India pretende fabricar todo su armamento hacia el 2005 y con ese fin aumenta la participación privada en la industria militar, hasta ahora monopolio del Estado.
La inserción del sector privado en la fabricación de armas se debe a que el presupuesto de investigación militar es cada vez más reducido y a las sanciones que India soporta en el área tecnológica a causa de las cinco pruebas nucleares que realizó en mayo.
Fuentes militares sostienen que es esencial una relación más estrecha con la industria privada porque las 39 fábricas estatales de artillería, que sólo producen a mitad de su capacidad, y las ocho unidades de defensa del sector público no lograrán cumplir el objetivo para el 2005.
La Confederación de Industrias de India (CII), que coordina las relaciones entre los fabricantes privados y las fuerzas armadas, asegura que la cooperación ha sido "activa".
Seis grupos de trabajo se crearon para impulsar la participación privada en el diseño, el desarrollo y la producción de equipos de defensa, informó el subdirector general de la CII, S. Sen.
"Los militares buscan desde hace tiempo otra fuente de equipos y repuestos, que sea competitiva, además de las empresas estatales", explicó.
Pero las Fuerzas Armadas desean adoptar una forma de trabajo de consorcio para desarrollar tecnología militar que incorpore al diseñador, el usuario final y el productor, una propuesta que podría prosperar, según representantes de la industria de armamento.
La Cita Fuerza Aérea-Industria 98, organizada esta semana por la Fuerza Aérea de India y la CII en Chandigarh, en el norte, se convirtió en el mayor encuentro entre vendedores y productores de armas, con la participación de más de 200 representantes de la industria.
I.S. Paul, de CII, dijo que la interacción con el sector privado logrará que la Fuerza Aérea consiga en este país una gran cantidad de repuestos para sus equipos.
Los repuestos de la Fuerza Aérea, equipada principalmente con aviones de fabricación soviética, son cada vez más escasos desde la disolución de la Unión Soviética a principios de esta década.
Varias fábricas de aviones en la Comunidad de Estados Independientes cerraron o cambiaron de producción y las pocas que aún tienen repuestos cobran precios exorbitantes por ellos.
Pero los industriales demuestran cautela frente a una mayor relación con las Fuerzas Armadas, porque la producción de armamento requiere grandes inversiones. También se muestran reacios a trabajar con el burocrático Ministerio de Defensa.
"No basta con que el Estado declare la intención de nacionalizar la producción a través de la privatización", dijeron funcionarios de la industria, que también criticaron a la estatal Organización de Investigación y Desarrollo de Defensa (OIDD), que diseña la mayor parte de las armas requeridas por los servicios de defensa, pero su poducción es de escaso valor.
Representantes de la CII indicaron que casi 300 compañías quieren participar en el sector de la defensa, pero para ello necesitan saber con claridad los requisitos de calidad del ministerio del ramo y la OIDD.
La OIDD tiene unos 30.000 funcionarios, 52 laboratorios y 15 centros de certificación de calidad. De los 6.800 científicos y técnicos con que cuenta la agencia, unos 800 se dedican a la investigación básica, aunque muchos expertos en computación y electrónica fueron absorbidos por el sector privado.
Un reciente informe del gobierno reconoció que la OIDD "derrochó" dinero en proyectos inconducentes.
"La clave es lograr una mayor interacción entre la industria privada, las fábricas de artillería y las unidades del sector público", dijo un funcionario de la CII.
Como primer paso, ocho laboratorios de la OIDD cooperarán con empresas privadas para investigar, producir y comerciar equipos militares. Pero la industria privada no tendrá acceso a áreas "estratégicas", precisó.
"Tenemos que hallar una respuesta adecuada a los desafíos de las sanciones" internacionales, dijo el ministro de Defensa, George Fernandes. La privatización actualizará los equipos obsoletos de la OIDD y aumentará la exportación de armas, que en 1997 fue inferior a los 600.000 dólares, aseguró.
Pero funcionarios de la CII reconocieron que hay "problemas de trámites" para privatizar la fabricación de armas, como la modificación de la Resolución Política Industrial, que desde hace 43 años regula la industria y en la que las empresas estatales se pueden amparar para impedir la participación privada.
La marcha hacia privatización también sufrió un retroceso cuando el Ministerio de Defensa se opuso a que la Comisión de Desinversión privatizara tres conglomerados estatales, entre ellos Hindustan Aeronautics Limited y Bharat Electrical Limited.
"Aunque las Fuerzas Armadas quieren una mayor privatización, el gobierno pretende un enfoque más conservador", sostuvo un alto militar. El Ministerio de Defensa quiere "proteger" sus intereses económicos y el empleo en las fábricas de artillería y otras empresas públicas, explicó. (FIN/IPS/tra-en/rb/an/aq- ff/ip/98
