRW en la primera semana de octubre.
Las cifras de HRW indican que durante 1997 murieron en combate 1.250 personas entre combatientes y no combatientes, y 2.183 civiles fueron asesinados por motivos políticos.
La Cruz Roja, única organización a la que los insurgentes han permitido la entrada para evacuar los heridos, informó que la guerrilla bombardeó el domingo la estación de policía y sus alrededores "aproximadamente durante 13 horas".
Teddy Tormbaum, presidente de la Cruz Roja en el departamento del Meta, que logró llegar en una avioneta hasta una pista improvisada cercana a Mitú, dijo que cerca de 80 agentes (de 130 que defendían esa estación) y 10 civiles resultaron muertos.
Según Tormbaum, en el ataque también resultaron destruidas la escuela, la farmacia del Hospital y las torres de telecomunicaciones.
Un parte interno de guerra interceptado a las FARC asegura que fueron 130 los policías muertos en Mitú y que el ejército y la policía tuvieron otras 28 bajas en un contraataque lanzado el lunes.
Mientras, las FARC tuvieron cinco muertos y 15 heridos, según la versión de los guerrilleros.
Pero este martes, el comandante de las Fuerzas Armadas, general Luis Fernando Tapias, dijo que no hay cifras oficiales de muertos y que sólo se tendrán cuando las tropas logren el pleno control de la localidad.
Tapias comentó que el ejército no enfrentó de manera directa a los insurgentes para evitar más víctimas entre la población civil.
Las FARC atacaron Mitú pocos días antes de la finalización del repliegue militar de cinco muncipios del sudeste, una condición de esa fuerza guerrillera para el comienzo de las negociaciones de paz.
El retiro del ejército de un área de 43.000 kilómetros cuadrados, que representan 3,7 por ciento de la superficie de Colombia, terminará este sábado, según previsiones oficiales.
El comisionado presidencial para la paz, Víctor Ricardo, aseguró que las últimas operaciones de los guerrilleros no impedirán el diálogo, pues desde el comienzo de los contactos entre las partes se convino en que las conversaciones se llevarán a cabo en medio de la guerra.
Una guerra de más de cuatro décadas no puede solucionarse "por decreto" sino con diálogo y negociación, señaló Ricardo.
El ataque fue condenado este martes también por el presidente del Congreso, Fabio Valencia, del Partido Conservador, quien indicó que "no es matando a la población civil como la insurgencia llegará más fuerte a la mesa de negociación". (FIN/IPS/yf/ff/ip hd/98
