Una lucha entre pobres siguió en Italia al decreto del gobierno que permite la legalización de sólo 38.000 de los 200.000 inmigrantes indocumentados originarios del mundo en desarrollo y de Europa oriental que viven en este país.
La escasa información y la insuficiente cantidad de oficinas públicas para tramitar la residencia legal causaron esta semana verdaderas batallas entre los inmigrantes y en algunos casos con la policía.
La televisión transmitió escenas de millares de personas luchando por no perder el puesto en la fila en la que habían pasado toda la noche a la intemperie. Las cámaras registraron el llanto y el desmayo de algunas mujeres, incluso de embarazadas.
La ministra del Interior del nuevo gobierno de centro izquierda, Rosa Russo Jervolino, calificó de "inhumanas, inciviles e inadmisibles" las condiciones en que los inmigrantes deben buscar la regularización de su situación.
Jervolino es dirigente del Partido Popular (PPI), la principal de las tres organizaciones surgidas de la desaparición de la Democracia Cristiana. Siete fuerzas políticas integran el gobierno de Massimo D'Alema, líder del poscomunista Partido Democrático de Izquierda.
"Los inmigrantes tienen derecho a ser respetadas y nosotros tenemos el deber de respetarlas", advirtió la ministra. Así mismo, informó haber ordenado a la policía que adoptara las medidas necesarias para evitar la repetición de "situaciones inciviles e inadmisibles".
Las autoridades habilitaron nuevas oficinas y prolongaron el horario de atención a los inmigrantes, con el objetivo de "lograr rápidamente serenar la situación".
La prensa calificó de "capital de la vergüenza" a Milán, el principal centro industrial de Italia, donde se produjeron las escenas más dramáticas y violentas.
En Turín, otra ciudad industrial del norte del país, los centros de recepción de solicitudes permanecieron abiertos toda la noche entre el viernes y este sábado, y en Perusia, en la misma región, estarán habilitados también el domingo en la mañana.
Por tercer día consecutivo se formaron este sábado largas colas ante las oficinas dispuestas por la policía para recibir las solicitudes de legalización, pero esta vez no se produjeron incidentes.
La ministra de la Solidaridad Social, Livia Turco, lanzó un "llamamiento a la serenidad", afirmando que los inmigrantes que reúnen los requisitos establecidos por la ley no tienen nada que temer.
"Quien tiene derecho a la regularización (migratoria) tendrá su permiso de residencia", aseguró Turco.
Aclaró que quienes estén en regla no serán expulsados, aunque no obtengan alguno de los 38.000 permisos de residencia previstos.
"Todo aquello que no ha sido posible hacer este año para poner en regla a los inmigrantes que tienen derecho (al permiso de permanencia), se hará en 1999", afirmó Turco.
Los requisitos para la regularización migratoria son haber entrado a Italia antes del 27 de marzo, fecha de la aprobación de la nueva ley sobre la inmigración, tener un trabajo y lugar donde vivir.
"Antes de fines de año, el gobierno aprobará un nuevo decreto para determinar la cantidad de inmigrantes que podrán obtener el permiso de residencia en 1999", anunció el subsecretario del Interior, Giannicola Sinisi.
El senador Fiorello Cortiana, del partido Verde, incorporado también al gobierno, consideró un error haber fijado un tope de regularizaciones, pues esa decisión desató una carrera entre los inmigrantes para no quedar fuera de la cuota admitida.
A juicio de Cortiana, se debió permitir la legalización de todos aquellos que reúnen los requisitos fijados. Mientras, la oposición de derecha es contraria incluso a la concesión de los 38.000 permisos anunciados por el gobierno.
Un mercado negro de documentos exigidos por las autoridades comenzó a funcionar en cuanto se puso en marcha el proceso de legalización de inmigrantes.
Por 2.500 o 3.000 dólares se puede conseguir en mercado clandestino un contrato de trabajo detrás del cual no hay ningún empleo, y el titular de ese documento debe pagar las controbuciones sociales que en condiciones normales estarían a cargo del empleador.
También se venden falsos certificados médicos que testimonian que el inmigrante estaba en Italia antes de la aprobación de la ley.
Hay 30.000 personas en esas condiciones en Roma, 20.000 en Milán, 10.000 en Turín, 8.000 en Nápoles, 6.000 en Bari, 5.000 en Florencia y otras tantas en Bolonia, 4.000 en Palermo e igual número en Génova, 6.000 repartidas entre Padua, Venecia, Trieste y Catania, y 100.000 en el resto del país.
La mayoría proceden de Albania, la antigua Yugoslavia, Marruecos, Túnez, Senegal, Rumania, Nigeria, Perú y Brasil.
Según Caritas Italia, a fines de octubre los inmigrantes legales en Italia eran 1.247.721. Sesenta y dos por ciento trabajan en el norte del país. (FIN/IPS/jp/ff/pr/98
