Seis jefes indígenas demandaron al gobierno de Guyana por una extensión de tierras para sus comunidades, en el primer juicio de este tipo entablado en el país sudamericano.
La demanda fue presentada ante la Alta Corte de Guyana. Los indígenas reclaman 7.700 kilómetros cuadrados de tierra, pero sólo se les reconoce el derecho a la mitad de ese territorio.
"Nuestras comunidades han estado reclamando la propiedad de estas tierras" desde 1967, señalaron los jefes indígenas en una declaración distribuida por la Coalición para los Pueblos Amazónicos y su Ambiente, con sede en Washington.
En su demanda, presentada el 27 de octubre, también solicitaron a la Alta Corte que emita "una declaración de que el pueblo autóctono de Guyana tiene derecho a la plena e igualitaria protección de la Constitución nacional".
Además, pidieron al tribunal que declare inconstitucionales y discriminatorias algunas secciones de la Ley de Amerindios que permiten al gobierno tomar tierras indígenas sin compensación, aunque la Constitución lo prohíbe.
Los indígenas constituyen seis por ciento de los 750.000 habitantes de Guyana, en su mayoría de origen indio, y por mucho tiempo se han quejado de discriminación. La población guyanense también comprende una gran minoría africana, además de chinos, europeos y mestizos.
"Los sucesivos gobiernos no se ocuparon de nuestros reclamos de tierras", declararon los jefes, y explicaron que en 1959, el gobierno de la entonces Guyana Británica había reconocido su derecho a unos 7.700 kilómetros cuadrados alrededor de sus aldeas, situadas en la región oriental del río Alto Mazaruni.
En 1967, un año después de la independencia de Gran Bretaña, una comisión gubernamental visitó las comunidades indígenas de Guyana, pero éstas todavía no recibieron sus títulos de tierras.
"Nuestro reclamo se remonta a 1967, cuando la Comisión de Tierras Amerindias visitó nuestras comunidades. Desde entonces, intentamos discutir este asunto en varias ocasiones sin resultado", señalaron los jefes indígenas.
"De hecho, escribimos más de 20 veces al gobierno, en el pasado y en el presente, por este tema", agregaron.
Muchas partes del interior de Guyana, incluida la región del Alto Mazaruni, son ricas en oro y diamantes, explotados por pequeños mineros guyanenses y brasileños, además de multinacionales norteamericanas con concesiones mineras.
En 1995, toneladas de cianuro de una mina explotada por una empresa canadiense se derramaron en un afluente del río Esequibo, afectando a las comunidades que solían pescar en esos cursos de agua. Además, indígenas y ambientalistas acusan a los mineros en pequeña escala de contaminar el sistema fluvial del interior.
El Alto Mazaruni, en cuyas orillas residen las comunidades indígenas, no se ha salvado de la degradación ambiental, y gran parte de él "no es apto para uso humano", según los líderes aborígenes.
"Ya no podemos pescar en el río. El agua nos está enfermando, especialmente a nuestros niños", afirmaron.
"Tomamos este medida hoy no sólo en representación de nuestras comunidades, sino también de las futuras generaciones de indígenas, de modo que puedan vivir y prosperar en nuestras tierras como lo hicieron nuestros ancestros", declararon los jefes. (FIN/IPS/tra-en/kb/mk/ml/pr/98
