Sindicatos y activistas laborales de Estados Unidos criticaron el acuerdo celebrado este mes entre fabricantes de vestimenta y calzado y grupos de derechos humanos sobre las condiciones de trabajo en plantas en el extranjero, por considerar que no será efectivo.
Dos sindicatos se negaron a apoyar el acuerdo del 3 de noviembre que, entre otras disposiciones, crea una Asociación para un Trabajo Justo (ATJ) independiente con el fin de acreditar empresas auditoras para que inspeccionen e informen acerca de las condiciones en las plantas contratadas o poseídas por compañías estadounidenses.
El Comité Nacional para el Trabajo, un grupo activista que hace tres años lanzó a la agenda pública nacional el tema de la explotación laboral por parte de compañías de vestimenta, también denunció el acuerdo, que fue firmado por varios de los principales grupos pro derechos humanos de Estados Unidos.
"Es completamente inaceptable", expresó Charles Kernaghan, director de NLC, en una conferencia de prensa. "Creo que no va a prosperar en absoluto".
Llamó la atención a los nuevos informes de abusos en las plantas de América Central que producían prendas para Nike y Liz Clairborne, ambas firmantes del acuerdo con la intermediación de la Casa Blanca, así como otras grandes marcas estadounidenses.
El acuerdo anunciado en Washington fue el producto de dos años de negociaciones patrocinadas por la Casa Blanca entre una serie de grupos de derechos humanos, cinco representantes del sector empresarial y la Liga Nacional del Consumidor.
De un lado estaban el Comité de Abogados por los Derechos Humanos, el Centro Robert F. Kennedy por los Derechos Humanos y el Fondo Internacional por los Derechos de los Trabajadores; y por otro Nike, Reebok, y Liz Claiborne, entre otras empresas.
Los sindicatos, otras compañías y el Centro Multirreligioso de Responsabilidad Empresarial (CMRE), respaldado por la Iglesia, también participaron de las conversaciones.
Mientras varias de las compañías se comprometieron a participar en el plan, los sindicatos -incluido el Sindicato de Tiendas por Departamentos, Mayoristas y Minoristas, y el Sindicato de Empleados Textiles, Industriales y Costureros- junto con el CMRE manifestaron que no pueden firmarlo en este momento.
El equipo de trabajo, conocido formalmente como la Asociación de la Casa Blanca para la Industria de la Vestimenta, acordó el pasado año un código básico de conducta para las compañías de vestimenta estadounidenses y sus contratistas en el extranjero.
Dicho código incluía disposiciones como una semana de trabajo con un máximo de 60 horas y una edad laboral mínima de 15 años, excepto en los casos en que las leyes locales permitieran la contratación de trabajadores de 14 años de edad.
Según el acuerdo del 3 de noviembre, el cuerpo dirigente de la Asociación para un Trabajo Justo consistiría en un número igual de delegados de las compañías y de representantes de los sindicatos, consumidores, derechos humanos, la Iglesia y otros grupos de interés público.
El acuerdo también prevé un sistema de control interno y externo de las plantas en el extranjero por auditores independientes, aprobados por la ATJ para observar que se cumpliera lo dispuesto en el código.
Así mismo, requiere que 30 por ciento de las plantas utilizadas por cada compañía participante estén sujetas a una vigilancia externa durante los dos primeros años. Luego, los auditores realizarían inspecciones en cinco a 15 por ciento de dichas fábricas al año.
Terceras partes, entre ellas grupos defensores de los derechos humanos y activistas laborales, también podrían presentar posibles violaciones ante la ATJ y sus inspectores en cualquier momento.
El acuerdo requería que las compañías pagaran el salario mínimo por ley o el salario de la industria vigente en los lugares en que se encontraban las fábricas, o el mayor de ambos.
Los sindicatos y el CMRE atacaron el acuerdo por varias razones. Lo más importante, expresaron, es que las compañías de vestimenta y sus contratistas en el extranjero deberían pagar a los trabajadores un salario que permita al trabajador satisfacer sus necesidades básicas.
También expresaron sus reservas respecto de la independencia y el rigor del régimen de inspección.
"Este acuerdo establecería una norma de inspección donde sólo 10 por ciento de las fábricas proveedoras de las compañías sería inspeccionado en forma independiente cada año", afirmó Ruth Rosembaum, funcionaria del CMRE.
"Además, nos preocupa que las grandes empresas de auditoría se conviertan en las 'inspectoras independientes' de la Asociación, dejando al margen a las organizaciones no gubernamentales que conocen el contexto local y probablemente posean la confianza de los trabajadores", agregó.
Kernaghan se hizo eco de estos comentarios. "No creemos que se haya ido lo suficientemente lejos; no se trata el tema del salario digno, y entendemos que eso es completamente inaceptable", expresó. (FIN/IPS/tra-en/jl/mv-ml/lb/98
