Una huelga nacional signará este miércoles los primeros 100 días de Raúl Cubas al frente del gobierno de Paraguay, acosado también por la hostilidad del parlamento y el Poder Judicial y por protestas campesinas.
Pocas horas antes de soportar la primera huelga nacional de su período, Cubas, quien se dirigirá a la ciudadanía por cadena de radio y televisión, dijo a las organizaciones empresariales que desconocía las razones de la protesta, precedida por protestas campesinas y huelgas en hospitales públicos.
Los sindicatos se oponen a los recortes presupuestales, proyectos de privatización y los ataques a comunidades campesinas sin tierra que organizarán varios cierres de ruta en el interior durante el día.
De todos modos, Cubas tiene dificultades para aprobar en el parlamento las reformas económicas que pretende, pues sólo cuenta con 29 de los 80 diputados, quienes, de todos modos, no responden al presidente sino a su padrino político, el general retirado Lino Oviedo.
Los sindicatos respaldan el juicio político al presidente, junto con la oposición y la mitad del gobernante Partido Colorado que lidera el vicepresidente Luis María Argaña.
Mientras, pende sobre Oviedo la posibilidad de volver a la cárcel, pues la Corte Suprema de Justicia considera la invalidación de la conmutación de la pena por la rebelión militar que encabezó en 1996 dispuesta por Cubas.
El comandante de la Policía Nacional, Niño Trinidad, advirtió este martes que reprimirá a los huelguistas que pretendan impedir la concurrencia a sus puestos de los trabajadores que no acaten la convocatoria a huelga.
Aunque la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio pidió a Cubas garantías para que sus negocios transcurran con normalidad, los propietarios de ómnibus ya anunciaron que no los pondrán en la calle como forma de protegerlos.
Un ómnibus fue incendiado en una huelga anterior en un atentado que terminó con la vida del conductor y una pasajera, crimen por el cual permanencen encarcelados dos sindicalistas que, según sus compañeros, son inocentes.
Mientras, un paro de quince días afecta a los hospitales capitalinos del Instituto de Previsión Social (IPS), ente que el gobierno desea privatizar y en el que no pudo cumplir con los aumentos acordados a los funcionarios.
El ministro de Hacienda, Gerardo Doll, admitió el lunes que el Tesoro no cuenta con fondos ni para pagar los sueldos de los 150.000 funcionarios de este mes, ni para abonar sus aguinaldos.
Para poder pagar en diciembre 25 millones de dólares en bonos internos de 1996, el gobierno espera que se concrete una emisión de 400 millones en bonos externos que el Senado debería aprobar y que luego se lanzarían en Wall Street, bajo el patrocinio del Chinatrust Bank, de Taiwan.
Paraguay es el único país de América del Sur que mantiene relaciones con Taiwán, a cambio de lo cual obtuvo respaldo económico ese país para firmar créditos por 90 millones de dólares.
Economistas independientes paraguayos estiman que será muy difícil que se consiga antes de un mes los fondos necesarios para devolver depósitos a 170.000 ahorristas defraudados por 43 entidades financieras caídas desde 1995.
Cubas destacará en cadena nacional este miércoles como sus mayores logros la exclusión de Paraguay de la lista en la que Estados Unidos estampa a los países que prestan escasa colaboración en materia de piratería de marcas y un acuerdo de legalización de paraguayos en Argentina.
El presidente también se congratulará por importantes recortes a los gastos presupuestales y el aumento en la recaudación, aunque se vería obligado a postergar pagos por más de 120 millones de dólares para el próximo ejercicio.
Mientras, proveedores del Estado y constructores de edificios o caminos deben conformarse con bonos como medio de garantizarse algún cumplimiento del Estado.
La semana anterior, un grupo de campesinos sin tierra incendiaron dos viviendas y un puesto policial en Antebi Cué, predio expropiado por el Poder Legislativo a un latifundio improductivo ubicado al norte, luego de que parapoliciales pagados por los ex propietarios asesinaron a un campesino.
El fiscal general del Estado, Aníbal Cabrera Verón, el presidente del Instituto de Bienestar Rural, Hugo Halley Merlo, y el obispo de la diócesis de Concepción, monseñor Juan Bautista Gavilán, formaron una comisión para negociar los reclamos de los pequeños agricultores.
El cura párroco de la zona felicitó a los campesinos por su reacción, atribuida por el sociólogo y analista independiente José Nicolás Morínigo al hecho de que están al borde "de una explosión social".
La última Conferencia Episcopal de Paraguay debió organizar una comitiva para interceder, mientras legisladores justificaban el acto a partir del riesgo de vida que sufren los campesinos.
Roberto Antebi, uno de los hombres más ricos del Paraguay, es acusado por emplear bandas como guardias de tierras que le fueron desafectadas. Antebi, cuyas propiedades son más extensas que algún departamento del país, posee desmotadoras de algodón y fábricas textiles, entre otras industrias.
Los abogados del hacendado reclaman ante la justicia una compensación de 200 millones de dólares por las tierras confiscadas, cifra que, según el gobierno, es mucho menor.
Luis María Quevedo Pfannl, cuya familia era socia de la de Antebi, aseguró que 33 por ciento de las acciones de la hacienda, a las que desea donar a los campesinos, le fueron "enajenadas en forma fraudulenta" con el respaldo de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).
El fiscal Cabrera visitó a los campesinos para reclamarles que asuman el compromiso de impedir actos de violencia, y admitió que en el norte paraguayo se vive "un estado de tensión como resultado de la falta de solución al problema de fondo, que es la expropiación de las tierras".
El magistrado prometió que "si verdaderamente esto es una respuesta a la violencia que recibieron los campesinos, tendremos que buscar al culpable" del asesinato el día 11 a manos de los guardias de un campesino de 23 años, Gumersindo Pavón.
Entre los atacantes se identificó al asesino como un ex militar contratado como guardia de una empresa de Antebi, que fue encarcelado pero luego huyó de la cárcel de Ciudad del Este.
Mientras, el Congreso legislativo infló el déficit de 1999 más de 200 millones de dólares, y el propio Cubas reconoció que no sabe cómo pagará esas obligaciones.
Ante ese dilema, los legisladores estiman que deberán dar paso al aumento de los combustibles y de las tarifas de agua, luz y teléfono desde enero.
La consultora Price Waterhouse pronosticó una aceleración de la inflación a partir del próximo año, por sobre el 17 por ciento proyectado para todo 1998, que triplicó el 6,2 por ciento de 1997.
Eduardo Ojeda, presidente de la Central Nacional de Trabajadores, afirmó que la actitud de la Policía Nacional es provocativa, y previó que en la jornada haya enfrentamientos y violencia. (FIN/IPS/cm/mj/ip lb/98
