Dos historias de inmigrantes, que atañen a un argelino y tres ecuatorianos, ilustran sobre el maltrato que éstos reciben en España, aunque hayan tenido un desenlace distinto.
La esposa y la hija del ecuatoriano Luis Estrada fueron reembarcadas de regreso a su país el día 15, pese a que cumplían las exigencias legales para ingresar como turistas a España.
El argelino K. M., de 24 años, después de trabajar sin el preceptivo permiso de trabajo, de ser contratado como "esclavo" y tratado como tal durante dos años, y de perder un juicio ante los tribunales, logró finalmente la documentación que le permite residir y trabajar en España.
La esposa de Estrada y su hija de 15 años arribaron al aeropuerto de Madrid-Barajas con sus pasaportes en regla, billetes de ida y vuelta, y 1.250 dólares en efectivo para sus gastos de estadía.
Los reglamentos para el ingreso de turistas de países ajenos a la Unión Europea exigen que éstos demuestren que pueden regresar a su país y disponen de dinero que cubra su estadía en España.
Su intención, declararon, era visitar a su esposo y padre, quien reside y trabaja en los viñedos de la sureña provincia andaluza de Almería, aunque todavía no recibió todos los papeles y certificados requeridos por las autoridades.
Las dos fueron reembarcadas hacia Ecuador, sin que se les reconociera el derecho a apelar de la medida, administrativa ni judicialmente.
La policía primero y la delegación del Gobierno en Madrid después, justificaron la expulsión afirmando que las mujeres no tenían reserva de hotel y que la esposa de Estrada estaba muy nerviosa.
Además, destacaron que Estrada no está aún regularizado en su carácter de trabajador y que su esposa reconoció que quería trabajar en España, por lo que la repatriaron junto con su hija.
K. N., en cambio, gracias a la intervención de la Asociación pro Derechos Humanos (APDH) logró regularizar su permanencia en España tras vivir durante tres años una historia propia de siglos anteriores.
El joven argelino llegó a España en marzo de 1995 y solicitó asilo, el que fue rechazado siete meses después.
Entre su ingreso al país y la notificación del rechazo estuvo a cargo de la Comisión Católica de Migración y trabajó como obrero de la construcción en la provincia de Guadalajara, en la compañía de un empresario local, Rafael Llorente.
El empresario le ofreció un precontrato, requisito exigido para iniciar el trámite de residencia. Aprovechando su desconocimiento de la realidad local, Llorente le hizo firmar un contrato para que se desempeñara en tareas domésticas en su domicilio "mientras se tramitaba la residencia".
En el contrato, que figura como prueba en un proceso judicial, se consigna que las dos partes "de acuerdo con el Derecho Romano", establecen un contrato de esclavo.
En el texto se consigna que el empleador puede disponer de K. M. "como tuviese a bien, para la flagelación o los trabajos forzados, la sodomía o para hacer la comida, teniendo bajo su jurisdicción la vida o la muerte del esclavo".
El comportamiento de Llorente y su socio fue en consonancia con el contrato, llamando "esclavo" al contratado, quien soportó la situación ante el temor de ser expulsado y esperando que se regularizara su situación.
Al enterarse de ello, la APDH presentó una denuncia ante la justicia en Guadalajara y el 15 de julio último, ante la sorpresa general, la jueza de la causa, Isabel Serrano Frías, absolvió a los acusados.
En la sentencia, Serrano Frías atribuyó la relación entre los dos acusados y el inmigrante a las "características de una situación de agradecimiento" y que desde la firma del contrato los dos empresarios lo llamaban sistemáticamente "esclavo".
En el interín, K.M., apoyado por la APDH, regularizó su situación y obtuvo el permiso de residencia y trabajo. Ahora, se niega a recibir a la prensa e incluso a seguir el juicio pues, quiere "rehacer su vida".
No obstante, el Fiscal General del Estado, Jesús Cardenal, resolvió apoyar la solicitud de la Fiscal de Guadalajara, Angeles García, de recurrir la sentencia que, en su opinión, "hiere la sensibilidad más roma".
Ante la situación de los inmigrantes, la posición del gobierno, expuesta por el Ministerio del Interior, es perseguir a las mafias que trafican con estas personas, aplicar con rigor las normas para el traspaso de fronteras y favorecer la integración social de los ciudadanos de otros países que residan en España.
Las organizaciones humanitarias señalan que en España los inmigrantes son sólo 1,2 por ciento de la población total, mientras que en otros países europeos superan el siete por ciento.
Además, subrayan que España no puede ni debe olvidar sus relaciones históricas, culturales y de familia con América Latina y los países árabes, hacia cuyos inmigrantes debería evidenciar un mejor trato. (FIN/IPD/td/ag/hd/98
