La reticencia de Perú a suscribir la creación del Tribunal Penal Internacional (TPI), acordada en Roma en julio, es una muestra de la irritación que causa al gobierno de Alberto Fujimori las críticas que recibe en materia de derechos humanos, según activistas.
Lima decidió postergar la firma del estatuto esta semana, en coincidencia con la visita de la Comisión Intermericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, según trascendió.
El gobierno de Fujimori es uno de los mas cuestionados en América Latina en relación con los derechos humanos. La CIDH investiga denuncias de violaciones a los derechos civiles, falta de independencia del Poder Judicial y de trato inhumano a presos por subversión procesados por jueces sin rostro.
El canciller Fernando de Trazegnies, designado a mediados de octubre, expresó este jueves que "la decisión de suscribir o no" a la constitución del TPI "aún no está tomada y se encuentra en estudio".
El TPI, una iniciativa de las Naciones Unidas, se encargará, una vez que se establezca en La Haya, de juzgar delitos contra la humanidad, genocidio y crímenes de guerra. Su existencia hubiera resuelto el conflicto jurídico surgido en las últimas semanas en torno al ex dictador chileno Augusto Pinochet.
La creación del TPI contó con el voto a favor de los representantes de Perú a la conferencia celebrada en Roma en julio.
Sofía Macher, integrante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, expresó este jueves que la decisión del gobierno peruano de posponer la fecha de la firma "es un retroceso y podría considerarse una actitud pro-genocida".
"Algunos sectores militaristas han influido para que Perú posponga la firma de los estatutos, cosa que contradice la voluntad que dice tener el gobierno de Fujimori de respetar y hacer respetar los derechos humanos", comentó Miguel Jugo, de la Asociación Pro Derechos Humanos.
Perú participó en las deliberaciones desarrolladas en Roma para constituir el TPI. Su embajadora en Italia, Ana María Deustua, fue autorizada por el anterior canciller, Eduardo Ferrero, a firmar el documento, pero luego recibió orden de no hacerlo.
El estatuto del TPI fue trasladado en octubre de Roma a Nueva York, donde continúa el proceso de firma por parte de los representantes de los gobiernos, pero Deustua continúa en la capital italiana y no fue designado en su lugar otro funcionario que suscriba el documento en nombre de Perú.
El último lunes, el mismo día en que trascendió en Lima la decisión del gobierno de postergar la firma del estatuto del TPI, el arzobispo católico Luis Cipriani, muy ligado al presidente Alberto Fujimori, afirmó que existía una campaña internacional para desacreditar al gobierno.
Por otro lado, uno de los miembros de la mayoría oficialista en la Comisión de Justicia del Congreso legislativo presentó un proyecto de ley que en la práctica quitará jurisdicción en Perú al TPI y a otros organismos internacionales similares, como la Corte Interamericana de Justicia.
El legislador Anselmo Revilla propuso que las sentencias dictadas por organismos jurisdiccionales extranjeros o internacionales referidas a Perú deben ser revisadas por la Corte Suprema de Justicia nacional, que evaluará su constitucionalidad.
Cipriani aludió a la visita de la CIDH al declarar que "en Perú se respetan los derechos humanos" y al criticar a las organizaciones internacionales que, en su opinión, "se preocupan de la situación de los terroristas presos pero no tienen en sus víctimas".
"Me fastidia tanta dedicación a los subversivos presos y que no tengan ninguna a los huérfanos ni a las viudas de los miles de campesinos victimados por la subversión en Perú", dijo.
Respecto de las amenazas de muerte recibidas por los miembros de esta Comisión de la OEA (Organización de Estados Americanos) para que se abstuvieran de investigar los casos denunciados en Perú, Cipriani expresó que le parecía una patraña montada por la oposición para desacreditar al gobierno de Fujimori.
La CIDH se reunió el lunes en el Palacio de Gobierno con Fujimori, quien se comprometió a investigar las amenazas teléfonicas de muerte formuladas contra algunos de sus miembros cuando preparaban la visita a Perú.
El mandatario también se ofreció a investigar las amenazas contra periodistas que efectuaron denuncias sobre violaciones de derechos humanos de las que se acusa a personal de los Servicios de Inteligencia del Ejército (SIE).
Fujimori invitó ese día a tres miembros de la CIDH a acompañarlo en una corta visita a Ayacucho, ciudad de la sierra sur central que en la década pasada fue foco de la violencia política y de la insurgencia guerrillera.
El mandatario y la Comisión de la OEA visitaron el penal de Yanamilla, donde cumplen penas de prisión alrededor de 70 personas acusadas de terrorismo.
La mayoría de los presos que cumplen condenas por "traición a la Patria" (terrorismo) fueron sentenciados por tribunales militares o civiles constituidos por jueces enmascarados, a quienes se acusa de no respetar el debido proceso y el derecho a la defensa.
Desde el 12 de agosto de 1992, cuando se promulgaron leyes extraordinarias de represión del terrorismo, fueron sentenciados por ese delito 1.767 dirigentes y militantes del partido maoísta Sendero Luminoso y del marxista Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA).
Otros 538 detenidos en encuentran presos sin sentencia, en fase de investigación judicial.
En estos seis años últimos, 152 acusados de terrorismo fueron condenados a 30 años de cárcel, 86 recibieron penas de 25 años, 108 fueron condenados a 20 años, 40 cumplirán penas de 15 años y cuatro de 10 años de cárcel.
Entre los presos figuran Abimael Guzman, máximo lider y fundador de Sendero Luminoso, así como la mayoría de los miembros del Comité Central de su partido, y Victor Polay Campos, jefe del MRTA.
Ambos cumplen prisión en la Base Naval del Callao, en celdas de dos metros de largo por 1,8 metros de ancho, duermen en una tarima de concreto y reciben la comida a través de un agujero de 30 centímetros en una puerta de hierro, según el testimonio de la madre de Polay a la Comisión de la OEA.
Otros dirigentes subversivos se encuentran presos en las cárceles de Yanamayo y Challapalca, situadas en la sierra meridional, a entre 4.000 y 5.000 metros de altura sobre el nivel del mar.
Un miembro de la CIDH, en directa respuesta al obispo Cipriani, expresó que "verificar que se respeten los derechos humanos no significa simpatizar con los terroristas ni con los criminales".
Mientras, en Lima, otro grupo de la Comisión de la OEA realizó numerosas entrevistas con representantes de organizaciones no gubernamentales y con familiares de presos y de víctimas de la represión oficial. (FIN/IPS/al/mj/hd/98
