El contrabando de inmigrantes indocumentados al sur del estado de Florida se convirtió en una actividad delictiva internacional que encierra graves peligros para la estabilidad de Estados Unidos, advirtieron políticos y expertos.
Según cálculos oficiales, unas 12.000 personas son traídas de forma ilegal cada año al estado de Florida por vía marítima, de los cuales solo 10 por ciento logran ser interceptados por guardacostas y agentes de control de fronteras.
"Tenemos que acabar con los contrabandistas. Es algo muy grave", afirmó Lawton Chiles, gobernador de Florida.
La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos registró en septiembre, al finalizar el año fiscal 1997-1998, 151 desembarcos en las costas de Florida, con unos 1.100 inmigrantes. De la cifra total de desembarcos, 129 correspondían a casos de contrabando. La mayoría procede de América Latina y el Caribe.
Los expertos están preocupados por otros acontecimientos en la región que pueden incentivar las oleadas de inmigrantes ilegales, como las catástrofes recientes provocadas por los huracanes Georges y Mitch, la crisis financiera y los temores a cambios políticos radicales, como el caso de Venezuela.
"En el pasado las catástrofes económicas en la región condujeron a un aumento del contrabando", sentenció John Bulger, director adjunto del INS en Miami durante una conferencia con representantes de agencias federales y estatales.
Por lo pronto, Florida ya tomó precauciones para protegerse de imprevistos que puedan sumirla en un caos económico.
En octubre, Chiles logró un acuerdo sin precedentes con el gobierno federal, que a partir de ahora tendrá que ocuparse y costear cualquier acto de migración masiva hacia el estado de Florida.
El acuerdo es el primero entre el gobierno federal y un estado en el cual se establece una acción conjunta ante un flujo masivo de extranjeros.
Segun Chiles, el estado de Florida está obligado ante una situación dramática a reorganizar tanto sus estrategias de control de fronteras como las formas de investigación y encausamiento judicial.
Las autoridades estadounidenses consideran que varias organizaciones de contrabandistas están operando alrededor de las costas floridanas, desde Cayo Hueso y otros cayos del sur hasta la zona de Palm Beach, al norte de Miami.
El precio que cobran los traficantes oscila entre 3.000 y 9.000 dólares por persona, de acuerdo con la complejidad de la operación. Las islas Bahamas sirven de puente para transportar ilegales a Miami, en su mayoría procedentes de Haití y Cuba.
Pero también algunas operaciones en cadena que comienzan en Asia pueden alcanzar la cifra de 45.000 dólares por inmigrante.
Uno de los puntos candentes es el tráfico desde Cuba, que tuvo un gran incremento despues que La Habana y Washington firmaran un acuerdo en materia migratoria a finales de 1994.
Desde esa fecha, todos los "balseros" (como se denomina a quienes escapan de Cuba en embarcaciones frágiles) recogidos en alta mar por el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos son repatriados. Si llegan a pisar tierra, su suerte es decidida por un agente de inmigración.
En los últimos meses, varios residentes de Miami han sido arrestados en Cuba por guardacostas de ese país bajo sospechas de tráfico humano desde la isla. Más de 20 casos son investigados en Florida por la Patrulla Fronteriza y el Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) estadounidenses.
"Por el volumen de tráfico, todo indica que esto es parte de una organización de contrabando profesional", consideró Dan Geoghegan, jefe adjunto de la Patrulla Fronteriza en Miami.
Los investigadores dicen que cada vez se encuentran con traficantes mejor organizados y equipados con embarcaciones rápidas y avanzados instrumentos de navegación, lo que agrega preocupaciones de mayor envergadura.
Las autoridades estatales creen que algunas de las personas involucradas en el contrabando de indocumentados tienen también relación con tráfico de drogas y armas, así como en otros turbios negocios en el Caribe.
Considerando la gravedad del problema, la gobernación de Florida informó que unas veinte agencias federales y estatales radicadas en su territorio unirán esfuerzos para combatir a los contrabandistas.
La junta creada integra a representantes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), el INS, la Patrulla Fronteriza, el Servicio de Aduanas, el Servicio de Guardacostas y la Agencia contra las Drogas (DEA), entre otras entidades.
Aunque hasta el momento no se decidió si se integrará a esta junta el Comando Sur del ejército de Estados Unidos, radicado ahora en el sur de Florida, las evidencias parecen inclinar las balanza en esa dirección.
"La experiencia de nuestra agencia en el combate contra el narcotráfico puede ser útil en la nueva batalla contra el contrabando de indocumentados", comento Steve Lucas, portavoz del Comando Sur.
Por otra parte, la alarma de Florida tiene que ver con los cuantiosos gastos que la inmigración ilegal provoca en las arcas del estado.
Aunque Chiles dijo que el costo económico de los indocumentados no se ha calculado, advirtió que se trata de "un problema de envergadura" en ese sentido.
"La historia y el sentido común nos dicen que debemos estar preparados", comentó el gobernador en alusión a la crisis creada en el sur de Florida con la llegada de unos 30.000 cubanos en el verano boreal de 1994.
Los funcionarios estatales calculan que los costos de la llamada "crisis de los balseros" ascendieron entonces a 50 millones de dólares, pero Florida recibio solo 18 millones en compensación, procedentes de un fondo federal para emergencias migratorias. (FIN/IPS/wc/mj/pr/98
