El rechazo a la proyectada venta de la companía de agua potable en Panamá, al que se sumaron incluso dirigentes oficialistas, puso en entredicho el programa de privatización iniciado hace tres años por el presidente Ernesto Pérez Balladares.
Luego de privatizar las telecomunicaciones, el ferrocarril, los puertos, una parte de la compañía de electricidad y otros activos, el gobierno se propone transferir a un operador privado el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).
"Pérez Balladares no cuenta con aval político para privatizar el Idaan porque fue ampliamente derrotado" en el referendo del 30 de agosto para propiciar su reelección, indico Darío Morrice, lider del no gubernamental Frente Contra la Privatización (Frecopri).
Las privatizaciones anteriores fueron cuestionadas formalmente por los sindicatos y sectores de la sociedad civil, pero el rechazo no había pasado de la etapa de la crítica pública.
Pero la filtración por parte de anónimos funcionarios del Idaan de un posible aumento de 50 por ciento en las tarifas del agua potable cuando esa compañía sea privatizada activó la oposición al programa de venta de activos estatales.
En un intento por aplacar los ánimos, la directora del Idaan Elida Díaz, indicó que no hay nada decidido respecto de las tarifas.
El gobierno "no puede predecir si habrá aumento porque la nueva empresa tendrá que invertir millones en la reestructuración del servicio", dijo Díaz, lo cual fue interpretado como una respuesta afirmativa.
Morrice advirtió que el aumento de tarifas se fundamentaría en uno de los artículos del decreto que autorizó la privatización de esa compañía, que permite al nuevo operador aumentar hasta 50 por ciento el monto total facturado por consumo de agua potable para cubrir gastos de la red de alcantarillado.
Según Morrice "el pueblo siente que en todas las privatizaciones ha salido duramente perjudicado, como en el caso del Intel (Instituto Nacional de Telecomunicaciones), que produjo la elevación exagerada de la tarifa telefónica".
La postura de Morrice fue respaldada por el secretario general de la Central General de Trabajadores, Mariano Mena.
Si se privatiza el Idaan, "vamos a sentir el primer golpe cuando separen el sistema de tratamiento de aguas negras (alcantarillado) y se cobre una tarifa extra" por ese servicio, actualmente gratuito, dijo.
Tras recordar que uno de los ejemplos negativos fue Intel, "que ha duplicado los costos para todos", Mena señaló que "las privatizaciones no han funcionado para la mayoría de los pueblos que, contrario a lo que se les promete, ven afectados sus bolsillos".
Hasta ahora el Estado recaudó unos 1.300 millones de dólares por la privatización de activos públicos, y espera otros 750 millones por la venta del Idaan, tres hidroeléctricas y una termoeléctrica, el aeropuerto internacional Tocumen y el Centro de Convenciones Atlántico-Pacífico (Atlapa).
Pero el movimiento sindical e importantes sectores de la sociedad civil agrupados en Frecopri advirtieron que "llegó la hora de poner alto a la privatización".
El Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato) y la Federación Nacional de Servidores Públicos advirtió que convocará una huelga general si el gobierno insiste en seguir adelante con ese programa.
Cesar Castillo, coordinador del Conato (que agrupa a cuatro centrales y alrededor de 40 sindicatos nacionales del sector privado), indicó que el día 26 se realizará una asamblea de delegados de las organizaciones que componen esa entidad para decidir sobre la huelga general.
Sin embargo, la dirigencia de Conato se opone a la privatización del Idaan "porque ocasionará un aumento en la tarifa y entregará ese vital servicio público al capital extranjero", dijo Castillo.
Los políticos también pusieron el grito en el cielo respecto del denunciado aumento en las tarifas cuando se privatice el servicio de agua potable.
"Me voy a oponer a la privatización (del Idaan) porque se han excedido en el decreto que dicta el marco regulatorio, lo cual es un atraco contra el pueblo", adelantó Miguel Bush, legislador del gobernante Partido Revolucionario Democrático.
El decreto mediante el cual Pérez Balladares autorizó la privatización del Idaan debe ingresar al parlamento para que éste lo ratifique.
Bush advirtió que cuando eso ocurra solicitará una modificación o su rechazo "para que no afecte al pueblo".
Mientras, Mariela Jiménez, la legisladora del opositor Movimiento Papa Egoró, instó a sindicatos y organizaciones populares a "que realicen marchas y protestas para exigirle al gobierno que detenga la venta de esa institución de servicio público".
Tras indicar que un aumento en la tarifa "afectará enormemente a las personas de bajos recursos", Jimenez señaló que "el Idaan no es cualquier institución sino que es la más importante dentro del sector de servicios públicos".
"El agua potable es vida y se necesita para suplir las necesidades más elementales de la gente", sostuvo. (FIN/IPS/sh/mj/ip/98
